Usted está aquí: martes 21 de noviembre de 2006 Política Encuentran más irregularidades en los expedientes por el caso Atenco

El documento consignatorio al MP lo firma persona diferente de quien los presentó

Encuentran más irregularidades en los expedientes por el caso Atenco

Inválidas, las imputaciones a Ignacio del Valle por secuestro, afirman abogados

EMIR OLIVARES ALONSO

Ampliar la imagen Habitantes de San Salvador Atenco se manifiestan frente a los juzgados en Toluca para exigir la liberación de los detenidos durante los operativos de mayo pasado Foto: Agencia MVT

Tras analizar la averiguación previa del caso San Salvador Atenco, los defensores de la mayoría de los detenidos por esos hechos encontraron diversas irregularidades acreditadas, a partir de las declaraciones de los policías que aprehendieron a los manifestantes.

Una de las anomalías "más graves" es que varios de los elementos policiacos afirman que fue el comandante Arturo Centeno Cano quien puso a disposición del agente del Ministerio Público a los detenidos el 4 de mayo, cuando en la averiguación previa ­a la que se tuvo acceso­ es señalado Juan Estrada como el que firma la puesta a disposición, documento que inclusive no está firmado por el agente del Ministerio Público, Alejandro Martínez Santiago, lo que, en palabras de los abogados de la otra campaña, la hace "inválida".

Las declaraciones de los policías aparecen en el tomo tres del expediente de la averiguación previa con fecha de 4 de mayo de 2006.

Otro elemento irregular es la declaración de Aquiles Alvarado, denunciando secuestro ­palabras que aparecen en la página 11 del tomo uno del expediente­, en la que expresa que un grupo encabezado por Ignacio del Valle trasladó a elementos de seguridad al auditorio de San Salvador Atenco, lo que se contradice con el pliego de consignación de Octavio Bernal Ocampo, subdirector operativo de la zona oriente de la Agencia Estatal de Seguridad ­agente que puso a disposición del Ministerio Público a Del Valle y a 97 personas más el 3 de mayo­, en el que afirma que el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se encontraba atrincherado en una vivienda en Texcoco (la retención de los policías fue en Atenco), y que fue aprehendido junto con varias personas más alrededor de las 15 horas, "por lo que Del Valle no pudo participar en el supuesto secuestro".

"Comparezco ante estas oficinas de representación social con la finalidad de poner a disposición de esta autoridad a quienes responden a los nombres (un listado de más de 90 personas) al haber sido asegurados el día de hoy (3 de mayo) siendo aproximadamente las 15 horas en un operativo que se llevó a cabo en el municipio de Texcoco", afirma Bernal Ocampo en el documento acompañado de su firma.

Una irregularidad más que ha sido encontrada por el equipo de abogados de la mayoría de los detenidos y procesados en el penal de Santiaguito, estado de México, por estos hechos, es la declaración del policía José Campos Aguilar, quien fue retenido por los pobladores de Atenco entre el 3 y 4 de mayo, donde asegura que los atenquenses le robaron sus gafetes de identificación; sin embargo, en su declaración, emitida el 4 de mayo, el agente se identifica con el gafete número PM-340 (aparece en la hoja 128 del tomo uno), "identificación que no pudo obtener en menos de un día", señalaron los representantes legales.

El expediente contiene, además, declaraciones idénticas, hasta con los mismos errores ortográficos, en las afirmaciones de varios policías, entre ellos Eduardo Santiago Jiménez, José Guadalupe Sotelo Ricardo, Francisco Javier Sánchez León, Jesús González Díaz y Enrique Jair Ortiz Dosal.

"De acuerdo con la jurisprudencia, cuando las declaraciones son idénticas carecen de todo valor probatorio", aseveraron los litigantes.

Ante estas y muchas irregularidades más que se presentan en el expediente del caso, de más de 28 tomos de alrededor de 600 hojas cada uno, expresaron que el juez primero de distrito en materia de amparo, Wily Vega Ramírez. tiene los "elementos suficientes" para ordenar la libertad de las 30 personas que permanecen detenidas y de los procesados que están en libertad bajo caución, en respuesta al amparo promovido en días pasados contra el segundo auto de formal prisión que se dictó a los implicados el pasado 31 de agosto. Resolución, que, dijeron, en apego a los plazos constitucionales debe presentarse a más tardar el 22 de noviembre.

 
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