Editorial
Represión contraproducente
La argumentación oficial para el cruento ataque policial lanzado anteayer contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) hablaba de restablecer el orden, garantizar el libre tránsito, dar seguridad y proteger la vida y bienes de los habitantes de la capital oaxaqueña, y restaurar el estado de derecho. Luego del inicio del operativo, los voceros oficiales se jactaron de una acción incruenta, pacífica y respetuosa de la integridad física de los opositores, y ayer el presidente Vicente Fox aseguraba: "Hoy en Oaxaca se ha recuperado la paz y la tranquilidad".
Sin embargo, los hechos documentados refieren un escenario opuesto: mientras el titular del Ejecutivo federal hacía cuentas alegres, algunos medios manejaban imágenes con escaramuzas en las calles de la ciudad ocupada.
Por lo demás, la información disponible indica que la Policía Federal Preventiva (PFP) entró con violencia, que su incursión ha producido hasta ahora varios muertos y decenas de heridos, que las propias fuerzas públicas han violentado el derecho al libre tránsito, que han emprendido una persecución política injustificable ejemplificada por el cateo de medio centenar de domicilios y que en el centro histórico de esa urbe se reportan saqueos a comercios que no pudieron haber sido realizados más que por los propios efectivos federales.
Además, la quimera gubernamental de una incursión policial "limpia" resulta rotundamente desmentida por los señalamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el alto comisionado y el relator de la ONU para Derechos Humanos, entre otros organismos, que expresaron su condena a la violencia oficial y su preocupación por los atropellos a las garantías fundamentales durante la embestida de la fuerza pública, la cual ha generado, asimismo, protestas internacionales en diversos países.
En cuanto al motivo central del movimiento oaxaqueño, la salida del gobernador, ha de apuntarse que la incursión de la PFP no ha sido útil a la causa del mandatario, a juzgar por barruntos de división en su partido, el PRI: mientras las bancadas de esa fuerza en ambas cámaras renunciaron a defenderlo, la dirgencia partidista le reiteró su apoyo. Tal desencuentro no ha menguado, sin embargo, el empecinamiento del todavía Ejecutivo estatal, quien persiste en aferrarse al cargo e incluso se permite presentar una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados por el exhorto que ésta realizó para que renuncie o solicite licencia.
La agresiva presencia de la policía federal en Oaxaca no contribuye en nada a sostener a Ruiz Ortiz, pero las medidas represivas y la persecución contra el movimiento que busca su caída han obligado a la APPO a colocarse a la defensiva y a actuar en posición de desventaja.
Por lo que hace al tenso e incierto escenario político nacional, el envío de las fuerzas federales a la capital oaxaqueña no ha servido para introducir certezas, entendimientos o factores de distensión. Por el contrario, la torpe e irresponsable decisión ha multiplicado los desencuentros y las confrontaciones entre autoridades y actores institucionales, y ha dejado al descubierto, en toda su crudeza, el despiste de la clase política.
Ejemplos de ello son, por un lado, el exhorto del Senado a la APPO a "liberar el centro de Oaxaca", petición emitida en momentos en que la capital del estado se encuentra bajo el control de la PFP y, por otro, el llamado de Felipe Calderón al gobierno local (calificado de desgobierno hace unos días por el Senado) a que adopte "las decisiones que más unifiquen" a los oaxaqueños como si lo la autoridad estatal no fuera, ella misma, el factor principal de discordia y su elogio al "cuidado" de una fuerza policial que ha dejado cadáveres tendidos en las calles de la ciudad asaltada.
Semejantes incoherencias colocan al grupo en el poder Fox, Calderón y los priístas incluidos ante una severa pérdida de credibilidad que, como se ha comentado, alcanza ya resonancias internacionales. El descrédito afecta, por lo demás, a una institucionalidad y a una clase política que han sido incapaces de encontrar soluciones oportunas y eficaces para un conflicto político y social que dista mucho de haber sido resuelto y que, por el contrario, se ha complicado con el avance de las tanquetas antimotines sobre la capital de Oaxaca.
No habría que omitir, en el recuento de este saldo de desastre, el resentimiento, la desconfianza y la exasperación de muchos habitantes de esa urbe ante lo que perciben, justificadamente, como una agresión inmerecida del gobierno federal, el cual no es visto en el ámbito local como el garante de las libertades ni el propiciador de paz y seguridad, sino como el protector de un gobernante repudiado.
Se tiene una idea parcial del costo de la torpe decisión represiva en vidas, en lesiones, en perjuicios y en saldos políticos negativos. Falta por verse cuánto dinero público ha invertido el Ejecutivo federal en una acción que no ha resultado benéfica para nadie y que, por el contrario, ha agravado el problema que pretendía resolver.