CORRUPCION EN EU

SOBORNO EN LA FRONTERA

EL AUMENTO DE LA "SEGURIDAD" FRONTERIZA EN EU OCASIONARA INCREMENTO DE LA CORRUPCION DE SUS AGENTES

FUENTE: EIU

Economist Intelligence Unit /The Economist

El Paso. El índice de funcionarios federales y locales estadunidenses sobornados por traficantes de personas y drogas se elevó de manera brusca y, con ello, el temor de que una cultura de corrupción tome el control del tramo fronterizo de 3 mil 200 kilómetros entre Brownsville, Texas, y San Diego, California.

Desde 2004, al menos 200 funcionarios han sido acusados de colaborar en el tráfico de drogas y de inmigrantes indocumentados a través de la frontera entre México y Estados Unidos, casi el doble de la actividad ilícita registrada en años previos, según demuestra un examen de los registros públicos. Miles más están bajo investigación.

Diversos cargos criminales se han levantado contra agentes de la Patrulla Fronteriza, policía local, sheriffs de condado, empleados de agencias automovilísticas, un supervisor de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), inspectores de inmigración, guardias de prisión, funcionarios de distrito escolar y personal uniformado de cada rama del ejército de Estados Unidos, entre otros. La enorme mayoría se ha declarado culpable o ha recibido sentencia.

Los funcionarios en Washington y a lo largo de la frontera se preocupan por lo que subyace en la superficie. "Es la punta del iceberg", expresa James Chip Burrus, subdirector de la división de investigación criminal de la FBI. "Hay mucho más allá abajo. El problema es que uno no sabe lo que no sabe."

Lo que se sabe, a partir de casos judiciales, de otros registros públicos y docenas de entrevistas, es alarmante. Algunas maquinaciones de los barones mexicanos de la droga muestran considerable rebuscamiento, y su éxito demuestra una desalentadora disposición de los funcionarios públicos a aceptar el dinero de la corrupción.

Aunque la frontera sur de Estados Unidos evoca imágenes de lugares alejados y pobres, en ella pulula una enorme cantidad de riqueza mal habida, oscuras organizaciones que manejan las aguas del río Bravo y descarados ardides que parecen extraídos del espionaje de la guerra fría.

Quizás el ejemplo más relevante de la astucia de los contrabandistas fue cooptar a Hardrick Crawford, director de la FBI en El Paso, Texas.

Los agentes de la FBI creían que el presunto narcotraficante José María Guardia se había convertido en su informante, pero Guardia servía de doble agente para los cabecillas mexicanos del narcotráfico. Entabló amistad personal con Crawford y dio empleo a la esposa de éste, una membresía de un club para la pareja y viajes familiares a Las Vegas.

En agosto, después de que la relación amistosa se hizo pública, Crawford fue declarado culpable de intentar ocultar su amistad con Guardia. Podría ser condenado hasta a cinco años de prisión y multa de medio millón de dólares.

Las bandas de narcotraficantes ya infiltraron un espía en una agencia federal y los funcionarios están preocupados de que haya otros al acecho. Los cárteles han enredado a agentes estadunidenses en relaciones sexuales. Y han reunido archivos individuales de ellos, con detalles sobre su economía, sus familias y hábitos, incluso las bicicletas que manejan sus hijos.

"Contratan personas para vigilar a los agentes de narcóticos", dice Lee Morgan II, que este año se retiró como jefe de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas en Douglas, Arizona. "Saben a qué hora nos levantamos, a qué hora vamos a trabajar, qué coche conduce nuestra esposa. Un informante nos dijo que había visto una película en México en la que aparecíamos al momento de salir de nuestra oficina. Tenían los números de nuestras placas."

Las redes criminales mexicanas han pagado sobornos hasta de un millón de dólares. Paul K. Charlton, fiscal federal del distrito de Arizona desde 2001, está convencido de que la corrupción fronteriza empeora y pone en riesgo la confianza de las comunidades estadunidenses en su gobierno.

"Me preocupa que podamos desarrollar una cultura de tolerancia ante estas conductas", confiesa Charlton. Los funcionarios advierten que el riesgo crecerá con las medidas que el Congreso y el gobierno de Bush han adoptado para mejorar la seguridad de la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, integrante del Departamento de Seguridad Interior, pretende agregar 10 mil agentes a los 42 mil que ya tiene, la mayoría de los cuales ya están desplegados a lo largo de la frontera mexicana.

"Si se aumenta el personal en la frontera, se va a provocar más corrupción", advierte Burrus, de la FBI.

