Editorial
Fox: manos con sangre
El gobierno de Vicente Fox llega a su fin como rehén de los estamentos más delictivos del partido al que pretendía "sacar a patadas" de Los Pinos, con el estigma de la traición a un movimiento popular con el que se encontraba formalmente en negociaciones, con la manía intacta de mentir y con las manos manchadas de sangre. Tal es el saldo provisional de la incursión represiva lanzada ayer contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), decidida con toda precipitación luego de que los cuerpos estatales y municipales de seguridad, convertidos en escuadrones de la muerte, asesinaron, el viernes, a cuatro personas e hirieron a otras 23.
El poder federal no actuó para desarmar y detener a los homicidas, sino para ensañarse con sus víctimas y para reinstalar en el poder a una autoridad repudiada e impopular como no la había habido en mucho tiempo en el país. Horas antes del operativo, la Secretaría de Gobernación cortó las líneas de comunicación con los representantes de la organización popular con la cual mantenía tratativas. La actitud obliga a recordar el 9 de febrero de 1995, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo, sin interrumpir los contactos que mantenía con la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, intentó capturarla por sorpresa y a traición.
Impávido, el titular de esa dependencia salió a festejar el "saldo blanco" que le reportó Miguel Angel Yunes Linares, subsecretario de Seguridad Pública, mientras los medios reproducían las fotos de uno de los muertos en la incursión represiva, Jorge Alberto López, quien recibió en el pecho el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno, lanzada por los efectivos de la Policía Federal Preventiva.
El "método muy cuidadoso para no herir, para no lastimar" de los contingentes policiales dejaba, hasta ayer, un saldo de tres muertos y decenas de heridos. La movilización policial mostró sus verdaderos propósitos aplastar el movimiento que pide la salida de Ulises Ruiz del gobierno estatal con la detención de unos 60 presuntos integrantes de la APPO y el cateo de medio centenar de domicilios. Y el pretexto para la incursión "ambas partes se estaban matando recíprocamente", dijo Abascal cae por su propio peso, porque la violencia del Estado se ha dirigido de manera inequívoca contra el movimiento popular y en ningún caso contra los responsables de todas las muertes, cerca de una veintena, ocurridas hasta ahora en la convulsionada entidad.
Por supuesto, el violento ingreso de las fuerzas federales a la capital oaxaqueña no va a resolver el conflicto; por el contrario, este recurso represivo complica más la crisis regional e introduce un factor adicional de tensión en el de por sí descompuesto panorama político nacional. En lo inmediato, cabe preguntar si podrá llevarse a cabo la reanudación de clases por parte del magisterio oaxaqueño, que estaba prevista para hoy y que tanto festinaban las autoridades federales, en medio de un entorno social exacerbado por la presencia de tanquetas antimotines. En cuanto a la APPO, la destrucción de las barricadas, la "recuperación" de los edificios públicos, la persecución, las muertes, las agresiones físicas y el desalojo del zócalo oaxaqueño no harán sino fortalecer las razones de ser de ese movimiento.
Por último, si con esta escalada represiva se pretendía allanar el camino de Felipe Calderón a la Presidencia, puede ser que el gobierno federal logre el resultado contrario. Con decisiones así de torpes e insensibles el foxismo podría provocar, en los 32 días que le quedan, una desestabilización sin precedente. Ha conseguido, por lo pronto, y por tercera ocasión tras las intervenciones de fuerzas federales en Lázaro Cárdenas y en Texcoco-Atenco, mancharse las manos de sangre.