Otra vez la reforma
Entre las declaraciones de Felipe Calderón y las de su secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, destaca de nuevo la oferta de llevar a cabo la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que tanto ocupó el tiempo, sin resultado alguno, de la administración de Vicente Fox.
Es obvio que la reforma es conveniente. El problema es determinar desde qué perspectiva. Y a partir de allí, a quiénes se encargue de esa tarea, para lo que se deberá procurar que sean especialistas; algunos de la etapa anterior lo eran, y buenos. Deberá establecerse previamente, quizá con una consulta pública, cuáles serían las líneas generales de la reforma.
No se puede dudar de que, en alguna medida, deben flexibilizarse las relaciones individuales. La exigencia de crear empleo, quizá la más importante del momento actual, lo hace indispensable. Pero en la misma medida, es absolutamente necesaria la transformación intensa de las disposiciones que regulan el derecho colectivo del trabajo. Es inadmisible que se mantenga, como un privilegio del Estado, el registro de los sindicatos y la toma de nota de sus directivas. De lo segundo tenemos buen ejemplo en la insolente intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el reconocimiento a Elías Morales como supuesto secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que los jueces de distrito se han abstenido de remediar, haciendo presumir una notable influencia de las autoridades en su conducta.
México ha suscrito desde 1950 el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948). Hay que recordar que su artículo 3, segundo párrafo, prohíbe a las autoridades públicas intervenir o limitar ese derecho o entorpecer su ejercicio legal. Nuestra venerable LFT y las autoridades que la aplican se pasan por el arco del triunfo esa disposición que, de acuerdo con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene un valor superior a la ley.
Hay que desaparecer el corporativismo de nuestra vida sindical. El último gesto del presidente Fox de ponerle a la presa El Cajón, la obra más importante del sexenio, el nombre de Leonardo Rodríguez Alcaine (lo que provocará que seguramente la presa sea conocida como La Güera), hace sospechar que un régimen que invoca suceder al anterior por su pertenencia al mismo partido pueda verse inclinado a seguir esos pasos. Ojalá que no ocurra así.
Otro tema de indispensable reforma es desaparecer las juntas de Conciliación y Arbitraje, saldo de la época fascista en que, en otros países, recibían el nombre de magistraturas del trabajo. Nuestras juntas fueron anteriores al fascismo, pero siempre han perseguido el mismo fin: poner en manos del Poder Ejecutivo, federal o local, el control de los tribunales de trabajo.
En los países en que se impuso la democracia, particularmente España, Portugal, Brasil y otros, las magistraturas han sido sustituidas por jueces dependientes del Poder Judicial que resuelven, conjuntamente, conflictos laborales y de seguridad social. En el proyecto de reforma a la LFT que preparamos Carlos de Buen y yo para el PAN (trabajo estrictamente profesional) nuestra propuesta fue denominarlos jueces de lo social, con capacidad independiente para cada rama, porque no es lo mismo el derecho del trabajo que el derecho de la seguridad social.
Tal vez habría que revisar algunas reglas procesales y buscar la forma de eliminar la clasificación de enfermedades y accidentes de trabajo para delegar la función de hacerlo en una ley más flexible y reformable de acuerdo con los avances de la medicina. En la LFT estorban mucho.
Javier Lozano, quien presenta un currículum de escasa relevancia laboral, tendrá que rodearse de un buen grupo de subsecretarios y asesores. Yo soy de los que creen que un secretario de Estado debe ser, ante todo, un político y no un especialista. Si, además, como él mismo lo ha dicho, es un buen conciliador, mucho mejor.
Los especialistas deben estar alrededor, en la tarea de fijar los criterios técnicos y aportar su experiencia académica y profesional. Hay, en el mundo laboral, buenos especialistas representantes de los sectores empresarial y sindical, de estos últimos particularmente confiables los que formularon críticas muy serias al proyecto Abascal. La pretensión de que el tema se resuelva por unanimidad me parece muy difícil de alcanzar. En eso estará la clave del problema. Cada grupo intentará con sus propias fuerzas imponer sus criterios.
La responsabilidad final del proyecto tendrá que recaer en la autoridad, sin duda en el caso, el secretario del Trabajo. El siguiente paso será el acceso a un Congreso que se presenta dividido y que sólo podrá funcionar mediante alianzas. Hoy parecería más viable la que pudiera establecerse entre el PAN y el PRI, aunque para los efectos de una reforma laboral, la intervención del PRD tendrá que ser definitiva.
Habrá mucho que decir. A los profesionales y académicos especialistas nos tocará una interesante labor de crítica.