La PGR no podrá solicitar orden de captura contra él; exige el sindicato cesar persecución
Conceden amparo a Gómez Urrutia
El juez séptimo de distrito con sede en Guadalajara, Jalisco, giró una orden para que la Procuraduría General de la República (PGR) no pueda solicitar ninguna orden de aprehensión contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, debido a que se violó su derecho a la defensa y no se ha permitido a sus abogados conocer los juicios ni presentar pruebas, razón por la cual inclusive el sindicato emitió ayer un "ultimátum" al gobierno federal, en el que señala que cese su persecución o habrá huelga general en el sector.
Marco Antonio del Toro y Juan Rivero Legarreta, defensores de Napoleón Gómez Urrutia, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que explicaron que esta orden de un juez federal deja atada de manos a la PGR, ya que no podrá, por tiempo indefinido, solicitar alguna orden de captura contra este líder. Se trata de una suspensión definitiva en "vía de amparo" que fue solicitada por los abogados, debido a que el Ministerio Público no dio acceso al acusado a todas las averiguaciones previas abiertas en su contra.
Los abogados denunciaron que además no se les ha permitido acreditarse como defensores legales de Gómez Urrutia, no les han dado a conocer los expedientes acusatorios y mucho menos se les han querido recibir las pruebas. Incluso se tuvo que ir a los estados donde pesan acusaciones contra el líder para notificar a las autoridades de la PGR de la suspensión, acompañados de notario público, porque las autoridades no les quieren recibir ningún documento.
De esta forma ya fueron notificadas todas las autoridades de la PGR sobre los efectos de la suspensión, a fin de que si se intenta consignar un expediente ante un juez federal contra Gómez Urrutia, quede acreditado que hubo "abuso de autoridad", sostuvo Del Toro.
En tanto, Rivero sostuvo que evidentemente se trata de una "acción concertada", de una "confabulación" contra el dirigente en la que ha participado el gobierno federal por medio de la Secretaría del Trabajo y la PGR.
El abogado explicó que hay la posibilidad legal de acreditar el destino de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero; que son falsos los supuestos cheques que se han emitido a miembros del comité; que se falsificó la firma de uno de los miembros del comité de vigilancia que supuestamente depuso a Gómez Urrutia; y sobre todo que se ha entorpecido abiertamente la acción de defensoría del líder y que hay una absoluta parcialidad de las autoridades judiciales en este caso.
En la conferencia también estuvo presente el abogado laboral Néstor de Buen, quién planteó que se ha formado un "cerco" legaloide para impedir que se pueda defender Gómez Urrutia y agregó que el origen de todo el conflicto es el "monopolio" que tiene la Secretaría del Trabajo para entregar las "tomas de nota" a los líderes sindicales que quiere reconocer y no le son incómodos, y que en realidad, se trata del ejercicio de un fuerte control sobre las organizaciones y sus comités.
A ello, Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del sindicato, dijo que ante la arbitrariedad hacia esta organización lo que le queda es el camino de la resistencia. Por ello se prevé llegar a un paro nacional si el gobierno no cancela la serie de enredos que inició el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, al desconocer al dirigente de este gremio. Por lo pronto, se mantiene la decisión de efectuar una falta colectiva el próximo primero de diciembre, así como una marcha de mineros en Michoacán, y que el 11 de diciembre, en el contexto de la reunión mundial de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica se realizarán acciones de protesta en diversas embajadas por este asunto.