Durante su gobierno ignoró resoluciones del ITEI e intentó modificar la ley de transparencia
Prepara PRD expediente negro de Ramírez Acuña por violaciones a los derechos humanos
Será entregado a organismos nacionales e internacionales para su investigación: Inti Muñoz
Francisco Ramírez Acuña, quien "destapó" las aspiraciones presidenciales de Felipe Calderón y a quien actualmente se menciona como posible secretario de Gobernación del gabinete panista, durante su gestión como gobernador de Jalisco se caracterizó por la "opacidad", al negarse a entregar información que sobre sus ingresos le requirió el Instituto de Transparencia e Información Pública de esa entidad (ITEI) y pretender reformas a una de las leyes de transparencia más avanzadas del país. Asimismo, por cometer violaciones a los derechos humanos.
El PRD anunció ayer en Jalisco que ya integra el expediente negro del gobernador con licencia, para ponerlo a disposición de organismos nacionales e internacionales esta misma semana a fin de que se le investigue y se difunda la verdad sobre su actuar represivo.
El ex diputado federal del PRD Inti Muñoz Santini agregó que ese partido acompañará la demanda penal que interpondrán jóvenes torturados el 28 de mayo en la marcha altermundista que tuvo lugar en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado del Caribe, América Latina y la Unión Europea, y refirió que Ramírez Acuña en cualquier momento puede ser denunciado penalmente y procesado en distintos organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Además de las cuentas pendientes que tiene en su haber en materia de derechos humanos, Ramírez Acuña marcó su gestión por la opacidad y la promoción de reformas que representaban un retroceso en temas de transparencia y rendición de cuentas.
Todavía en agosto pasado, el comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio, en un llamado a la opinión pública advirtió del riesgo de "retrocesos" en la materia de concretarse las reformas que promovía el mandatario estatal, con el apoyo de legisladores del PAN y del PRI, a la Constitución y a más de 40 artículos de la Ley de Transparencia de Jalisco.
El titular del ITEI, Augusto Valencia López, en su momento advirtió que las reformas pretendían eliminar el carácter vinculatorio, inatacable y obligatorio de las decisiones del organismo; vulnerar su autonomía al dar a las dependencias gubernamentales la atribución de clasificar o desclasificar la información, y llevar al tribunal de lo administrativo estatal las resoluciones respectivas.
Rebeldía gubernamental
La razón de la escaramuza fue la negativa del mandatario estatal a acatar una resolución del ITEI, en septiembre de 2005, vinculada con la entrega de copias de sus recibos de salario. Para ello, argumentó que el ITEI no podía ser superior jerárquico del gobernador. Así lo expresó el 9 de diciembre de 2005, en el programa radiofónico A fondo Noticias: "El instituto (ITEI) no es mi superior jerárquico; el gobernador del estado no tiene superior jerárquico".
Argumentó que esa información se tenía en la página web del gobierno estatal. Pero si se la pedían por ley, no la entregaba. Así le dijo al entrevistador: "Si tú me lo pides ahorita (el recibo de nómina), yo te lo entrego. Si me lo pides en los términos de ley, no te lo entrego". Otros funcionarios estatales a quienes se les pidió su recibo de ingresos (diputados, alcaldes y el presidente del Tribunal de Justicia del estado) sí cumplieron la orden del ITEI.
Ramírez Acuña también se rebeló contra la multa que le impuso el ITEI, tras alegar que "un instituto no tiene facultades para aplicar sanciones". Ante la rebeldía del gobernador a respetar una ley, el ITEI integró contra Ramírez una denuncia penal (expediente 02/2005) por abuso de autoridad, en noviembre de 2005. El instituto presentó además una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por videograbar sin su consentimiento a abogados del ITEI que accedieron al expediente de la averiguación previa contra el gobernador con licencia. Valencia López denunció entonces que la PGJE buscó "intimidar" a los integrantes de ese instituto, a pesar de ser legítimo su acceso al expediente.
Días antes de que Calderón revelara la integración de su gabinete, la PGJE dio carpetazo al expediente de Ramírez Acuña, tras concluir que el mandatario no actuó con dolo al negarse a entregar copia simple del recibo de pago de su salario.