La Red Todos los Derechos para Todos presentó agenda en la materia
Desalentador panorama en derechos humanos para el próximo sexenio, afirma Edgar Cortez
El panorama en derechos humanos para el próximo sexenio es "bastante desalentador" debido a que el presidente electo, Felipe Calderón, impulsará el mismo sistema económico de los últimos años, que en su diseño es contrario a estas garantías, porque sólo genera más pobreza y desigualdad en la mayoría de la población, aseguró Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT).
Al presentar la agenda en la materia de la red de organismos civiles, Cortez dijo que el objetivo principal de este trabajo es dirigirse a la ciudadanía y no precisamente al gobierno federal, debido a que "si la sociedad se moviliza y presiona, hay posibilidad de que los derechos humanos avancen".
Subrayó que los defensores de derechos humanos no esperan demasiado en la materia por parte de Felipe Calderón debido a que éste ha sido claro en su discurso de emplear la "mano dura, que se traduce en más leyes, más cárceles y más policía; pero no precisamente más justicia y seguridad para los ciudadanos".
La agenda de la RTDT pretende comenzar a ver frutos a mediano plazo (a partir de los próximos cinco años) y uno de sus principales temas es el de los derechos de las mujeres, debido a que existe un "déficit histórico" con ese sector, por lo que se decidió emprender su defensa a partir de cuatro ejes fundamentales: derechos laborales, violencia, feminicidios y trata de mujeres.
Persiste discriminación contra la mujer
El reporte alerta de que a pesar de que ese sector constituye 33 por ciento del mercado laboral y 58 de la fuerza productiva a escala mundial, ni la legislación ni las políticas sociales se han encaminado a facilitarles la entrada a un trabajo digno y asalariado; además, se señala que la discriminación en lo laboral provoca que se presente también este fenómeno en ámbitos como en la educación.
Agrega que la mujer gana en promedio 33 por ciento menos que el hombre por trabajos similares, amén de que continúan presentándose despidos por embarazos, para tener acceso a algunos trabajos se les solicita la prueba de ingravidez y siguen siendo objeto de hostigamiento sexual.
Por ello, la agenda propone reconocer en la ley laboral las garantías laborales de las mujeres; que se respeten los convenios internacionales contra la discriminación en el sector; que se eliminen las prácticas discriminatorias que vulneran los derechos sexuales y reproductivos, y que se generen mecanismos que cuantifiquen y valoren el trabajo no remunerado en el hogar, la agricultura, la reproducción y el trabajo comunitario.
En cuanto a la violencia contra el sector, se propone elevar a rango constitucional el derecho a una vida libre de violencia; que se garantice el ejercicio a la toma de decisiones sobre el cuerpo propio; que se aplique el derecho a interrumpir un embarazo en caso de violación sexual; garantizar el acceso y difusión de información sobre derechos sexuales y reproductivos; que se capacite a organismos no gubernamentales y públicos para brindar atención a mujeres agredidas sexualmente, y capacitación al personal de salud y de procuración de justicia en materia de perspectiva de género, derechos humanos y violencia intrafamiliar.
En torno al feminicidio y a la trata de mujeres, la RTDT propone que se tipifique el primero como delito, que se armonice la legislación con el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, y que los organismos públicos de derechos humanos consideren estas prácticas como violaciones a las garantías fundamentales.
La agenda también propone que se aborde el caso de los pueblos indígenas, comunidades que tendrán que luchar por la conquista de sus derechos, entre ellos el de nombrar a sus propios gobiernos, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales, en que se someta a revisión los acuerdos comerciales que ha contraído México para asegurar que se respeten dichas garantías.
En seguridad y justicia, la red propone la supresión de funciones civiles por parte de las fuerzas armadas, y la separación de las tareas de prevención del delito con las de procuración y administración de justicia, además de que se adopte el principio de presunción de inocencia durante un procedimiento judicial. También, que se aborden las garantías de los defensores y del sistema público de derechos humanos.