¿A quién benefician las bombas?
Los actos terroristas, lo he dicho siempre, no se justifican ni siquiera por razones revolucionarias, pues en general pagan justos por pecadores. En esta ocasión sólo fueron afectados edificios escogidos simbólicamente según todas las opiniones, y reivindicados por supuestos grupos guerrilleros cuya existencia y responsabilidad están por probarse. Sigue pendiente la comprobación de la autoría de otros hechos semejantes en el pasado, que han quedado en el limbo de las investigaciones realizadas por las autoridades encargadas de hacerlo, sospechosamente.
La selección de los símbolos atacados con bombas de presunta fabricación casera no parece fortuita: un edificio del PRI, el local del tribunal federal electoral que hizo a Felipe Calderón presidente electo y un banco como representación del capital financiero y especulador del país (aunque el banco escogido no fue el más característico de los negocios turbios de los "amigos" del gobierno). La idea, a todas luces, era que pareciera que los autores de los bombazos fueran o estuvieran ligados al pueblo organizado de Oaxaca en contra de su gobernador espurio y/o a la oposición representada por el lopezobradorismo. Esto es lo más sospechoso.
Como en cualquier novela de Agatha Christie, ¿quién se beneficia del crimen? La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), además de que ya se deslindó de los bombazos, a lo largo de su movimiento ha demostrado que su lucha es tan pacífica como los pistoleros de Ulises Ruiz y las diversas policías que han invadido ese estado se lo han permitido. En la megamarcha pasada evitaron que los provocadores de siempre contaminaran el sentido de la manifestación al querer enfrentarse a los federales. En los momentos de los actos terroristas buscaban el diálogo con Fox para acercarse a una solución que sus empleados y los senadores priístas no han sabido ni querido encontrar.
Por motivación e intereses, la APPO queda descartada. A López Obrador y sus seguidores tampoco les benefician los bombazos. Los actos que han realizado han sido de protesta y con carteles en contra de Felipe Calderón, y antes en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de sus cómplices en el Instituto Federal Electoral. Ha sido López Obrador quien se ha encargado, en más de una ocasión desde el episodio del desafuero, de evitar que la gente que lo ha apoyado masivamente desborde la idea de la resistencia civil y pacífica.
Por si a alguien se le ocurriera que se trató de una acción concertada con la otra campaña y que ésta se beneficiaría de las bombas, baste señalar que Marcos es tan despistado que ha propuesto un paro nacional precisamente para un día feriado oficialmente, el 20 de noviembre, cuando casi nadie trabaja.
Y entonces, ¿quiénes se benefician de los bombazos? Quizá podríamos hacer algunas conjeturas, por ejemplo a partir de los efectos inmediatos que producen los actos de terrorismo, aquí y en cualquier parte. Uno de los efectos de las bombas colocadas en lugares específicos y a una hora determinada es que nadie sabe si en el restaurante en el que planea comer, o en la sucursal bancaria donde va a hacer un pago o en la oficina donde hará un trámite podría explotar una bomba. Esta incertidumbre provoca miedo, y la gente, con miedo, sobre todo entre las clases medias, exigirá protección y que alguien vele por su seguridad. Esta exigencia podría traducirse en la respuesta gubernamental más evidente, como ha ocurrido en Estados Unidos después del 11-9: mayor vigilancia policiaca, menores libertades individuales y, no menos importante, represión selectiva de todo aquel que, a juicio de los jefes policiacos y de los aparatos de "inteligencia", sea sospechoso de "conductas antisociales". ¿Exagero? La situación impuesta por la PFP en Oaxaca (barricadas propias, revisiones de ciudadanos, toque de queda, etcétera) no es legal, sino más propia de un Estado de excepción que no ha sido decretado por las autoridades competentes ni por el Congreso de la Unión. Esto podría generalizarse. No debemos olvidar los intentos por evitar efervescencia social que se hicieron semanas antes de la toma de posesión de otro presidente producto del fraude electoral: Carlos Salinas de Gortari. En aquella ocasión (noviembre de 1988) hasta el dirigente del sindicato de trabajadores de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola, hizo una huelga sin consulta y sin aprobación del sindicato para cerrar la máxima casa de estudios y así evitar que los estudiantes pudieran movilizarse para oponerse a la toma de protesta de Salinas.
Es tal la desesperación del actual gobierno y de su sucesor por mantener el poder en México, que no parece descabellado pensar que los bombazos tienen una autoría y que ésta obviamente no tiene nada que ver con grupos revolucionarios ni con los verdaderos opositores al sistema que se quiere mantener a como dé lugar.
Si la idea es que la población, explícitamente o por interpretación de las autoridades, demande un Estado policiaco y la suspensión de las garantías individuales, no lo vamos a hacer, aunque no faltarán personas que, una vez más, con las enaguas levantadas se suban en la silla más próxima pidiendo a gritos histéricos que alguien mate al ratón que supuestamente las amenaza.