Efecto negativo

Incrementar la seguridad de frontera provoca que la corrupción sea aún más necesaria para los contrabandistas. "A medida que estrechamos la frontera, será más difícil que los traficantes la atraviesen", señala Johnny Sutton, fiscal federal para el distrito oeste de Texas. "Tienen que ser creativos para introducir su veneno en Estados Unidos. Obviamente, corromper a los funcionarios es parte de ello."

Los críticos responsabilizan a los desacertados métodos de contratación, entrenamiento inadecuado y mandos internos débiles. Los agentes son vulnerables porque la moral en la agencia es "patética", expresa T.J. Bonner, dirigente del sindicato de la Patrulla Fronteriza, quien lo atribuye en parte a las "falsas acusaciones" de los inmigrantes indocumentados contra los agentes, las cuales según él han arruinado injustamente algunas carreras,.

David V. Aguilar, jefe de la Patrulla Fronteriza, lo desmiente y dice que la moral es buena porque hay más personal y mejor equipo. Los salarios de los funcionarios en las economías pobres de la frontera son respetables: los agentes de la patrulla comienzan con 35 mil dólares al año y pueden rebasar 65 mil por horas extras.

Aguilar afirma que la corporación ha incrementado la capacitación ética en su academia e instaurado programas de campo contra la corrupción, lo cual ha conducido a verificar el historial de sus agentes cada cinco años. "Hacemos todo lo que podemos para extirpar de nuestra organización a esos agentes criminales", asegura.

Pero con frecuencia tales esfuerzos tienen pocas posibilidades contra la avaricia de agentes débiles y el poder de los contrabandistas con dinero que repartir. "Van a tratar de encontrar el modo de violar nuestros esfuerzos policiacos", reconoce Aguilar. "Intentarán entrar por el flanco, hacernos un túnel, volar sobre nosotros y corromper nuestros esfuerzos."

Mientras la corrupción crece, el número de investigadores internos que supervisan a un personal que aumenta a pasos acelerados se mantiene igual e incluso disminuye. Aguilar, quien debe confiar en otras agencias para que investiguen a la Patrulla Fronteriza, ha exigido pesquisas más diligentes y exhaustivas. Otros señalan que las pugnas internas en el Departamento de Seguridad Interior han dificultado su buena marcha.

Actualmente las principales agencias fronterizas forman parte del Departamento de Seguridad Interior: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza abarca la Patrulla Fronteriza, que vigila toda la frontera excepto los puertos de entrada, que son administrados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el cual maneja las investigaciones relacionadas con la frontera principal, incluso casos de corrupción, y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración, que maneja asuntos rutinarios de inmigración.

Michael Maxwell dimitió este año como jefe de Asuntos Internos de esta última oficina después de varios desacuerdos con Seguridad Interior por un recorte de recursos. Cuando salió había 3 mil denuncias de mala conducta sin investigar, incluso 100 reportes de soborno, expresa. "Nadie toma en serio la corrupción", se queja Maxwell. "La corrupción lo invade todo."

Los hermanos Alvarez

No se necesita corromper a muchos funcionarios y agentes para introducir enormes cantidades de drogas e inmigrantes indocumentados.

Los hermanos Juan y José Alvarez son un ejemplo. Juan, agente de alto rango de la Patrulla Fronteriza y entrenador canino en la estación de Hebbronville, Texas, dirigió con su hermano una operación para introducir más de 30 toneladas de mariguana a EU, entre 2003 y 2005. Juan y José, que servía de intermediario entre su hermano y un cártel de Nuevo Laredo, ganaron millón y medio de dólares netos en sobornos. Se jactaban de ofrecer una "garantía de paso de cien por ciento". Su técnica de "luz verde" estaba tan bien desarrollada que los contrabandistas podían haber pasado hasta "armas nucleares" por la frontera, comenta Marina Marmolejo, fiscal federal asistente.

Ante el tribunal, Marmolejo expresó que los Alvarez planeaban sus operaciones "hasta el último detalle", revisando cada día quién estaba de guardia en la frontera y qué equipo de vigilancia se utilizaba, asegurándose de que el agente Alvarez "fuera el único que atendía el tráfico. Todo se planeaba a la perfección.

Hasta que las banderas rojas comenzaron a aparecer. Los hermanos viajaron a Las Vegas. Dieron un adelanto en efectivo de 20 mil dólares para una casa. Uno compró un reloj Tag Heuer de 2 mil 500 dólares. Una de las esposas, que ganaba 8 dólares la hora, abrió de pronto una cuenta bancaria con 7 mil dólares.

En febrero, Juan fue condenado a 20 años de prisión, José a 17. El juez federal de distrito Jorge Kazen permaneció impasible ante sus expresiones de remordimiento. Según el juez, la corrupción de la policía está volviendo a México un país "no mucho mejor que Irak". Y advirtió que el lado estadunidense se estaba volviendo igual a causa de los malos policías. "Uno odia ver que el cáncer llegue aquí", dijo Kazen.

