Usted está aquí: jueves 2 de noviembre de 2006 Opinión Oaxaca como pantano

Editorial

Oaxaca como pantano

A lo largo del mes pasado numerosas voces advirtieron al gobierno federal que el conflicto de Oaxaca no podría ser resuelto con el envío a esa entidad de una expedición represiva ni mediante el recurso a medidas coercitivas y que, por el contrario, una decisión semejante no haría más que complicar y profundizar el problema. Pero el Ejecutivo federal no atendió a tales razones y el sábado 28 de octubre inició el envío de contingentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y otras corporaciones policiales con el propósito de "recuperar" la capital del estado y desmantelar los plantones y barricadas instalados en ella por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y por la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En un primer momento pudo parecer que tal acción había sido precedida de un acuerdo tácito entre las facciones del grupo en el poder: el Ejecutivo federal accedía a reprimir al movimiento popular oaxaqueño y, a cambio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejaba solo al aún gobernador Ulises Ruiz Ortiz a fin de precipitar su caída. Haya existido o no una negociación en este sentido, Ruiz permanece aferrado a la gubernatura y, tras algunos disensos iniciales, el PRI parece atrincherarse en su defensa. En todo caso, el priísmo oaxaqueño, cada vez más propenso a actuar como coordinación de grupos paramilitares, ha lanzado un abierto desafío al gobierno federal y amenaza con empezar a operar, en forma desembozada, como autoridad de facto y secuestrar ­no hay un verbo más preciso­ a los dirigentes de la APPO. Esta, por su parte, se mantiene firme en su decisión de exigir, además del retiro del gobernador repudiado, el de unas fuerzas públicas que han perpetrado excesos represivos, acciones de persecución política y desmanes diversos, y que en horas recientes ­en acciones contra activistas de la APPO realizadas en Brenamiel y en la sede del Canal 9 estatal­ han venido acentuando el carácter intimidatorio de sus acciones.

En suma, la presidencia foxista, angustiada por desactivar conflictos que ella misma contribuyó a crear y empeñada en heredar sin sobresaltos el poder a Felipe Calderón, ha terminado por empantanarse en Oaxaca hasta un grado que habría sido difícil imaginar hace apenas unas semanas. Ayer, el presidente Vicente Fox hubo de reconocer que legará el problema ­amplificado y multiplicado, cabe apuntar­ al próximo gobierno.

Por lo pronto, paradojas aparte, el uso de la fuerza exhibió la debilidad del gobierno federal y ahora Los Pinos enfrenta una sublevación regional de poderes caciquiles mucho más enconada que la que padeció Ernesto Zedillo en Tabasco a finales de 2004 y principios de 2005, cuando Roberto Madrazo se hizo fuerte en las mafias locales y resistió los intentos del poder federal por desalojarlo de una gubernatura a la que había llegado por medio de la tradicional inmundicia electoral del priísmo. La circunstancia actual es más compleja: si hasta la semana pasada Fox tenía ante sí el espinoso problema de operar la salida de Ruiz Ortiz de la gubernatura oaxaqueña, ahora tiene ante sí, además, el desafío de retirar a la PFP y los otros cuerpos policiales que actúan, a ojos del movimiento popular oaxaqueño, como una fuerza de ocupación.

Por más que Fox se esfuerce en asegurar que el país está en calma y que el conflicto oaxaqueño es de índole regional, lo cierto es que ha conseguido proyectarlo al ámbito internacional, y que en Estados Unidos, Europa y Sudamérica se llevan a cabo manifestaciones de repudio al gobierno de México con una intensidad como no se había visto desde los momentos más candentes de la insurrección indígena de Chiapas, hace más de una década, y la incursión policial ha causado un daño severísimo a la credibilidad y a la imagen del Estado mexicano en el extranjero.

Así sea a menos de un mes de entregar el poder, el actual Ejecutivo federal tendría que empezar a actuar con un mínimo de sensatez y sensibilidad políticas. De otra manera, el propio gobierno será responsable de una catástrofe política y social indeseable desde cualquier punto de vista.

 
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