Hubo avances en transparencia, pero los resultados de la Femospp son decepcionantes
Reprocha Human Rights Watch apatía de Fox por defender derechos humanos
Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, "México no ha adoptado medidas que efectivamente enfrenten los problemas de derechos humanos", asegura el balance sexenal en la materia elaborado por la organización Human Rigth Watch (HRW).
El texto, titulado México, el cambio inconcluso, señala que, aunque la administración foxista logró avances en los niveles de apertura y transparencia, éstas pusieron en evidencia los escasos resultados en defensa de los derechos humanos.
El reporte de la organización se centra en el tema de procuración y administración de justicia, sobre todo por los nulos resultados en el esclarecimiento de los crímenes del pasado, los feminicidios en Ciudad Juárez, y las continuas prácticas de tortura que se siguen presentado en el país.
HRW aborda los aportes de la administración que está por culminar: la apertura a la observación internacional en materia de garantías fundamentales y el acceso a la información pública en poder del Estado.
Aunque con la creación de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) instituida en 2001 Fox intentó resolver el conflicto de la impunidad en el tema, "los resultados obtenidos han sido decepcionantes", anota.
Agrega que, a pesar de que se presentaron logros como la consignación de Miguel Nazar Haro, ex titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, "una serie de importantes desaciertos" los eclipsó. Además de que, señala el reporte, de los más de 600 casos que esa instancia investiga, sólo se han logrado consignar 15, amén de que los procesos que inició el fiscal Ignacio Carrillo (hasta el cierre del informe de HRW) "no han llevado a condena alguna".
La organización internacional aduce que una muestra de que los avances de la Femospp fueron insuficientes es el informe del personal de la fiscalía, conocido en abril pasado, el cual indicaba que existen evidencias que comprometen a ex funcionarios y militares en los crímenes de la llamada guerra sucia. El documento "es en sí mismo, la evidencia más clara de que la fiscalía especializada podría haber hecho mucho más".
HRW explica que, aunque con la Femospp se trató de atacar la impunidad, el "no haberlo logrado es, en definitiva, responsabilidad de la misma administración que la creó. Tras poner en marcha este ambicioso proyecto, la administración Fox no garantizó que la oficina contara con la credibilidad, capacidad técnica y las facultades necesarias para alcanzar sus objetivos".
En torno a la tortura, HRW dice que ésta continúa presentándose porque los agentes del Ministerio Público aún pueden usar las declaraciones obtenidas mediante la fuerza como evidencia en los procesos judiciales.
Otro caso de violación a garantías fundamentales es que las leyes mexicanas inhiben a los jueces la facultad de conceder libertad provisional a los sospechosos que tienen el derecho a enfrentar el juicio en su contra en libertad. HRW afirma que en consecuencia, hoy más de 40 por ciento de los presos mexicanos no han sido condenados por los delitos que se les imputan, "y muchos permanecen encarcelados por meses junto a criminales ya condenados".
El informe señala que aunque Fox envió al Congreso federal propuestas de reformas al sistema judicial para eliminar dichas prácticas, las iniciativas "se encuentran paralizadas en el Congreso desde hace más de dos años y las probabilidades de que sean sancionadas en el futuro inmediato son mínimas.
"La falta de resultados en estas dos iniciativas, que son tan diferentes, demuestra que México no ha podido integrar los derechos humanos y la seguridad pública en una agenda única y coherente", dice el informe.
Finalmente, HRW propone que el próximo gobierno federal continúe con la política de apertura internacional de observación a los derechos humanos y promueva un mayor nivel en el acceso a la información.
En cuanto a los desaciertos, plantea promover la rendición de cuentas y el fin de la impunidad de "las atroces violaciones" a las garantías fundamentales cometidas en el pasado, a partir del ordenamiento a las fuerzas armadas para que colaboren "activamente" con quienes se encarguen de investigar los hechos, y promover una ley que impida que los casos de la guerra sucia sean juzgados por tribunales militares. Además, propone establecer una comisión de la verdad con la independencia y los recursos necesarios para elaborar "un recuento histórico legítimo" de los abusos cometidos en el pasado.
En torno a las medidas para lograr una mejor procuración de justicia, HRW indica que debe reformarse el sistema de administración de la misma con disposiciones como requerir que las confesiones sean rendidas ante un juez para tener valor probatorio; conferir discrecionalidad a los jueces para otorgar libertad provisional a los sospechosos que no constituyan riesgo para la sociedad ni sean proclives a evadir la justicia; y hacer valer el principio de presunción de inocencia en la Constitución.