La propuesta busca rescatar el sector ante su inminente entrada al TLCAN
Frentes agrícolas integran proyecto de agenda legislativa y presupuestal para 2007
Cinco frentes agrícolas del país, que agrupan a más de un centenar de organizaciones rurales independientes, integraron un proyecto de agenda legislativa y presupuesto rural que presentarán al Congreso de la Unión con el fin de construir una nueva política social para el campo, ante lo que consideran la última oportunidad para lograr el rescate de este sector previo a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en enero de 2008.
Como no sucedía desde 2003, cuando todas las organizaciones agrícolas del país se integraron en un solo bloque para exigir al presidente Vicente Fox el establecimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, a este frente de dirección colegiada se sumarán en breve el Congreso Agrario Permanente y la Confederación Nacional Campesina.
Las pláticas para lograr la adherencia del bastión agropecuario priísta, que dirige el senador Heladio Ramírez, van adelantadas, según dijeron dirigentes campesinos, y significaría al movimiento la suma de siete presidencias de comisiones en la Cámara de Diputados y 24 secretarías, así como el apoyo legislativo de la presidencia senatorial de la Comisión de Desarrollo Rural, a cargo del dirigente cenecista.
La agenda comprende también un programa de acción que concluirá el 1º de enero de 2008. Este 20 de noviembre realizarán un encuentro nacional de dirigentes de las organizaciones campesinas y un segundo foro campesino sobre democracia y soberanía alimentaria. El próximo 6 de diciembre iniciarán una movilización nacional y una serie de encuentros con los legisladores de todas las fracciones de las dos cámaras, en el recinto de San Lázaro. El 10 de abril de 2007, de todos los estados de la República partirán contingentes que se concentrarán en una megamarcha en la ciudad de México.
La propuesta Alternativas de agenda legislativa 2006-2007 y presupuesto rural 2007 comprende la solicitud al Congreso de la Unión de un incremento de 15 por ciento al presupuesto especial concurrente para el desarrollo rural sustentable del próximo año, pasando de 150 mil millones de pesos a 175 mil millones de pesos, y que el de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) pase de 50 a 75 mil millones de pesos.
La demanda central en este rubro no es el monto presupuestal, sino su reorientación hacia nuevos objetivos de política sectorial del que la Secretaría de Hacienda garantice que habrá un ejercicio continuo del presupuesto, sin discrecionalidad, y en estricto apego a las reglas de operación y criterios de equidad entre las regiones y los productores. De concretarse, los organismos productores consideran que lograría promover el desarrollo del sector y no una concentración de ingresos.
Las 30 propuestas legislativas serán presentadas oficialmente este lunes por la Asociación Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA), la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (Anpap-El Barzón) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).
Entre las demandas fundamentales de esta agenda del campo destacan la petición al Congreso de la Unión para que en el segundo y tercer periodos ordinarios de sesiones instruya al Ejecutivo federal a llevar a cabo la renegociación del capítulo agropecuario y del contenido forestal del TLCAN; la emisión de un decreto legislativo para el establecimiento de la administración de las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, así como sus productos derivados, a partir del 1º de enero de 2007; derecho constitucional a la soberanía alimentaria y al principio de paridad rural-urbana en desarrollo humano.
Además, reforma a la fracción 20 del artículo 27 constitucional para garantizar la existencia y fortalecimiento de la agricultura campesina y la gestión multifuncional de los territorios rurales; promulgación de leyes de alimentación, salud y educación para las familias y personas de bajos ingresos, y pensión universal para adultos mayores del campo, así como de conservación y recuperación de tierras.
También modificaciones a la ley de aguas nacionales para revertir su carácter privatizador, recuperar el control de la nación y de las comunidades campesinas e indígenas sobre el líquido.