Fue turnada a la Subprocuraduría de Delitos Federales
En trámite en la PGR, denuncia por correos electrónicos contra AMLO
El tema de los correos electrónicos enviados desde oficinas públicas del gobierno federal que incluían mensajes difamatorios contra el ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, seguirá en trámite en la Procuraduría General de la República (PGR).
Fuentes oficiales informaron que la Subprocuraduría de Investigación de Delitos Federales, a cargo de Carlos Aguilar Suárez, será la encargada de dar trámite a una denuncia presentada el pasado 23 de mayo por el perredista Ricardo Monreal.
La semana pasada, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó que respecto a esos hechos no encontró posibles delitos cometidos en esa materia, y por ello decretó el no ejercicio de la acción penal contra diversos funcionarios públicos, entre ellos el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y Francisco Salazar, secretario del Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, la titular de la Fepade, María de los Angeles Fromow Rangel, turnó el expediente a las oficinas centrales de la PGR, con el propósito de que se designe el área especial que debe investigar los hechos, luego de que la fiscal electoral determinó que no se podía configurar ningún delito electoral, sino en todo caso el cargo de peculado.
"El hecho de que no se hayan encontrado delitos electorales no significa que la actuación (de los correos electrónicos) vaya a quedar impune; otra área de la PGR, no la Fepade, se encargará de ver si puede constituirse algún otro tipo de delito", aseguró el pasado viernes Fromow, durante una entrevista radiofónica.
Funcionarios de la PGR revelaron ayer que el expediente del caso fue turnado a la Subprocuraduría de Delitos Federales, para que a su vez se analice en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, a cargo de Miguel Aragón Lagunas.
Si se confirma el no ejercicio de la acción penal contra los funcionarios denunciados penalmente por Monreal, el expediente será enviado a la reserva técnica, aunque los querellantes tienen la posibilidad de recurrir al amparo indirecto para que un juez federal ordene que se reabran las pesquisas.
En la denuncia del PRD se hizo mención de la difusión de al menos 7 millones de correos electrónicos colocados en la Internet. Supuestamente los mensajes difamatorios salieron de oficinas públicas, en especial de secretarios de Estado, funcionarios de Presidencia de la República y servidores públicos de diversas dependencias federales.