La procuraduría determinó no aceptar la recomendación: Alvarez Ledesma
Niega la PGR un enfrentamiento con el ombudsman nacional por el caso Atenco
"Preocupa" el uso de indígenas como burreros para el transporte de droga
El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Ignacio Alvarez Ledesma, rechazó que exista un conflicto institucional con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, por el caso de las presuntas violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Atenco y Texcoco, detenidos el 3 y 4 de mayo pasados.
Entrevistado luego de la presentación del libro Antología sobre derechos indígenas en la procuración de justicia: retos y realidades, el funcionario se negó a responder a los cuestionamientos que hace tres semanas hizo el ombudsman nacional, quien refirió que "el subprocurador Ledesma nos abre averiguaciones previas, tratando de amedrentarnos, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y aunque ese subprocurador quiera callarme, yo no me voy a callar".
Alvarez Ledesma declaró: "nosotros no tenemos ningún conflicto institucional (con la CNDH); la PGR se pronunció en su momento cuando el procurador determinó no aceptar la recomendación".
Además rechazó dar su punto de vista sobre las opiniones de la CNDH y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se han pronunciado por que sean detenidos los presuntos responsables de las violaciones a las garantías constitucionales de los habitantes de Atenco que fueron detenidos.
"En este tema tengo que ser muy cuidadoso porque la PGR no estuvo involucrada en esos hechos; la recomendación de la CNDH fue dirigida básicamente a la Secretaría de Seguridad Pública federal y al gobierno mexiquense", refirió.
Sobre el caso de Oaxaca, pero sin querer profundizar en el tema, Alvarez Ledesma indicó que se reunirá en breve con el fiscal de periodistas, David Vega Vera, para revisar el tema del homicidio del reportero y camarógrafo estadunidense Bradley Will, que el pasado viernes perdió la vida durante un enfrentamiento entre la APPO y funcionarios del municipio de Santa Lucía del Camino.
Respecto al contenido de la antología sobre justicia indígena, que fue coordinada por el fiscal Mauricio Camacho, titular de la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas de la PGR, en la que participaron diversos especialistas en la materia, Alvarez Ledesma resaltó que "nos sigue preocupando que los delitos contra la salud, sobre todo el tráfico de enervantes, sigue siendo la principal razón por la cual los indígenas son puestos a disposición de las autoridades federales".
Agregó que regularmente "son utilizados como burreros; se les dice que trasladen algún paquete y cuando se hacen revisiones en los camiones, pues se descubre que traen la droga; muchas de las veces ni siquiera sabían qué es lo que traían en el envoltorio y por esos servicios se les pagan entre 4 o 5 mil pesos por cada traslado".