Editorial
La SSP federal, encubridora
La negativa de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) a acatar la recomendación que le formuló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las severas violaciones cometidas por los efectivos de la primera institución durante los enfrentamientos entre policías y comuneros en Texcoco y San Salvador Atenco, a principios de mayo pasado, pone en evidencia que el interés del actual gobierno en el tema de los derechos humanos es meramente discursivo, y revela hasta qué punto el foxismo ha llevado a la institucionalidad del país a un callejón sin salida.
Por lo demás, el rechazo de Eduardo Medina Mora, titular de la SSP, a la recomendación 38/2006 de la CNDH es el caso más ilustrativo, pero no el único, de la actitud de funcionarios federales y estatales ante los intentos institucionales por corregir los abusos cometidos desde el poder contra la población civil. El Instituto Nacional de Migración (INM) simula que atiende la petición del ombudsman nacional de sancionar a los responsables de la expulsión del país de cinco extranjeros a los que acusó de realizar "actividades no autorizadas" en relación con el conflicto de Atenco y de dejar sin efecto las sanciones impuestas a los afectados. El gobierno mexiquense ha asegurado la impunidad de sus funcionarios públicos responsables de los excesos represivos del 4 de mayo, entre los que destacan dos muertes, violaciones y otros abusos sexuales, tortura, detenciones ilegales, allanamientos de morada, robos, incomunicaciones, integraciones irregulares de las averiguaciones previas y, en el caso de la chilena Valentina Palma, violación del amparo judicial obtenido por ésta para evitar su expulsión del país.
El gobierno de Vicente Fox, quien inició su gestión con un enfático compromiso discursivo de respetar los derechos humanos, termina así como un violador contumaz de tales derechos, en tanto sus declaraciones humanitarias se revelan como un componente más, especialmente exasperante y doloroso, de la escenografía oficial popularmente conocida como Foxilandia.
Por otra parte, la negativa gubernamental a acatar la recomendación de la CNDH confirma la inoperancia de las instituciones generada durante el sexenio que está por terminar. Una vez que se ha comprobado de manera fehaciente que los efectivos de la SSP quebrantaron severamente la legalidad durante el operativo realizado en San Salvador Atenco, y cuando la misma dependencia no ha sido capaz de corregir y sancionar tales atropellos, la recomendación de la CNDH constituye uno de los últimos mecanismos institucionales para restaurar el estado de derecho. Pero hace muchos meses que el Ejecutivo federal ha asumido una actitud de manifiesta hostilidad al organismo que preside José Luis Soberanes, y da la impresión de que desde el propio círculo presidencial se alimenta la animadversión contra el ombudsman nacional. En tales circunstancias, el rechazo a las directivas de la CNDH deviene respuesta casi previsible de las dependencias gubernamentales, con lo que se anula de hecho la capacidad de la comisión para tutelar los derechos fundamentales de las personas ante los abusos del poder público. El ninguneo regular a la CNDH y el desconocimiento casi sistemático de sus recomendaciones constituyen, a su vez, un mensaje implícito de aliento a la impunidad para los servidores públicos y los cuerpos de seguridad y orden público del Estado implicados en violaciones a las garantías constitucionales, a las libertades individuales y al Código Penal.
En suma, al igual que en los terrenos de transparencia, democracia, operación política, justicia y bienestar social, seguridad pública, entre otros, en materia de derechos humanos el saldo de este sexenio es un completo desastre.