El Centro Pro considera clave que la PGR declare que le compete el caso
Pendientes, averiguaciones previas sobre víctimas de agentes policiales en Atenco
A casi seis meses de que 16 mujeres presentaron demandas penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los abusos de autoridad, agresiones sexuales y tortura de que fueron víctimas por elementos policiacos el pasado mayo en el operativo efectuado en San Salvador Atenco, continúa pendiente la integración de las averiguaciones previas, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Para el organismo civil de defensa de las garantías fundamentales, lo principal, por ahora, es que la PGR declare oficialmente su competencia en el caso, con lo cual se confirmaría, otra vez, la veracidad de las denuncias de las afectadas, así como la parcialidad con que ha actuado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Luisa Pérez Escobedo, coordinadora del programa de defensa integral del Centro Pro, consideró que la posición de las autoridades es minimizar y descalificar las denuncias públicas y penales que han iniciado las afectadas. De ahí la importancia de la decisión que asuma la PGR en este caso.
Al referirse a la posición del secretario federal de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, la activista opinó que mantiene un criterio de encubrimiento de los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP). Sin embargo, para el Centro Pro resulta evidente la violación de las garantías individuales de que fue víctima la población en dicho operativo.
Pérez Escobedo recordó que al otro día de la incursión policiaca en el poblado mexiquense, integrantes del Centro Pro fueron al hospital López Mateos, al reclusorio de Santiaguito adonde se les impidió el acceso, así como a los domicilios que fueron cateados. Recabaron testimonios de los afectados y, en particular, de las mujeres que estuvieron detenidas y denunciaron agresiones sexuales perpetradas, la mayoría, durante el traslado al penal.
Recordó que organismos internacionales enterados de los hechos ya han recomendado a la PGR que atraiga la investigación de los casos de las agredidas, debido a que la procuraduría mexiquense no garantiza independencia ni autonomía.
En función de ello, mencionó, la PGR, y específicamente la fiscalía especializada en la atención de delitos contra las mujeres, tendría que elaborar su propio peritaje sobre las denuncias, aun cuando existen suficientes elementos para acreditar la participación de la PFP en las violaciones a los derechos humanos de las 16 mujeres.