Lamenta desatención a recomendación por hechos violentos de abril pasado en Sicartsa

Rechazo de la SSP a la CNDH deja impunes probables delitos: Soberanes

Insiste el ombudsman que las violaciones de esa ocasión deben ser investigadas y sancionadas

EMIR OLIVARES ALONSO

La negativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal para aceptar la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le hizo en torno a los acontecimientos del pasado 20 de abril en la siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán, "deja en la impunidad los probables delitos y responsabilidades administrativas en que incurrieron integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) por los hechos en que perdieron la vida dos personas y 54 resultaron heridas", expresó el organismo de defensa de las garantías fundamentales.

A través de un comunicado de prensa, la CNDH criticó esa negativa pues, consideró, "las violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la SSP en esa ocasión deben ser motivo de investigación, reparación y, en su caso, sanción" a los responsables.

La recomendación, emitida el pasado 11 de octubre, surgió tras las investigaciones que realizó ese órgano autónomo, y en ella se determinó que las autoridades federales y locales involucradas en el operativo "vulneraron derechos fundamentales relativos a la vida, integridad física, legalidad y seguridad jurídica de varias personas", por lo que esas conductas "deben ser sancionadas conforme a lo previsto en el orden jurídico mexicano".

La negativa de la SSP a aceptar tal exhorto, firmada por el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora, fue presentada en la CNDH el pasado 1º de noviembre. En el documento, con fecha de emisión de 23 de octubre, Medina Mora explicó a la CNDH que el operativo se implementó debido a que "estaban en grave riesgo" tanto la población como el medio ambiente, pues de continuar cerradas las instalaciones de Sicartsa el panorama sería riesgoso.

La CNDH subrayó que ese argumento "no es válido para justificar el operativo" realizado el pasado 20 de abril, pues mediante sus investigaciones acreditó que había tres turnos de trabajadores dando mantenimiento a las instalaciones, además de que personal de la Secretaría de Marina "protegía" las mismas.

Asimismo, explicó el organismo encabezado por José Luis Soberanes que gracias a un documento elaborado por el director de seguridad pública de Michoacán se evidenció que el grupo antimotines de la dependencia estatal "actuó en esos hechos bajo orden expresa de la PFP, e inclusive, eran personas de esa corporación las que iban al frente del operativo".

Además, las investigaciones de la CNDH demostraron que los policías federales "estuvieron armados" con pistolas tipo escuadra y rifles semiautomáticos, al contrario de lo que las autoridades federales aseguraron tras el operativo.

El organismo recordó que en su recomendación no se condena a nadie, sino "sólo pide se investiguen conductas presumiblemente ilícitas para que la autoridad competente dicte la resolución que en derecho proceda".

Es de recordar que el ombudsman nacional sugirió a Medina Mora en la recomendación 37/2006 investigar a cuatro funcionarios de la PFP y a dos integrantes de la tercera brigada de la policía militar, por ser ellos "quienes planearon, coordinaron y ejecutaron el operativo en el que hubo uso excesivo de la fuerza y armas de fuego".

Cabe señalar que el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, también recibió una recomendación de la CNDH, la cual fue admitida "en su totalidad" el pasado 16 de octubre. El organismo aseveró que dará seguimiento a tal exhorto con el fin de verificar su cumplimiento.