La resolución del magistrado Ricardo Paredes podría exculpar a Luis Echeverría
Inminente, el fallo definitivo sobre la matanza del 2 de octubre de 1968
Los defensores del ex mandatario insisten en que el genocidio prescribió el 10 de noviembre de 2005
Especialistas en el tema dividen opiniones sobre la vigencia del delito
Esta semana será definitoria para el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, acusado del delito de genocidio.
El magistrado federal Ricardo Paredes Calderón concluyó este fin de semana el estudio del expediente en que se señala al ex mandatario federal priísta como el principal artífice de la matanza perpretada el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
De acuerdo con fuentes de primer nivel del Poder Judicial Federal (PJF), el juzgador, con el apoyo de uno de sus secretarios de acuerdos, preparó dos proyectos de resolución.
Uno implicaría la exculpación total de Echeverría Alvarez, y con ella quedaría cerrado en definitiva el caso de la matanza en Tlatelolco, ocurrida hace 38 años. En este primer dictamen se propone resolver que si bien el delito de genocidio no ha prescrito, se niega detener y sujetar a proceso al inculpado por falta de elementos jurídicos para demostrar su "probable responsabilidad" en el delito.
El otro proyecto de dictamen se pronuncia por revocar el auto de libertad que el pasado 7 de julio libró el juez federal Ranulfo Castillo a favor de Echeverría, ordenar la reaprehensión del ex presidente y ordenar que se le inicie un juicio por el delito de genocidio.
Si esto sucede, sería la primera ocasión en la historia jurídica del país en que se inicie un proceso penal por un presunto genocidio, además de que tampoco hay antecedentes de que un ex presidente de la República haya quedado sujeto a un juicio de esa índole.
Los funcionarios del PJF consultados precisaron que el magistrado Paredes Calderón decidirá esta semana, probablemente hoy o mañana, con cuál de los dos proyectos se queda.
La versión de los abogados del ex mandatario
Sin embargo, los abogados de Luis Echeverría, Juan Velásquez y Heraclio Bonilla, insisten en sostener su argumento de que el presunto delito de genocidio prescribió el 10 de noviembre de 2005.
Esa postura recibió el aval del juez Ranulfo Castillo, para quien fue fundamental una copia certificada de la renuncia a la Secretaría de Gobernación que el 10 de noviembre de 1969 entregó Echeverría al entonces titular del Ejecutivo federal, para asumir la candidatura a la Presidencia.
Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en 2004 al revisar el asunto de la matanza del 10 de junio de 1971 que en el caso de Echeverría los plazos de prescripción respecto del delito de genocidio debían correr a partir de que terminó su periodo en la presidencia, en noviembre de 1976, los defensores del inculpado alegaron ante el juez Ranulfo que entre la renuncia de su defendido a Gobernación (el 10 de noviembre de 1969) y el día previo al que asumió la titularidad del Ejecutivo federal (30 de noviembre de 1970) hubo un periodo de un año y 20 días.
De esta forma, del 10 de noviembre de 1969 al 30 de noviembre de 1970, cuando dejó el servicio público, la prescripción corrió, por lo que, al tiempo normal de la prescripción (30 años) del delito de genocidio, el juez restó un año y 20 días, y después sumó los siete años, un mes y nueve días en que Echeverría se desempeñó como secretario de Gobernación y presidente. De acuerdo con esa operación, el 10 de noviembre de 2005 ocurrió la prescripción.
Hay elementos para juzgar al antiguo mandatario: Mattar Oliva
No obstante, otro funcionario judicial, el magistrado José Angel Mattar Oliva, quien tiene mayor nivel jerárquico que el juez Ranulfo, no sólo consideró al ordenar la aprehensión de Echeverría el pasado 30 de junio que el presunto genocidio cometido en 1968 no ha prescrito, sino que existen los elementos de prueba suficientes para inculpar al ex presidente de ese delito.
"Luis Echeverría Alvarez fue quien fraguó de manera intencional, con conocimiento de causa, en su calidad de secretario de Gobernación durante el gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, en compañía de otros altos funcionarios tales como el secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el director de Seguridad Pública, el subdirector y delegado supernumerario de esa dependencia y el propio Presidente de la República un plan para destruir de manera parcial al grupo nacional opositor al gobierno denominado Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y simpatizantes del movimiento estudiantil de 1968", concluyó Mattar Oliva cuando libró la primera orden de aprehensión contra un ex mandatario del país.
La decisión ahora está en manos del titular del segundo tribunal unitario en materia penal.