Burócratas de menores ingresos, los más afectados
Aun con recorte de plazas, no se redujo gasto corriente
Mandos medios y superiores mantienen privilegios
El recorte de plazas en el gobierno federal no ha servido para reducir el gasto corriente. Los elevados salarios que perciben los mandos superiores se mantienen y, de acuerdo con el presupuesto de egresos de este año, el gasto corriente en servicios personales ascenderá a más de 166 mil millones de pesos, que representan 45.2 por ciento del total de ese rubro. Los directores de Pemex y del IMSS perciben una remuneración mensual de 139 mil y 142 mil pesos, respectivamente.
El documento señala que el número de burócratas y funcionarios públicos en las secretarías de Estado excluyendo a los organismos públicos descentralizados y a las entidades apoyadas, ascendió en 2005 a 496 mil 493 plazas, por lo que el costo promedio unitario anual de cada de cada plaza fue de 178 mil 251.1 pesos.
A pesar de que se observa en este año una reducción de 5 mil 416 plazas en el personal adscrito a las diferentes secretarías de Estado, con respecto al presupuesto de 2005 y de poco más de 26 mil con respecto de 2004, el costo promedio anual de una plaza es mayor que en 2004 en 16 mil 749.5 pesos.
Lo anterior, dijo el consultor financiero Mario Di Costanzo, se explica porque la reducción en el número de plazas ha sido mayormente en el personal operativo y no en los funcionarios de mandos medios y superiores, porque existen grandes diferencias entre las percepciones.
La información oficial establece que las que tendrán un mayor costo unitario anual por plaza son la Secretaría de Relaciones Exteriores (700 mil 338 pesos); la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República (559 mil 437 pesos) y la Presidencia de la República (547 mil 642.3 pesos).
Las dependencias con un menor costo unitario promedio anual serán las de Seguridad Pública con 46 mil 111 pesos y la de la Defensa Nacional con 113 mil 804 pesos, precisó Di Costanzo.
A lo anterior hay que agregar las prestaciones adicionales que los funcionarios públicos de alta jerarquía reciben; prácticamente se ha generado un sistema de "seguridad social" para esta elite gubernamental a la que por obligación constitucional el Estado debe otorgarle a sus trabajadores y que presiona las finanzas públicas.