Según la liga de derechos humanos, al menos son 14
Autoridades se niegan a informar sobre el número de lesionados
A unos días de que el gobierno federal puso en marcha un operativo para desalojar a integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) del centro de esa entidad, no se ha podido corroborar la lista oficial de detenidos ni su estado físico y sicológico, debido a que la Procuraduría General de Justicia de esa entidad no atiende los teléfonos, "ni siquiera los particulares", denunció el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez. Agregó que a la lista de cuatro heridos que se hizo pública ayer, se suman al menos otros 10.
Por otro lado, organizaciones sociales y de académicos, así como varias personalidades, dieron a conocer un documento en el que responsabilizan a los gobiernos federal y estatal "de la política represiva" contra la población oaxaqueña.
El documento -firmado, entre otros, por Gilberto López y Rivas, Eréndira Cruz Villegas, el Observatorio Eclesial y el Centro Fray Francisco de Vittoria- solicita a las comunidades nacional e internacional "apoyar las acciones de la APPO" con protestas frente a embajadas y consulados, y realizar mayor labor informativa. Exige, además, la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, el retiro inmediato de la Policía Federal Preventiva (PFP) y el cese de la represión contra miembros de la APPO.
En el pronunciamiento, los firmantes plantearon que debe declararse la desaparición de poderes en la entidad, a partir de lo cual el mandatario estatal debe dejar su cargo como condición indispensable para una solución justa al conflicto, que lleva más de 150 días, pues su "autoritarismo ha sido el origen del problema y su permanencia es obstáculo para una salida política".
El documento resalta que la ocupación de la ciudad por la PFP es un claro acto de intimidación y de violación a la soberanía del pueblo, por lo que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben actuar de inmediato para solucionar el conflicto, que el pasado jueves se recrudeció con el enfrentamiento entre elementos policiacos e integrantes de la APPO. Asimismo, hicieron un llamado a los integrantes del movimiento oaxaqueño a mantener su actitud de evitar provocaciones de la PFP y de grupos paramilitares.
En ese sentido, el presidente de la Limeddh indicó que Ruiz Ortiz es el principal obstáculo para que se respeten las garantías fundamentales en la entidad, "y hoy tiene a nuestro país en el foco de atención de diversos sectores pro derechos humanos del ámbito internacional". Por ello hizo un llamado al gobernador oaxaqueño "a que reconozca que su permanencia en el cargo lleva a que cada vez esté más lejos la posibilidad de resolver el conflicto". Inclusive, dijo, de renunciar "estaría en posibilidad de revivir políticamente".
Añadió: "de aferrarse" al poder "estaría llevando su carrera política al fin, pues pasaría a la historia como una persona que ha usado todos los recursos que ha tenido a su alcance para llenar de sangre el estado".
Ramírez expresó que el gobierno federal debe realizar una evaluación sobre los acontecimientos del jueves, "para darse cuenta de que el conflicto no sólo es político, sino también social y económico". Aplaudió la iniciativa de la Iglesia de facilitar sus instalaciones para entablar negociaciones, "lo cual demuestra que cada vez hay más sectores interesados en que la solución sea pacífica y negociada".
En la tarde-noche de ayer, la Limeddh tenía una nueva actualización de personas detenidas y heridas, sobre todo tras el conflicto del jueves. A la lista de heridos sumó al menos otras 10 personas, por lo que ya serían 14 los lesionados; empero, la organización aseveró que el área de atención médica de la iglesia de los Siete Príncipes "nos reportó nueve hombres y 15 mujeres heridas".
En relación con los detenidos, aseguró que aunque no existen datos oficiales, hasta ayer sumaban 63, muchos casos confirmados por familiares. El reporte de las ONG establece además que de esas 63 personas "algunas fueron detenidas por los cuerpos policiacos de manera arbitraria, sin que se les informara sobre cargos o se tuviera fundamento legal; no se informó el lugar donde serían remitidos". Además, algunos son reportados como desaparecidos, aunque no se ha confirmado esa versión.