"Abuso de autoridad", eufemismo que oculta muchos de los casos, señalan
Expertos confirman persistencia de tortura y maltrato en México
El informe presentado ante la ONU, un retrato muy tímido de la realidad del país
Ginebra, 8 de noviembre. México reconoció ante el Comité de la ONU Contra la Tortura la persistencia de este flagelo, así como del maltrato y penas crueles en las que están involucrados funcionarios públicos y policías; según la representación de la Procuraduría General de la República (PGR), de 2001 al 31 de octubre de 2006, apenas 0.05 por ciento del total de las quejas fueron por tortura y 0.02 por ciento por maltrato.
Punto común del interrogatorio de los expertos fue la diversa y antagónica tipificación de la tortura que impera en el país.
Los diez expertos que integran el comité cuestionaron sin cesar las estadísticas e informaciones oficiales que México presentó en el Cuarto informe periódico nacional, que hoy y mañana será examinado; los 75 casos de dictámenes por tortura o maltrato fueron tomados como una cifra limitada o reducida "cuentan historias muy tímidas de la realidad" y se extrañaron de que, para la confirmación del delito, no sea suficiente para el agente del Ministerio Público la presentación del certificado médico: "la víctima de tortura no tiene un notario al lado" señaló el relator para México, Claudio Grossman.
El relator chileno reconoció la apertura del gobierno mexicano en su adhesión a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y en este caso de la Convención y del Protocolo Adicional sobre Tortura; encomió el valor de las ONG y el papel central que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De entrada cuestionó que la definición probatoria de tortura se aplique cuando las lesiones infligidas tarden más de 15 días en sanar; se sorprendió, además, de la gravedad de las violaciones de género y su impacto psicológico así como de que muchas de las denuncias sean calificadas de "abuso de autoridad" para no admitir que se trata de una tortura, como informó Amnistía Internacional.
Claudio Grossman expuso su preocupación sobre la dilación en el desahogo de las investigaciones en la que se involucran militares y policías, citando el caso de Ciudad Juárez donde ya es una urgencia resolver los asesinatos de mujeres. Afirmó que el comité no dice que esta ola de matanzas sea política de Estado, sino que le impresiona la falta de eficiencia para resolverla; preguntó: ¿qué ha pasado con los más de 100 funcionarios acusados por negligencia en las investigaciones?
Entre otros temas el relator interrogó al gobierno respecto a las garantías, si las hubo, de Estados Unidos para la rendición y extradición de Rafael Arellano Félix con cargos de tráfico de drogas y asesinatos, de que no sería sentenciado a la pena de muerte. Y sobre el caso de los globalifóbicos detenidos y torturados en Jalisco, preguntó sobre los 73 casos denunciados por mexicanos y extranjeros "¿qué ha pasado?" A su juicio "están en la impunidad total".
Las cifras oficiales
De acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas al comité por el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Mario Alvarez Ledezma, de las 4 mil 41 quejas presentadas solamente 92 o sea, 2.27 por ciento fueron por supuesta tortura, se recibieron 12 recomendaciones de la CNDH, "la cifra más baja en la historia", se documentaron 2 casos de tortura (en 2001 y en 2006); en resumen, México admite que hubo en el periodo examinado 0.05 por ciento de tortura y 0.02 por ciento de malos tratos y penas crueles.
Alvarez Ledezma reconoció que hubo 75 dictámenes contra servidores públicos y agentes del Ministerio Público, un caso contra un delegado estatal, 25 fueron contra elementos de la PGR, 48 contra servidores del fuero común y dos contra custodios. En 44 casos no hubo lesiones cometidas en detención previa y en diez casos no fue posible confirmar el delito porque el quejoso se desistió, en otros porque la información fue alterada o por la imposibilidad técnica de verificarlo.
Sólo en 9 de los 75 casos se corroboró ocurrencia de tortura física y psicológica pero en ninguno de ellos se involucró a algún funcionario público o federal, afirmó el subprocurador.
