Oaxaca: todos pierden
La insólita e intricada situación que se vive en la capital de ese estado día a día se torna más confusa, complicada y, por supuesto, se cuenta con menos tiempo y peores condiciones para resolver un conflicto que ha puesto en vilo la atención incluso del cambio de poderes el próximo primero de diciembre. La polarización cedió el paso a la confrontación; los reductos para el entendimiento han sido cancelados para dejar la vía libre al abierto enfrentamiento, como sucede en estos casos, es la sociedad, los lugareños, los más afectados.
Las condiciones del resultado electoral del 2 de julio pasado, donde el presidente electo alcanza un triunfo estrecho, muy estrecho; donde su principal contendiente reclama ilegalidad de fondo y anuncia intensa actividad política para los siguientes meses, habrían de producir en el gobierno federal saliente una respuesta responsable, conforme a una visión de largo aliento. Pero ni hay la disposición ni se cuenta con las evidencias de que la Secretaría de Gobernación tenga intención o al menos haya entendido de lo que se trata el problema.
El empeoramiento de la situación, indica que la opción de la fuerza se dibuja con toda claridad y también indica que ya la mayor parte de los actores involucrados desean esa salida, es decir, la aplicación de la fuerza. Unos porque desde hace semanas, largas semanas, han propugnado por el apoyo de las fuerzas federales. Los otros porque el límite de cohesión del movimiento de resistencia exige la emergencia de la confrontación física para superar la etapa de las disputas internas. Algo similar a lo que les sucedió a las controversias por el control y dirección del EZLN. Ahora en el caso de Oaxaca es evidente que no será la mera recuperación de las calles por parte de las autoridades lo que resolverá el asunto.
Vendrá, en el mejor de los casos, una difícil recomposición de los acuerdos, compromisos y ambiente de convivencia en la ciudad de Oaxaca; el restablecimiento del clima de normalidad tardará en consolidarse, tal como sucedió con la toma de Ciudad Universitaria por el CGH allá por 1999. Una lección sí quedó clara: la radicalización, venga de donde fuere, no contribuye y sí deteriora la viabilidad del estado de derecho y, sobre todo, reduce a la nada la capacidad de hacer política.
La polarización hasta hoy alcanzada no beneficia a ninguno de los actores centrales del episodio. No obstante, el gobierno federal es el primero en ser llamado a cumplir y no escabullirse con pretextos inmaduros, como es el de la cancelación del desfile de la Revolución Mexicana. Como tampoco no hubo explicación sensata de la cancelación de la Marcha de la Lealtad el pasado 2005. Es en este punto donde se puede analizar con toda precisión quiénes y por qué van a salir afectados con el desenlace en la capital de Oaxaca. Así, se han conjuntado una serie de factores fortuitos (elecciones presidenciales, revisión salarial sindical) y estructurales (pobreza, marginación, subversión) que combinados dan como resultado esta radicalización generalizada que hoy atestiguamos.
La ausencia de una autoridad federal sometida a la obsesión de la popularidad en las encuestas, unida a la franca ignorancia en el conocimiento de la historia reciente para tomar decisiones de fondo, indica que la mayor parte de los actores involucrados en el conflicto van a encontrar una situación compleja y delicada. Tal como la que enfrentará la siguiente administración, sólo que con un margen muy reducido de operación política.