Ayuda gubernamental

A veces las redes de narcotráfico consiguen la cooperación directa de autoridades locales mexicanas. El año pasado, los fiscales de Arizona acusaron a Ramón Robles Cota, director de la policía municipal de Sonoyta, Sonora, cercana al cruce fronterizo de Lukeville, de tráfico de drogas y soborno.

Uno de sus oficiales, Julio César Lozano López, quien le servía de chofer durante sus desplazamientos a Arizona, admitió ante un tribunal federal que llevó a su jefe dos veces a Arizona en 2005 para encontrarse con agentes de la Patrulla Fronteriza y repartir sobornos. Ramón Robles Cota sigue libre en México.

Una operación secreta de la FBI en Arizona derivó en 71 declaraciones de culpabilidad de miembros de la Guardia Nacional, guardias de la prisión estatal y un inspector federal. Conocidas como Operación Verde Intenso, las acciones encubiertas demostraron que gran número de empleados gubernamentales de la frontera están dispuestos a aceptar un soborno.

Pero nadie en el gobierno ha registrado todos los casos criminales en cada jurisdicción, agencia y estado. Para esta investigación de EIU se examinaron archivos, declaraciones públicas y otros registros públicos que datan de 2004 y se entrevistó a funcionarios de todos los distritos de la fiscalía federal a lo largo de la frontera, así como a agentes policiales federales y locales y a importantes fiscales provinciales.

Casi la mitad de los casos estuvieron asociados con Verde Intenso y otra gran operación encubierta de la FBI en Arizona, cuyo nombre clave es Doble Conductor y que en 2004 atrapó a 26 empleados del Departamento de Transportes de Arizona, quienes emitían permisos de conducir falsos.

Aun sin contar esas operaciones encubiertas, el número de individuos procesados muestra un crecimiento consistente: 17 en 2004, 35 en 2005 y 52, hasta el momento, en 2006. La tendencia a largo plazo también es preocupante. Una de las pocas referencias históricas es el informe de la Oficina de Contabilidad General (GAO, por sus siglas en inglés) sobre corrupción fronteriza, el cual contabilizó todos los casos de agentes de inmigración, aduanas y Patrulla Fronteriza a mediados de los años noventa. El GAO identificó 28 casos en cinco años. El análisis de The Times de las mismas categorías de trabajo descubrió 38 sólo en los tres años pasados.

En el pasado, la corrupción fronteriza se asociaba en general con el narcotráfico. Pero cada vez más los contrabandistas de inmigrantes ­quienes manejan cuotas enormes de la gente que trata de cruzar en forma indocumentada a EU­ obtienen grandes ganancias.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre llamaron la atención sobre los riesgos que plantea el contrabando humano: aunque no se sabe que ningún terrorista haya cruzado a través de la frontera mexicana, muchos funcionarios policiales están preocupados de que inspectores corruptos pudieran permitirlo. "¿Quién garantiza que un probable terrorista no puede entrar así?", pregunta Jack W. Hook, agente especial a cargo de la Oficina General de Inspección del Departamento de Seguridad Interior en San Diego.

Mario Alvarez y Samuel McClaren, agentes de alto rango de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, colaboraron en el lanzamiento de un programa que encarceló a docenas de contrabandistas de personas. En marzo los invitaron a ir a las oficinas centrales de El Centro para recibir un premio. En lugar de eso, fueron arrestados frente a sus sorprendidos colegas. A la larga se declararon culpables de aceptar sobornos en efectivo por liberar inmigrantes de los centros de detención y luego falsificar informes para asentar que habían sido devueltos a México. Se les atrapó cuando otro agente de la Patrulla Fronteriza obtuvo la lista de llamadas telefónicas de un contrabandista capturado y encontró entre ellas el número de los agentes.

Por cada acusación criminal, muchos casos más nunca alcanzan la atención pública. ICE investiga 2 mil 97 casos criminales, dice la agencia, y opera un teléfono directo que recibió 7 mil 500 acusaciones de mala conducta interna durante el año fiscal 2005.

La mayoría de los casos de corrupción implican a empleados federales, pero los funcionarios locales, entre ellos policías, también aceptan sobornos. Jesús Lorenzo Meza fue contratado hace tres años como policía en Edinburg, Texas, pero el jefe de policía no sabía que Meza y cuatro de sus hermanos habían estado controlando una complicada operación de narcotráficos durante años, de acuerdo con una acusación. Usaron barcos y otros medios para transportar más de siete toneladas y media de mariguana y 500 kilos de cocaína.

