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Dictadura, dice el diccionario, es el "Gobierno que, invocando el interés público, se ejerce fuera de las leyes constitutivas del país". Los diccionarios no marchan siempre a la par con la semántica; los hechos no se compadecen con las palabras. En Oaxaca, por ejemplo, la población está sometida a una virtual dictadura estatal. El Ejecutivo oaxaqueño, encarnado por el gobernador Ulises Ruiz, simboliza un poder autoritario, clasista, corrupto, corporativo, racista y caciquil que, carente de toda legitimidad, utiliza los medios represivos a su alcance, transgrede la paz social y agudiza la violencia y el desgobierno en todos los ámbitos y niveles sociales.
Apoyado a nivel federal por el presidente Vicente Fox, su sucesor espurio Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN), el sátrapa Ruiz, con el aval de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) y con aliados en el poder empresarial, ha establecido un régimen represivo que practica la tortura, la desaparición forzosa y el asesinato de opositores, vía la acción violenta de grupos paramilitares y sicarios a sueldo como componentes básicos de una guerra sucia típica del terrorismo de Estado. Con el respaldo de la Policía Federal Preventiva que actúa como ejército de ocupación en su propio país se mantiene en el poder mediante leyes de excepción, en un virtual Estado de sitio.
En la coyuntura, Oaxaca exhibe la crisis del sistema de dominación en México, incluidas sus instituciones, que responden a los intereses de la clase en el poder. Se trata de una crisis nacional, donde se está cuestionando todo un sistema económico, político, jurídico y social, que, basado en la superexplotación, el saqueo, la corrupción, la impunidad, el fraude electoral y la antidemocracia, sólo puede mantenerse en el poder mediante la represión.
Frente a ese estado de cosas, hace cinco meses surgió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) como un embrión de poder popular que se ha ido transformando de manera acelerada de un modelo de organización inicialmente defensivo en una propuesta orgánica de tipo horizontal y asamblearia, donde, con eje en una amplia política de alianzas y órganos de dirección colectiva, se practica la democracia directa. Se trata de un movimiento plural y diverso, participativo, autonómico, autogestionario, que, a partir de una fecunda resistencia civil en los plantones y las barricadas, se ha ido autodeterminando y ciudadanizando en el ejercicio concreto de la soberanía popular. Pero expresa, a la vez, el resultado de un largo proceso de acumulación de fuerza producto de las luchas comunales, regionales y sectoriales que se han venido registrando en el territorio oaxaqueño.
Como un escalón más en ese proceso de lucha, en su congreso constitutivo, los días 10, 11 y 12 de noviembre, la APPO decidió transformar la revuelta popular en una revolución pacífica, democrática y humanista. También definió el carácter antimperialista, anticapitalista y antifascista del movimiento. Si bien sus objetivos inmediatos son la caída de Ruiz, el cese de la represión y la salida de la PFP del estado, al mismo tiempo, se plantea impulsar la transformación profunda y transversal del actual régimen autoritario para generar un nuevo pacto social y las reformas necesarias que permitan transformar las instituciones y sentar las bases para la creación de una asamblea constituyente que elabore una nueva Carta Magna bajo la premisa de la transparencia, la rendición de cuentas y la revocación del mandato.
Conviene tomar en cuenta que la estrategia de poder de la plutocracia y sus aliados es impedir una revolución popular y cualquier cambio, por pequeño que sea, que amenace los resortes básicos de su dominación. El continuismo en el plano económico no puede separarse del continuismo en el plano político, aunque cambien las tácticas que se emplean dentro de la misma estrategia de poder. Tácticas que se resumen en desmovilizar y dividir al movimiento popular, para imponer la política económica sin recurrir, en lo posible, al ejercicio abierto y continuado de la violencia. La violencia reaparece cuando un conflicto social o sindical ataca dicha política, y recrudece cuando el ataque afecta a los instrumentos del poder. Verbigracia, Sicartsa, Atenco y Oaxaca. En esos casos la clase dominante se olvida por completo del marco de legalidad que impuso.
No hay que confundir gobierno con poder. Tampoco ignorar que lo más probable será que la oligarquía se oponga por la violencia a los cambios que Oaxaca y el país requieren. A medida que el pueblo profundice sus objetivos y radicalice sus movilizaciones, los señores del dinero irán aumentando la violencia de la represión. Es un proceso determinado por el ascenso en la combatividad de las masas y la inseparable escalada represiva. Un proceso de cambio radical es siempre un ininterrumpido proceso de acumulación. Dada la actual correlación de fuerzas, la tarea y la táctica principal es seguir acumulando fuerzas políticas y sociales, no en la pasividad, sino en el combate, generando a la vez conciencia política, impulsando formas de organización basadas en la solidaridad y la participación para la defensa de los intereses del pueblo, auspiciando direcciones colectivas. Esas formas organizativas constituyen gérmenes de poder popular, como los que existen en las autonomías zapatistas y los que se están forjando en la comuna de Oaxaca. En una etapa cualitativamente superior, de doble poder, la multiplicidad de gérmenes complementados por una conducción política posibilitará la conformación de un polo opuesto al del actual Estado plutocrático y estará cerca, entonces, la posibilidad de construir una república democrática y humanista como la que desean millones de mexicanos. Sólo entonces habrá patria para todos.