La dependencia se ha negado a transparentar los salarios de los organizadores
Usó la cancillería el esquema de ISOSA para financiar cumbres internacionales
Diplomáticos violaron la Ley del Servicio Exterior al fungir como enviados empresariales
Aunado a la opacidad sobre el destino de mil 500 millones de pesos transferidos a los fideicomisos usados para financiar cumbres internacionales, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Economía eluden precisar los sueldos de funcionarios que laboraron en la cancillería y al mismo tiempo en el Comité Organizador Mexicano (Comormex), además de colaboradores que coordinaron las conferencias realizadas en 2002 y 2004.
Sólo en la Expo Aichi-Japón 2005 se gastaron en sueldos y honorarios 46 millones 794 mil 368 pesos. Algunas personas que participaron en la organización señalaron que en ese pabellón estuvieron involucradas no más de 30 personas.
La actual oficial mayor de la SRE, Mónica Ruiz Huerta, fue la responsable de administrar cinco fideicomisos, además de la Expo Aichi. Esta última tarea la compartió con su esposo, Marco Antonio Victoria Romero, quien fungió como director de esa feria, mientras el actual asesor de la funcionaria se desempeñó como vocero de la exposición.
Por su parte, el embajador de México en Japón, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, fue nombrado comisario general del encuentro, como se consignó en boletines de prensa que daban cuenta de la participación de México en la exposición. Antes de ser embajador, Ruiz Cabañas fue representante permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En tanto, el ex director de comunicación social de la SRE, Allan Nahum Kaim, ocupó de manera simultánea el cargo de vocero de la cancillería y de coordinador de comunicación del comité técnico que administró los fideicomisos. Nahum se desempeña actualmente como consejero del embajador de México en España, Gabriel Jiménez Remus, según la página electrónica de la cancillería.
De acuerdo con el artículo 46, fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, no está permitido desempeñar simultáneamente un cargo público y otro con fines comerciales.
"Sin perjuicio de lo ordenado por otras disposiciones aplicables, queda prohibido a los miembros del Servicio Exterior (...) ejercer, en el Estado donde se hallen comisionados, cualquier actividad profesional o comercial en provecho propio, además de realizar, sin la autorización previa y expresa de la secretaría (SRE), estas mismas actividades en otros países", precisa la normatividad.
Ante la negativa a proporcionar la información correspondiente, hasta ahora se desconoce el monto de los ingresos que directivos y organizadores de los fideicomisos recibieron entre 2002 y 2004, periodo en el cual desaparecieron y se restructuraron varios de estos mecanismos.
En el caso de Aichi-Japón 2005, la auditoría realizada por la firma Pricewater House Coopers revela que 46 millones 794 mil 368 pesos fueron pagados en sueldos y honorarios, monto que representa 23.3 por ciento de los 200 millones de pesos previstos para esa exposición.
Además, se desconocen también los gastos de la Unidad de Atención a Organizaciones Sociales, encargada de "tender puentes" con las personas que asistieron a esas conferencias internacionales. Esta oficina es aún encabezada por Melba Pría, y a pesar de tener trato directo con el canciller, Luis Ernesto Derbez, no aparece en el organigrama de la SRE.
En un documento fechado el 15 de diciembre de 2003, esta unidad dio a conocer los orígenes y propósitos de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, realizada en enero de 2004, y se pone a disposición de las ONG para atender la logística y registro de los participantes. Entonces utilizó la dirección electrónica [email protected].
Réplica de ISOSA
En el diseño y operación de los fideicomisos para la realización de las cumbres se utilizó la misma ingeniería financiera que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, usó en 1993 para crear Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA).
Con la asesoría del despacho jurídico del actual senador Santiago Creel Miranda, el funcionario constituyó dicha firma mediante el fideicomiso Aduanas I, número 954-8 (actualmente en proceso de liquidación), al que canalizó 7 mil millones de pesos del erario.
Los operadores de ISOSA causaron un daño a la hacienda pública al dejar de enterar unos 10 mil millones de pesos obtenidos por el cobro de derechos de trámite aduanero. Esta información fue revelada en su momento por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Fideicomisos públicos
Al amparo del secreto fiduciario, Hacienda y otras dependencias mantuvieron oculto el manejo de Aduanas I y de cientos de fideicomisos integrados con recursos públicos. Con el mismo argumento, la SRE ha tratado de ocultar la información de los fideicomisos creados para financiar las cumbres internacionales.
Para evitar el uso discrecional de recursos transferidos a fideicomisos públicos y privados, ya se han tomado algunas medidas. Una de ellas es la eliminación del secreto bancario o fiduciario, aprobado por el Senado en septiembre de 2005. De esta manera, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la ASF pueden fiscalizar los recursos públicos entregados a fideicomisos y contratos análogos e investigar posibles ilícitos.
En 2005 Hacienda sufrió un revés, al perder cuatro demandas de amparo contra decisiones del IFAI que le ordenan transparentar resultados y balances generales de los fideicomisos que involucran recursos federales. Los montos totales fueron divulgados hace unos meses por la SFP, excepto los aquí descritos.
Por su parte, la cancillería ha perdido dos juicios en contra de resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, aunque en septiembre pasado le fue admitido otro recurso judicial. Sin embargo, comisionados del instituto interrogados al respecto confían en que la SRE pierda nuevamente el caso, pues ya existen precedentes en favor de la apertura de información.