Presentan libro sobre la trascendencia del caso
Documentan que el operativo de mayo fue para aniquilar el movimiento
Las violaciones a los derechos humanos que se presentaron durante el operativo en el municipio de San Salvador Atenco, por su "gravedad y trascendencia" deben rebasar la visión de los casos específicos de agresiones a las garantías fundamentales por parte de la policía, con objeto de avanzar hacia una reforma estructural en materia de seguridad pública, propone el libro De Atenco a la reforma policial democrática, editado de manera conjunta por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Durante la presentación del trabajo se señaló que "el compromiso real de las autoridades con el respeto a los derechos humanos sólo se hará manifiesto cuando se impulsen, con honestidad y decisión, procesos amplios de reforma que aborden directamente las causas estructurales detrás de la ilegalidad de la actuación policiaca".
Luis Arturo Macías, director del Centro Prodh, afirmó que la actual administración federal se caracterizó por la tendencia a "militarizar" la seguridad pública en el país, lo que, consideró, "constituye un peligro para una incipiente democracia".
El libro asegura que el operativo del 3 y 4 de mayo pusieron de manifiesto "los problemas estructurales de los órganos policiales", al igual que las fallas en los modelos de policía y seguridad pública prevalecientes.
El uso de la fuerza pública con la finalidad de castigar es una de las fallas en las que incurren las corporaciones policiacas. "Su aplicación es contraria a la democracia"; además, se aclara en el libro, en el caso de Atenco resulta difícil explicar la violencia del operativo como mera respuesta a las agresiones, sin incluir alguna tolerancia o consigna de las autoridades policiales.
Asimismo, señala que otro de los problemas que el caso Atenco sacó a la luz fue el uso político de la fuerza pública, pues "el objetivo del operativo no parece haber sido detener a individuos culpables de determinados delitos, sino actuar en contra de un colectivo difuso, al cual se quería desarticular con anterioridad a los hechos".
Ante esto, el texto refiere que el respeto a los derechos humanos "no es uno de los ejes centrales de evaluación de los operativos policiales"; que su objetivo central es la idea del "restablecimiento del orden", concepto que no coincide con la consolidación de un Estado democrático; y que existe una lectura "superficial" del estado de derecho en el país, pues se ha usado la fuerza pública de manera "brutal y abusiva" para controlar diversas manifestaciones sociales, lo que refuerza el círculo de injusticia, impunidad y confrontación entre gobierno y sociedad.
Por su parte, el director de Insyde, Ernesto López Portillo, afirmó que una de las soluciones para evitar que las corporaciones policiacas continúen con el uso de la fuerza pública es que se transparente la labor policiaca, pues contrario a lo que se podría suponer, la transparencia no debilita a la policía.