Dicen que se hicieron oír aun a escala internacional
Los ayunantes de la APPO culminan huelga
En punto de las 17:11 horas de ayer, los 17 integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que mantenían la huelga de hambre en demanda de la renuncia de Ulises Ruiz suspendieron su acción pacífica, que mantenían desde hace 21 días y cuatro horas frente al Hemiciclo a Juárez. Indicaron que aunque permanece en el gobierno el mandatario, con su protesta de 508 horas rompieron el cerco informativo con el que se pretendió acallar su movimiento y lograron hacer escuchar sus demandas a escala nacional e internacional.
Desde la tarde de ayer, los ex ayunantes se sometieron a un régimen alimenticio de recuperación y el próximo sábado encabezarán la caravana que partirá del Distrito Federal hacia la ciudad de Oaxaca en demanda de la renuncia de Ruiz Ortiz y la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP) de esa capital. Reiteraron su llamado a participar en el proyectado paro nacional de los próximos lunes y martes.
Precisaron que mantendrán sus campamentos instalados en el Hemiciclo a Juárez y frente al Palacio de Minería.
En conferencia de prensa, los plantonistas oaxaqueños reiteraron su deslinde de los bombazos ocurridos este lunes en inmuebles públicos y privados. Rechazaron ser los autores materiales e intelectuales, como algunos medios, dijeron, pretendieron señalar.
En su declaración del levantamiento de huelga de hambre que duró 508 horas, dijeron que terminaban su acción porque se han cumplido las expectativas que se plantearon con esta forma de manifestación pacífica: romper el cerco informativo en el que los medios nacionales pretendieron mantenerlos y evidenciar que el gobierno del presidente Vicente Fox es "completamente insensible, de oídos sordos y falto de moral política, al que no le importa el derecho a la vida".
Represión como respuesta
Destacaron que el gobierno saliente se ha negado a atender los reclamos de respeto a los derechos elementales de la sociedad y, en respuesta a esas demandas, sólo ha ofrecido represión, incursión de la PFP en Oaxaca, ola de violencia en la entidad, crímenes y detenciones arbitrarias, así como desapariciones de miembros y simpatizantes de la APPO.
Puntualizaron que durante su acción de resistencia pacífica se confirmó también la "insensibilidad e ineptitud del tirano" Ulises Ruiz, "ya que sigue manteniendo sus fuerzas paramilitares, porros y sicarios", quienes, agregaron, "asuelan de manera criminal y constante al estado.
"Los huelguistas, sin duda, hemos demostrado que hoy la violencia y el crimen se ha institucionalizado. Una vez más preguntamos, ¿quiénes son los violentos?, ¿quiénes se regocijan con la sangre de nuestro pueblo?, ¿quiénes pueblan las cárceles de inocentes que luchan por mejores condiciones de vida?, en respuesta nosotros hemos demostrado el carácter pacífico de nuestra lucha, que no somos violentos, como han afirmado quienes mal gobiernan, que, al contrario, ofrendamos nuestra salud y pusimos en riesgo nuestras vidas", detallaron.
En el encuentro para anunciar la suspensión de su acción aseguraron que las huelgas de hambre se hacen de manera voluntaria, para evidenciar la insensibilidad de los gobiernos, "a los que no les interesa la vida. La huelga de hambre se inscribe como acción de resistencia pacífica, porque la violencia es fácil empezarla y más difícil sostenerla, en cambio la lucha pacífica (que no significa ser mártir) es simplemente una táctica para hacerse escuchar, ante una demanda justa", mencionó Omar Olivera, del grupo de ayunantes.
Debido a la suspensión total de alimentos a la que se sometieron los huelguistas, ayer Víctor Cruz presentó una crisis, por lo que tuvo que ser atendido por personal médico y un sicólogo, quienes hasta entrada la noche lo mantenían en observación.
Llamado atendidos
La ceremonia fue precedida por la lectura de cartas de apoyo y llamados a los huelguistas para suspender el ayuno. Dijeron que atendieron los llamados de personajes como Pablo González Casanova, del movimiento Paz con Democracia; el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Samuel Ruiz García; la senadora Rosario Ibarra de Piedra; el comité ejecutivo del Partido Obrero Socialista y el Magisterio Zapatista de la sección 22.
Además de la APPO, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el pintor Francisco Toledo, el escritor Luis Villoro, diputados federales, representantes eclesiásticos, artistas, investigadores, empresarios y una cincuentena de organizaciones de la sociedad civil.
El Comité Eureka leyó la carta que ayer comenzaron a entregar en las 60 embajadas acreditadas en el país; la misiva fue acompañada por material documental y videográfico.
En el documento distribuido se pide la salida de Ulises Ruiz del gobierno local y se informa de la comisión de delitos de lesa humanidad durante el gobierno de Vicente Fox respecto de movimientos sociales como el actual en Oaxaca, donde ha primado la militarización por encima del diálogo.
Se denuncia que la incursión de fuerzas federales, ordenadas por Fox, ha ocasionado que más de un centenar de personas se encuentren fallecidas, heridas, detenidas o desaparecidas.
De manera simultánea al anuncio de la APPO, organismos no gubernamentales entregaron un documento a la cancillería en el que piden al gobierno de México que atienda el llamado que le dirigió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos, para adoptar medidas que resuelvan la grave situación que afecta la seguridad de los ciudadanos de Oaxaca.
Que el gobierno mexicano asuma con responsabilidad que su "solución" a la crisis oaxaqueña "ha provocado mayor ingobernabilidad, afectación masiva de los derechos humanos, polarización social y un escalamiento de la violencia".
En el documento, signado por 67 organizaciones no gubernamentales nacionales y una sesentena de personalidades, piden al gobierno foxista que restablezca su obligación constitucional y ética de buscar salidas políticas, no policiacas. Solicitaron al canciller Luis Ernesto Derbez que informe a la sociedad la respuesta oficial al comunicado de la CIDH.