Las detenidas en Atenco y Texcoco "lavaron voluntariamente su ropa": Carmona
Director de Santiaguito, exculpado de alterar evidencia de violaciones a mujeres
El titular de Readaptación Social del Edomex responde señalamientos de la CNDH
Toluca, Mex., 21 de noviembre. La Dirección General de Readaptación Social del gobierno del estado de México exculpó a Irineo Sánchez Dávila, director del penal de Santiaguito, a quien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identifica como responsable de alterar evidencias de las vejaciones que sufrieron 23 de las 46 personas detenidas en los operativos policiacos de San Salvador Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo.
De acuerdo con el organismo de defensa de las garantías individuales, Sánchez Dávila mandó lavar la ropa de las detenidas para borrar evidencias de los abusos sexuales de que fueron víctimas durante su traslado de Atenco al penal de Santiaguito a manos de efectivos de la Agencia de Seguridad Estatal.
Alejandro Carmona Prantl, responsable del sistema penitenciario mexiquense, informó que tras la investigación realizada en la Dirección General de Readaptación Social se llegó a la conclusión de que Sánchez Dávila no tiene responsabilidad, porque hay la certeza de que las detenidas "voluntariamente lavaron" su ropa.
El funcionario indicó que la supuesta alteración de evidencias surgió a raíz de un peritaje que realizaron químicos del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el 12 de mayo a las prendas, ocho días después del ingreso de las 46 detenidas.
Si encontraron las ropas lavadas dijo fue porque ellas mismas, sin que nadie las obligara, las asearon. Aquí a nadie se le obliga a nada, agregó Carmona Prantl.
Pese a ello, en la recomendación 38 de 2006, la CNDH señala que no se preservaron las evidencias que secuelas de las lesiones y abusos ocasionados por elementos policiacos dejaron particularmente en las vestimentas de las agraviadas, puesto que al llegar e ingresar al penal de Santiaguito, elementos de este centro "les quitaron algunas prendas y a otras las obligaron a lavarlas", en contravención a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, relativos al aseguramiento de los instrumentos y de las cosas objeto o efecto del delito.
Carmona Prantl informó que en la investigación que se inició a raíz de la recomendación sólo se tomó la declaración del director del penal y no de las agraviadas, "porque este testimonio ya lo tiene la CNDH".
La pesquisa, que duró menos de una semana, también involucraba al personal médico de este centro preventivo ubicado en Almoloya de Juárez, ya que la CNDH acreditó que no se brindó atención adecuada a las detenidas una vez que ingresaron al penal. El funcionario informó que tampoco se encontró responsabilidad de algún servidor público de esa área.
En la respuesta que envió el gobierno del estado de México a la CNDH se explica que las personas detenidas se negaron a recibir atención médica y se anexaron constancias de las recetas que prescribieron algunos galenos del penal para curar sus heridas o padecimientos.
Recabamos "información de los doctores, quienes aportaron todas las constancias médicas, la recetas, los fármacos que se compraron, inclusive, cuando algunos señores de Atenco se negaban a recibir la medicina, ellos los hicieron firmar un contrarrecibo de los medicamentos que dejaban."
Para el director de Readaptación Social del gobierno mexiquense, los dos puntos de la recomendación del caso Atenco que le atañen ya fueron atendidos. "Ahora corresponde a la CNDH valorar nuestra respuesta y determinar si con esto es suficiente o si lo que hicimos es válido o no", dijo.