Se pronunció porque la procuraduría militar adopte el Protocolo de Estambul para acabar con la cifra negra de tortura y maltrato y cumplir con la recomendación de este comité en 1997.
Por su parte José Luis Lagunes, subsecretario de Seguridad Pública federal informó de un registro de mil 377 quejas de tortura de todo tipo en 2001 argumentando que va en disminución: 709 en 2005 y 257 en 2006.
La titular de la Fiscalía Especial para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, Alicia Pérez Duarte, se refirió a lo que ella misma llamó "el caso emblemático" de San Salvador Atenco, donde cuando menos 13 mujeres fueron víctimas de violación sexual y otros maltratos, por quienes la fiscalía entabló una averiguación de oficio por tal delito contra quien resultara responsable; sin embargo, en la averiguación destacó la existencia de algo más grave: la tortura.
Procuraduría vs CNDH
En un hecho sin precedentes, en la Organización de Naciones Unidas se trató el diferendo entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República por la recomendación No. 13/2006 por tortura y que ha derivado en una investigación ministerial contra el ombudsman nacional José Luis Soberanes Fernández.
El relator cuestionó el rechazo a la recomendación de la CNDH con el argumento del desistimiento del quejoso. Grossman expuso todas y cada una de las lesiones y heridas recibidas por José Luis Zúñiga y demandó la razón por la cual, en este caso, el desistimiento valió tanto para cerrar la investigación y en otros no, sobre todo cuando se tiene la prueba del certificado médico e, inclusive, una recomendación del presidente del organismo defensor.
El experto confió en que el diferendo entre ambas instituciones sea "pasajero" aunque preguntó si no es debido a un cambio político.
No hay lógica en cifras oficiales
Los expertos también quisieron saber porqué únicamente en 2 por ciento de un total de 8 mil 849 quejas sobre tortura se aplicó una sanción, porque esto frena acciones para promover las denuncias.
El correlator Fernando Mariño Menéndez (España) habló del "peloteo" entre la PGR y las procuradurías estatales, que genera parálisis en las investigaciones por violaciones: "esta ausencia de decisiones es preocupante cuando se trata de tortura". Se inquietó por la suerte de los detenidos y sobre todo de aquellos que lo son por más de 48 horas, de los migrantes, de los casos de esterilización indígena mediante engaños y preguntó: "¿se teme que los indígenas se reproduzcan excesivamente?"
No contento con la respuesta oficial de que no es posible crear una fiscalía para la tortura sin enmendar la Constitución, Mariño Menéndez cuestionó la creación de, por ejemplo, la Fiscalía Especial para Delitos Contra Mujeres. Mostró su desconcierto por el elevado porcentaje de asesinatos de mujeres y el que 40 cuerpos no hayan sido todavía identificados.
Impunidad en violencia de género
El experto habló de cuestiones de reparación y compensación a víctimas, de la obtención de confesiones bajo tortura, del maltrato a extranjeros y de su expulsión inmediata, y de la figura de presunción de inocencia.
La experta marroquí Essadia Belmir criticó que a pesar de la enorme maquinaria creada por México para una nueva cultura de derechos humanos, la tortura y maltratos persistan. "Algo no funciona bien", aseguró; ¿dónde está la falla, la deficiencia? preguntó. La estadunidense Felice Gaer se concentró en la exposición de la tortura de género y de la impunidad; se extrañó de que el gobierno mismo admita que los malos tratos sean habituales y, sin embargo, no se busca ni se procesa a los responsables. Sobre los abusos a 33 mujeres en Atenco, demandó saber si es legal el uso de máscaras por los elementos de policía.
Mañana por la tarde la delegación gubernamental habrá de responder a unas cincuenta preguntas que los expertos expusieron a fin de poder evaluar el cumplimiento de México a sus obligaciones como parte de la Convención internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.