Reforma del DF
El voto no es el inicio ni el término del proceso democrático. La legitimidad se gana en el ejercicio de gobierno, lo que significa que la autoridad actúe dentro del marco legal y respete los derechos humanos. Así los ciudadanos renuncian voluntariamente a su derecho a la resistencia. Esta es una de las tantas lecciones del conflicto oaxaqueño que han llegado a la ciudad de México con los inconformes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Son ejemplo de voluntad contra la imposición, el autoritarismo y las prácticas caciquiles, que quieren legitimar sin justificación los políticos que se apartan de la auténtica legitimidad, que no es lo mismo que la legalidad.
Sin embargo, en el caso de Oaxaca, los legisladores federales hacen oídos sordos y esta actitud, por desgracia, es la misma que amenaza con imponerse en la nueva conformación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que rechaza a espaldas de los votantes mayoritarios de la capital actualizar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, el referéndum, la consulta popular y la instauración de una constitución.
El 2 de julio pasado, los habitantes de la capital votaron ampliamente en favor de los 50 compromisos que abanderó el candidato de la coalición Por el Bien de Todos y ahora jefe de Gobierno electo, Marcelo Ebrard, quien en la instalación del Consejo Ciudadano para la Ciudad de México, el 1º. de febrero, refrendó su voluntad para redefinir el estatus jurídico de esta urbe, con base en la creación de nuevos instrumentos que rijan su vida institucional y garanticen los derechos ciudadanos, con el objetivo de establecer una innovadora relación entre gobernantes y gobernados.
Pero esa mayoría sancionada en las urnas, también a favor de los representantes populares del PRD en el legislativo local, es ignorada en la contrarreforma que intentan negociar asambleístas como Víctor Hugo Círigo, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, que con la premisa de rescatar, reposicionar y dotar de poderes plenos a los habitantes de la ciudad, dejan de lado lo prometido y se limitan a presentar una serie de enunciados que abren la puerta a otras fuerzas políticas menos favorecidas por los electores, para configurar una reglamentación coja y con miras a recuperar lo que no han obtenido mediante el sufragio, para acorralar a una administración que intenta dar viabilidad a un proyecto alternativo de gobierno.
Negar al Distrito Federal de un debate abierto sobre la posibilidad de poseer una constitución política, es abdicar a otorgar mayores garantías en el manejo de los recursos financieros y poner en peligro la gobernabilidad del mayor conglomerado del país, que aún permanece distante de las garantías y derechos que prevalecen en los 31 estados de la República. En el DF es necesario y urgente consolidar el régimen de libertades a los que sus habitantes están acostumbrados en la práctica, resolver jurídicamente su autonomía significa que su administración y forma de gobierno dejen de ser rehenes de grupos de poder que desde 1997 han sido castigados por el voto de los capitalinos.
Sin duda los avances alcanzados desde ese año, en que se eligió jefe de Gobierno mediante el voto directo, junto con los representantes de la Asamblea, que se convirtió en un legislativo, acotado pero legislativo al fin, han sido muchos, promovidos en buena parte por la llamada izquierda electoral, tratando con ello de eliminar las disposiciones tutelares de la Federación sobre la capital, sin afectaciones y con el equilibrio que exige la convivencia con el asiento de los Poderes de la Unión. Poseer órganos administrativos y de gobierno no compensa la carencia de un ejecutivo y legislativo locales con plena autonomía presupuestaria y de funciones. Los hechos hablan por sí mismos, en el DF el secretario de Seguridad Pública, el procurador general de Justicia y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje son sancionados o pueden ser removidos a voluntad del Presidente de la República; el Senado tiene la facultad de quitar, incluso, al jefe de Gobierno, y la Cámara de Diputados tiene la prerrogativa de autorizar, ajena a las necesidades de la capital, el techo de endeudamiento.
Por eso las palabras del ex delegado de Iztapalapa, que coordina a la mayoría perredista de la Asamblea, de que "en los trabajos legislativos se imprimirá un fuerte sello de izquierda", son más que una garantía una preocupación y hacen preguntarse: ¿Dónde quedó la compatibilidad del discurso con la acción? O ¿dónde están las verdaderas intenciones de establecer las formas para construir un gobierno republicano, representativo y popular, que son la base de un auténtico municipio libre?