La CNDH documenta las graves deficiencias cometidas durante el sexenio
Reprueban a Fox en derechos humanos
La comisión destaca las irregularidades contra mujeres, niños y migrantes
El gobierno del presidente Vicente Fox resultó ser "candil de la calle y oscuridad de su casa" en materia de derechos humanos, pues se caracterizó por realizar una activa defensa de estas garantías en el ámbito internacional, pero en el país tuvo "actitudes descuidadas y poco diligentes" de tolerancia y recurrentes violaciones a las garantías fundamentales de mujeres, migrantes, reclusos, niños y defensores de las garantías básicas, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al hacer un balance del sexenio foxista en la materia.
Inclusive, señaló el organismo encabezado por José Luis Soberanes, muestra de ello fue el comportamiento de dos autoridades ante resoluciones de la CNDH: la Procuraduría General de la República (PGR), y la Secretaría de Marina (Semar), que "manifestaron un rechazo sistemático hacia las recomendaciones emitidas por éste".
En el primer caso, destaca el ombudsman nacional, "por primera vez en 15 años la PGR rechazó una recomendación por tortura, promoviendo, en cambio, como respuesta una ofensiva mediática y legal contra la CNDH". En cuanto a la Semar, esta dependencia desacató "una y otra vez" recomendaciones fundadas del organismo de derechos humanos por violaciones a garantías básicas cometidas contra algunos de sus servidores públicos.
Es de destacar que por primera vez en 15 años de existencia ese órgano autónomo emitió 12 recomendaciones generales "ante la persistencia generalizada de violaciones a los derechos humanos", como la tortura.
El balance manifiesta que los principales rubros en los que falló el gobierno foxista son: violaciones "sistémicas" a los derechos de los reclusos del país; permanentes y continuas detenciones ilegales y arbitrarias; uso ilegítimo de la fuerza pública, sobre todo en Guadalajara, Jalisco, durante la tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en mayo de 2004; en los recientes acontecimientos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, estado de México; y el desalojo de los mineros de la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas en Michoacán, el 20 de abril de este año.
Además, funcionarios públicos de la salud practican esterilizaciones forzadas en hombres y mujeres indígenas; discriminación por motivos religiosos en las escuelas; aplicación del polígrafo, que no está tipificado en la legislación; violaciones a la libertad de expresión, sobre todo porque aumentó el número de agresiones contra periodistas; extorsiones, abusos sexuales y detenciones, "sin ser delincuentes", de migrantes, amén de las malas condiciones de las estaciones migratorias.
La CNDH también llamó la atención a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal por la persistencia de la tortura, "que en este país no ha desaparecido". Además refirió que "hubo casi nulos resultados en el esclarecimiento de la guerra sucia y los feminicidios de Ciudad Juárez".
Por ello, afirma el balance sexenal, "el sexenio que termina se puede caracterizar en materia de cumplimiento y observancia de los derechos humanos como insuficiente".
El órgano nacional de defensa de las garantías fundamentales indicó que durante la administración federal que está por concluir hubo un abultado número de quejas, sobre todo por el ejercicio indebido de la función pública; por detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, crueles o degradantes que en ocasiones matizan la persistencia y el uso de la tortura como recurso de investigación judicial; por la integración irregular de averiguaciones previas, cateos y visitas domiciliarias ilegales.
Durante el periodo del primero de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006 la CNDH emitió a las diferentes dependencias de gobierno 308 recomendaciones, de las cuales 157 corresponden a escritos de quejas y 151 a recursos de impugnación.
El documento detalla que durante este sexenio las quejas por deficiencias en los servicios de salud superaron las denuncias contra la PGR, que durante años ininterrumpidos ocupó el primer lugar en los señalamientos de violaciones de derechos humanos. Soberanes Fernández advierte que ese abultado número de quejas por deficiencias en los servicios de salud en la administración foxista denota un preocupante fenómeno de degradación progresiva en la calidad de estos servicios. Aunado a ello, también se incrementaron considerablemente las quejas relacionadas con el servicio de electricidad.
Entre las recomendaciones generales que por primera vez realiza la CNDH destacan la derivada de las prácticas de revisiones "indignas" a las personas que visitan a algún familiar recluido en alguna cárcel del país. El organismo detalla que estas revisiones consisten en tocar partes íntimas, se les obliga a desnudarse y asumir posturas denigrantes.
Otro de los exhortos generales tiene que ver con las detenciones arbitrarias, pues los agraviados por esta conducta argumentan haber sido detenidos por agentes que dijeron realizar recorridos de "revisión y vigilancia rutinarios" o bien por haber recibido denuncias "anónimas", o que por actitud "sospechosa o de marcado nerviosismo" detuvieron a los supuestos delincuentes; sin embargo, esas detenciones, acusa la CNDH, van aparejadas con violencia, amén de que "no tienen asidero legal" y son contrarias al principio de inocencia.
En un señalamiento más, Soberanes Fernández recalca que en el país siguen presentándose prácticas de tortura, pues servidores públicos del ramo de la seguridad pública, tanto en los ámbitos de prevención del delito y procuración de justicia como en la etapa de ejecución de penas, "incurrieron en esa práctica aberrante, así como en actos en contra de la integridad física o sicológica de las personas".
Una más de las violaciones a derechos humanos que se presentó durante el sexenio foxista fue la recurrente práctica de esterilización "sin consentimiento" tanto de mujeres como de hombres en comunidades indígenas del país por parte del personal médico de clínicas rurales pues se obliga a las mujeres que acuden a consulta a utilizar el dispositivo intrauterino como método de control natal, además de que se ejerce presión en los varones con el fin de obtener el consentimiento para la aplicación de métodos definitivos de planificación familiar, como la vasectomía. Se les presiona con la amenaza de que si no aceptan esos métodos de planificación familiar pueden perder apoyos de los programas sociales.