Desmantelar la Constitución y subastar el país
El proyecto de vender el país al mejor postor se mantiene vivo. Ahora se manifiesta con el nuevo disfraz de la federalización y descentralización. Con esta nueva máscara se aprobó en el Senado, ya en las postrimerías de la legislatura anterior (Gaceta del Senado, 27-04-2006) un paquete de reformas a la Constitución que amenaza la estructura de las relaciones entre la Federación y los estados. Sin exagerar, de aprobarse este paquete de reformas se desintegra la matriz de relaciones políticas y jurídicas del país. Que juzgue el lector.
La reforma pretende devolver a los estados y municipios una serie de facultades y atribuciones que son exclusivas de la Federación. La forma de hacerlo es sometiendo estas materias al régimen de facultades concurrentes de los poderes federales, estatales y municipales.
La iniciativa aprobada por el Senado comprende cambios sustanciales a los artículos 4, 27, 73, 115, 116 y 124 de la Constitución federal. Este último establece el principio general de que las facultades que no estén expresamente concedidas a la Federación se encuentran reservadas a los estados.
Ese principio es clásico en todas las constituciones federales y permite depositar en los poderes centrales la materia esencial con la que se construye un Estado federal. Esa regla es lo que distingue una Federación de una confederación y, al mismo tiempo, es una salvaguarda importante para los poderes locales y municipales contra los abusos del poder central.
La reforma aprobada por el Senado echa por tierra este principio general, al despojar a la Federación de atribuciones que hasta ahora le son exclusivas. El meollo de esta reforma se encuentra en un párrafo que se adicionaría al artículo 124. El nuevo texto quita a la Federación la facultad exclusiva de legislar y regular materias sensibles y estratégicas, y las convierte en facultades concurrentes para la Federación, estados y municipios. Entre esas materias encontramos las siguientes: educación, salud, vivienda, seguridad pública, asentamientos humanos, desarrollo económico, protección civil, comunicaciones y transportes, turismo, medio ambiente, agricultura, pesca, ganadería, materia forestal, derechos de autor, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y política sobre ciencia y tecnología (incluyendo el delicado tema de transferencia de tecnología).
La reforma desmantela los poderes y atribuciones de la Federación en materias que necesariamente deben ser competencia federal, porque está en juego la integridad del país. La nueva distribución de competencias entrega a los estados facultades que siempre se reservaron a la Federación porque la armonización de la normatividad en esos ámbitos es un imperativo técnico. Basta un ejemplo: es absurdo pensar que el medio ambiente pueda regularse siguiendo principios diferentes en distintos estados. Si algo sabemos en materia de política ambiental es que los ecosistemas y biomas no conocen fronteras, ni circunscripciones administrativas.
Pero seguramente eso no es lo que preocupa a los promotores de la reforma. Al convertir en facultades concurrentes las atribuciones en materia de ciencia y tecnología, por una parte, y medio ambiente por la otra, la reforma estará sentando las bases para que los poderes locales puedan vender al mejor postor cosas como los recursos genéticos. Al introducir los asentamientos humanos, el turismo y los monumentos arqueológicos e históricos al nuevo régimen de facultades concurrentes, la reforma abre las puertas a todo tipo de arbitrariedades y atentados contra el patrimonio cultural de la nación. Los lectores pueden imaginar otros ejemplos de lo que será el porvenir con este regalo del Senado de la República.
Muchas atribuciones se reservaron a la Federación por razones históricas y políticas. El objetivo era acotar el poder de elites locales. Ahora que esta redistribución de poderes conducirá al desmantelamiento del país, y quizás aquí está el móvil del crimen: regresar a los poderes locales, por no decir caciques, la facultad de vender el patrimonio nacional.
De aprobarse en la Cámara de Diputados esta reforma constitucional se producirá un extraordinario vacío legal y un formidable caos regulatorio. La legislación federal vigente en todos y cada uno de los renglones que cubre la reforma va a tener que modificarse y adecuarse de manera sustancial. Como el Congreso no es un cuerpo muy eficiente que digamos, es de esperarse que el periodo de vacatio legis se extienda hasta el fin del mundo. O hasta el fin del país, y eso es quizás lo que se quiere: en el caos del vacío legal, la subasta se llevará a cabo con toda la fuerza de las leyes del mercado.
Terminar con el centralismo excesivo es bueno, pero no así. La balcanización de atribuciones inherente a este proyecto implica la destrucción del lenguaje común que ha permitido construir este país. Sólo quedará el idioma que hablan las mercancías en el anaquel, con su signo monetario inscrito en la frente. Ese es el verdadero objetivo de la reforma.
El lector puede beneficiarse del llamado de alerta de los intelectuales mexicanos César Moheno y Guillermo Tovar de Teresa en sus entrevistas de la Otratele de La Jornada.