Los agentes federales que rastrearon sus movimientos grabaron más de 2 mil conversaciones telefónicas. Pero la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), no informó nunca al jefe de policía Quirino Muñoz sobre la indagación en curso ni lo previnieron de contratar a Meza. La tarea de arrestar a Meza fue encomendada a sus compañeros oficiales, quienes lo enfrentaron en abril al final de su turno nocturno en la cárcel, lo despojaron de su insignia y lo encerraron en una celda. Ahora, expresa el jefe, sus 100 oficiales están desmoralizados. Meza está en espera de juicio.

La creciente corrupción entre empleados federales ha provocado señalamientos de fallas en la investigación de antecedentes que efectúa el Departamento de Seguridad Interna y en el entrenamiento de los nuevos empleados. Oscar Ortiz, elogiado como "destacado" en un análisis de desempeño laboral como agente de la Patrulla Fronteriza, se hizo socio de una banda de contrabandistas que introducía docenas de inmigrantes indocumentados a través de la accidentada zona rural al este de San Diego. Ortiz resultó ser un inmigrante indocumentado que había sido detenido en 2001 acusado de pasar de contrabando inmigrantes en su coche.

Fernando Arango, de Río Rico, Arizona, fue contratado como inspector de aduanas aun cuando 15 años antes esquivó una acusación de contrabando de drogas. El año pasado se le acusó de aceptar 50 mil dólares para hacer pasar por el punto de inspección de la frontera un vehículo recreativo que contenía 200 kilogramos de cocaína.

Aunque los funcionarios vociferan contra la corrupción, bajo la superficie hay un fuerte debate respecto a si los recursos son suficientes para combatirla. Algunos sitúan el problema en la fusión de varias agencias para crear el Departamento de Seguridad Interior. Antes de la fusión, el Servicio de Aduanas tenía apenas 180 investigadores internos para sus 22 mil empleados, afirmó el ex comisionado de Aduanas Robert Bonner. Fueron reorganizados dentro del ICE, que ahora tiene 160 investigadores para supervisar a casi 72 mil empleados en tres agencias relacionadas con la frontera. "Esto disminuyó nuestra capacidad de vigilar la corrupción como hacíamos en el pasado", afirma Bonner, quien luchó para mantener investigadores internos en la nueva agencia. "Todo se ha vuelto más fragmentado."

La FBI envía más agentes a la frontera para atender el problema, informó el subdirector Burrus. En la mayor parte de sus oficinas de campo, asigna 20% de sus agentes a casos de corrupción pública. A lo largo de la frontera, llega a ser de 40% a 60%. En años recientes la corrupción de los servidores públicos se ha incrementado en un tercio. "Hacemos todo lo posible con los recursos que tenemos", dijo Burrus. "Nunca serán suficientes."

Ni la más completa revisión de aspirantes revelará todos los problemas. Muchos agentes sentenciados han confesado que las presiones económicas y otros dilemas personales los llevaron a cruzar la línea. Los contrabandistas saben dónde apretar. Aldo Erives, agente de la Patrulla Fronteriza, parte de una red de narcotráfico e inmigrantes en El Paso, explicó a un juez el año pasado la manera en que los contrabandistas lo reclutaron. Los traficantes sabían que pedía aventones para ir a clases en una universidad local. "Vamos", le dijeron, "puedes comprarte un coche si pasas una carga por el punto de inspección."

En la secadora

A veces son los agentes federales quienes inician la corrupción. En El Paso, Santiago Efraín, agente del ICE asignado a proteger un centro de detención, dijo al abogado de un mexicano encarcelado como sospechoso de contrabando que por 20 mil dólares podría conseguir que se retiraran los cargos y que el sospechoso regresara a salvo a México. El abogado mexicano alertó a las autoridades estadunidenses, quienes enviaron a un agente encubierto a reunirse con Efraín en el Starbucks del lugar. Según la acusación en su contra, Efraín, que acudió uniformado, aceptó 20 mil dólares y fue detenido ahí mismo. Espera ser juzgado.

También pendiente de juicio se encuentra David Duque Jr., agente de la Patrulla Fronteriza en Falfurrias, Texas, al norte de McAllen. Duque está acusado de aceptar soborno por aconsejar a un informante del gobierno cómo empacar cocaína para pasarla por delante de los perros policías en los puntos de inspección en la frontera. Pidió 2 mil 500 dólares por cada kilogramo de cocaína que pasara, afirman las autoridades. Según la acusación, Duque dio instrucciones de que le dejaran el pago en su secadora. "Los agentes policiacos han confirmado que Duque tiene una secadora instalada en el pórtico de su residencia", se asentó en la acusación.