Editorial

Oaxaca: crisis de derechos humanos

La violencia que el estado de Oaxaca vivió el pasado 27 de octubre es el punto culminante de una grave crisis en materia de derechos humanos. Una crisis que se agravó con la llegada de Ulises Ruiz al gobierno del estado hace más de un año, pero que le precede.

El ejercicio de la autoridad gubernamental en la entidad se caracteriza por sus prácticas arcaicas, verticales y autoritarias. Desde hace más de 20 años Amnistía Internacional ha mostrado en sucesivos reportes el deterioro profundo en el que se encuentran los derechos humanos en la entidad. En su informe México: bajo la sombra de la impunidad, publicado en marzo de 1999, reportaba cómo la violación a las garantías fundamentales se había agravado en México, particularmente en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde se habían presentado casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones políticas. La situación era tan delicada que la Federación Internacional de Derechos Humanos, la misma Amnistía Internacional, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas enviaron delegaciones al país para investigar los agravios cometidos.

Graves violaciones a los derechos humanos se perpetraron en la entidad durante el gobierno de Diódoro Carrasco (1992-1998), entonces militante del Partido Revolucionario Institucional, hoy diputado del gobernante Partido Acción Nacional y uno de los personajes interesados en capitalizar en su favor la crisis actual. Estas transgresiones fueron particularmente alarmantes en la región de los Loxicha, donde, con pretexto de combatir a la guerrilla, indígenas fueron detenidos arbitrariamente, torturados y obligados a firmar en blanco confesiones de delitos que no cometieron. Simultáneamente, en la región aparecieron grupos paramilitares con armas de alto poder, que asesinaron a disidentes sin que los militares y las policías que cohabitaban con ellos lo impidiesen.

Hechos similares se vivieron en Oaxaca durante el gobierno de José Murat (1998-2004). Una veintena de organizaciones sociales e indígenas organizaron en 2003 un juicio político contra el entonces gobernador por violaciones a los derechos humanos. Entre las muchas agresiones denunciadas en su contra se encuentran la matanza de Agua Fría, el secuestro y tortura de indígenas en Tanetze, la violencia contra San Pedro Yosotato, San Isidro Vistahermosa y San Isidro Aloapam.

La terrible situación que los derechos humanos vivían en la entidad se agravó aún más con la llegada de Ulises Ruiz a la gubernatura. Desde su inicio, se suscitaron severas violaciones a las garantías individuales, que llamaron la atención de organismos nacionales e internacionales. En unos cuantos meses el mandatario recibió recomendaciones y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia de Alemania, y a escala local, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Solamente en 2005 dicha comisión emitió tres recomendaciones al gobierno del estado de Oaxaca, por violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho colectivo de la sociedad a recibir información; por violar la seguridad jurídica y retención ilegal, y por la violación a los derechos de libertad de expresión e información.

El saldo de la violencia en el estado durante los primeros meses de su mandato fue escalofriante: encarcelamiento de dirigentes sociales, desalojo brutal de protestas ciudadanas, persecución policial de luchadores populares, detención de negociadores de movimientos sociales cuando se dirigían a pláticas con el gobierno, derramamiento de sangre en varios municipios, aplicación discrecional de la ley a insumisos. Durante los primeros seis meses de la administración de Ulises Ruiz llenó las cárceles de líderes populares.

Los organismos civiles han denunciado que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el estado está identificado plenamente con el gobernador, de quien fue asesor jurídico cuando éste desarrollaba su campaña electoral. Con su nombramiento, el gobierno del estado violó una serie de convenios y tratados internacionales y pasó por alto acuerdos internos en materia de organismos públicos defensores de las garantías fundamentales. La CEDH ha sido señalada de ser una institución decorativa. Su función ha quedado subordinada a los intereses del gobierno en turno.

El asesinato de civiles opositores a Ulises Ruiz el pasado 27 de octubre a manos de policías sin uniforme, no es más que el reciente eslabón de una cadena represiva inadmisible. La posible intervención de la Policía Federal Preventiva en la entidad no puede ni debe soslayar un hecho fundamental: Ulises Ruiz debe abandonar su cargo inmediatamente.