Llama la Cámara a vigilar que se cumpla esa obligación
Cesa la ASF a 4 empleados por no presentar declaración
Los órganos internos de control de los tres poderes de la Unión deben dar seguimiento puntual a la declaración de conclusión de los servidores públicos, y en caso de que ésta sea omitida deberán aplicar la sanción correspondiente, advirtió el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el perredista Antonio Ortega Martínez, luego de informar que cuatro trabajadores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fueron despedidos por no entregar su declaración patrimonial.
Aseveró que los despidos y renuncias de personal de la administración pública resultan especialmente intensos al concluir los periodos de gobierno. Los cuatro funcionarios, explicó, fueron inhabilitados por resolución unánime de los diputados que integran la Comisión de Vigilancia de la ASF, ya que omitieron presentar su declaración patrimonial de conclusión de cargo público dentro de los 60 días naturales inmediatos a la renuncia o liquidación, como ordena el artículo 37, fracción segunda, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Se trata de Santos Landero Pacheco, subdirector de sistemas; Laura Elena Uribe Fraga, subdirectora de la misma área; Héctor Alberto Balboa Melgarejo, jefe del departamento de control de operaciones, y Guillermo Clemente Valerio Espinosa, director de auditoría de proyecto. Los cuatro no podrán ocupar durante un año ningún cargo o comisión en la administración pública.
Ortega Martínez señaló que la sanción es un buen ejemplo del combate a la impunidad, que debe prevalecer en toda la administración pública. La Cámara, añadió, cumple a cabalidad su compromiso de rendición de cuentas, y esa acción podría tener efectos inmediatos en todas las dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación.
Sostuvo que la declaración patrimonial es un instrumento relevante en el combate a la corrupción y la impunidad. Existe, dijo, la posibilidad de que la ASF pueda realizar una verificación especial del cumplimiento de dicha obligación, dentro de su programa de auditorías correspondiente a la cuenta pública 2005 y 2006.
Esas sanciones constituyen la principal causa de inhabilitación de funcionarios de la administración pública. "Al menos resulta curioso observar la recurrencia de los mandos altos y medios de las dependencias públicas, quienes se niegan a presentar su declaración de conclusión", aseveró.
Ortega consideró que sería conveniente que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no sólo contemplara la sanción administrativa, sino también una investigación directa del patrimonio de todos aquellos trabajadores que hayan omitido el cumplimiento de esa obligación.