Este lunes se dictamina, pese a críticas y presiones de conservadores: Leticia Quezada

Arquidiócesis: venganza contra la Iglesia, las uniones en convivencia

Grupos más radicales de la izquierda que buscan reivindicación y justicia, los que la alientan, señala

El PRD cabildeará hasta el final para aprobarla por unanimidad, afirma la legisladora

ROCIO GONZALEZ, MARIANA NORANDI, ALEJANDRO CRUZ

A pesar de las críticas y presiones que han ejercido grupos conservadores, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Leticia Quezada aseguró que no se dará un paso atrás en la aprobación de la iniciativa de ley de sociedades en convivencia, que será dictaminada en comisiones este lunes, y sometida al pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el jueves próximo.

Al término de una conferencia de prensa en la que el PRD capitalino refrendó su respaldo a esta iniciativa, la legisladora dijo que se cabildeará hasta el último momento con el resto de las fuerzas políticas para que sea aprobada por unanimidad, aunque reconoció que podrían enfrentar la oposición del grupo parlamentario del PAN.

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género ­que junto con la de Derechos Humanos son las responsables de emitir el dictamen respectivo­ precisó que además de los cuatro diputados que integran la coalición socialdemócrata (PT, Convergencia, Alternativa y Panal) se cuenta con el respaldo de los cuatro legisladores de PRI, dos de PVEM y 33 de los 34 de PRD, pues en este último grupo el diputado Samuel Hernández ha declarado que se abstendría.

Indefinición panista

En el caso de la bancada de Acción Nacional, que por cierto este lunes se reunirá con grupos de la comunidad lésbico gay, señaló que no han definido una postura oficial. "Sólo ha habido una declaración de la diputada Paula Soto a título personal, pero los coordinadores han expresado que no van a votar a favor, debido a los principios de su partido", refirió

Dijo que a la iniciativa que presentó la Coalición Socialdemócrata ante el pleno de la ALDF el pasado 26 de octubre sólo se le propone pequeñas modificaciones relativas a la operatividad en la aplicación de la ley, como el hecho de dejar abierta la posibilidad de que los contratos jurídicos para la conformación de las sociedades en convivencia se pueden realizar en cualquier delegación sin importar en cuál sea la residencia de los participantes, quienes tampoco tendrían que anunciar, en caso de existir, el cambio de domicilio.

Puntualizó que la ley de sociedades en convivencia quedaría integrada por 25 artículos y tres transitorios, y entraría en vigor 120 días después de su aprobación, para dar tiempo a que las delegaciones políticas hagan las modificaciones administrativas correspondientes, y reiteró que en materia de adopción no se plantea ningún cambio a los ordenamientos que actualmente existen al respecto.

Postura de la Iglesia

A propósito, ayer acabada la misa del cardenal Norberto Rivera Carrera, representantes del Colegio de Abogados Católicos de México fijaron ante los medios de comunicación la postura de la arquidiócesis de México respecto a la iniciativa de ley de sociedades en convivencia del Distrito Federal.

"Esta nueva ley que se pretende aprobar está siendo tomada como una venganza contra la Iglesia católica por los grupos más radicales de la izquierda que así alcanzan reivindicación y justicia, pero no se percatan que con su pretensiones egoístas y ciegas dañan a la familia y al mismo tejido social, atacan los principios del Evangelio y destruyen los valores morales sobre los que se funda la sociedad", aseguró Armando Martínez Gómez, director del Colegio de Abogados Católicos de México.

En el documento, los católicos dicen que la Iglesia "acoge con verdadera caridad pastoral a las personas homosexuales", pero distingue entre "personas homosexuales y actos homosexuales, abriéndose a los primeros y rechazando como intrínsicamente desordenados a los segundos".

Asimismo dice que la tajante oposición de la Iglesia católica a esta nueva iniciativa "se fundamenta no sólo en juicios morales, sino en criterios jurídicos que la hacen insostenible y que ponen de manifiesto sus verdaderas intenciones, el engaño que encierra su aparente bondad y las consecuencias destructivas que traerá tanto a la institución familiar como al tejido mismo de la sociedad".

Por otro lado, Martínez Gómez aseguró que el que "un homosexual se queje de discriminación porque no lo dejen casarse con alguien del mismo sexo, es como si un polígamo se queja de discriminación porque no le dejan casarse con varias mujeres, o un promiscuo con varios y varias a la vez".

Los católicos exigieron que, antes de que dicha ley sea aprobada, se abra un debate a toda la ciudadanía "como corresponde a una sociedad democrática, y no se use a la vieja usanza, que parecía ya erradicada, la tiranía de la mayoría parlamentaria para pagar cuotas a grupos minoritarios".

No se justifican

El interlocutor de la arquidiócesis dijo que en Holanda, el primer país en legalizar las uniones homosexuales, la experiencia muestra que "después de un año de novedad" estos matrimonios van decreciendo significativamente, "por lo que no se trata de la creación de una institución justificada públicamente".

Entre la lógica de esta propuesta, advirtió, "no sería raro que lleguemos al absurdo al que ha arribado la legislación española que para poder legalizar las uniones homosexuales cambió el concepto de matrimonio, eliminando la palabra hombre y mujer, padre y madre, por la de cualquier persona y progenitor A y progenitor B".

Recordó a los legisladores que, "si profesan la fe católica, no pueden votar a favor de este tipo de iniciativas sin contradecir en lo más profundo la voluntad de Dios, que creó al hombre y la mujer para que, con su unión, fueran una sola cosa".

Ayer también, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza Longoria, habló sobre el tema y a diferencia de la Iglesia católica, se pronunció a favor de la citada ley, pues en su opinión, ello contribuirá a la consolidación de un estado democrático de derecho.

Señaló que este ordenamiento no se debe entender como una concesión hacia sectores minoritarios, sino "como un acto que honraría a todos los ciudadanos de una sociedad que reconoce y valora su pluralidad".