Sonora: se integra frente civil para defender internado
Hermosillo, Son., 11 de noviembre. Amas de casa, maestros, estudiantes, abogados, investigadores y periodistas de Sonora integraron hoy un frente de resistencia civil en defensa del internado Coronel J. Cruz Gálvez, cuyas instalaciones pretende vender el gobierno del estado.
Reunidos en la sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad, pugnaron por evitar un madruguete del gobernador Eduardo Bours Castelo y su hermano Ricardo, director del Fideicomiso Impulsor.
El internado fue creado en 1915 para los huérfanos de la Revolución Mexicana. Actualmente, niños y niñas de escasos recursos reciben ahí educación primaria.
El gobierno estatal, mediante el Fideicomiso Impulsor, encargado de desarrollar y promover proyectos de inversión en la entidad, pretende vender el predio de más de 3.5 hectáreas donde opera el internado para construir un centro de convenciones y áreas comerciales.
La historiadora del INAH, Raquel Padilla Ramos, expuso que el inmueble es un conjunto arquitectónico y un proyecto educativo de indudable valor histórico que debe ser conservado, protegido y restaurado, salvaguardando su integridad física y la función social que desempeña.
Refirió que un dictamen técnico-histórico concluyó que los atributos arquitectónicos del inmueble poseen valor excepcional y tiene todas las características de monumento histórico y artístico.
"El patrimonio histórico y cultural de la nación no debe ser objeto de lucro", manifestó Padilla Ramos, quien llamó a la ciudadanía a salir en defensa irrestricta de conservar el patrimonio cultural.
La promotora cultural María Amparo Saavedra Molina dijo que las autoridades estatales alegan proteger a las niñas y niños al asegurar que el edificio está en muy malas condiciones, pero es clara su intención de despojar a los menores de su casa.
Destacó que el gobierno asegura que no hay dinero para rehabilitar el inmueble, "pero sí lo hay para los caprichos más superfluos como el de las cabalgatas", donde participa el gobernador y que cuesta al erario casi dos millones de pesos en sólo dos días.