El principal sospechoso, hijo de un empresario, fue exculpado por la PGJ en 2005

Silencio de autoridades queretanas a 2 años del asesinato de un joven

Abogados confirman que dejan el caso; no hay informes pese a protestas civiles y exhortos de la CNDH

MARIANA CHAVEZ CORRESPONSAL

Querétaro, Qro., 26 de noviembre. Este lunes se cumplen dos años del asesinato de Marco Antonio Hernández Galván ­en medio de un incidente de tráfico­ y aún se desconoce al responsable del homicidio, que en principio fue identificado como Federico Ruiz Lomelí, conductor de la camioneta BMW color negro de la que descendió el responsable. Las autoridades estatales han mantenido hermetismo en torno al caso, el cual se ha caracterizado por el silencio de familiares y amigos de la víctima, así como por una campaña pública de exoneración en favor de Ruiz Lomelí, hijo del empresario Federico Ruiz Rubio, concesionario de la marca Coca-Cola.

Sergio Guerrero Patiño, uno de los tres abogados del principal testigo del homicidio, Miguel Gerardo Rivera Alcántar, confirmó que él y sus compañeros dejaron el caso, y recordó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no ha hecho público si existen avances en la investigación.

Gerardo Rivera aseguró en 2005, como parte de una ampliación de su declaración ministerial por este asunto, que la persona que disparó contra Marco Antonio Hernández fue Federico Ruiz Lomelí, a quien reconoció luego de observar una fotografía en la página de Sociales del diario local A.M.

Los abogados Sergio Guerrero Patiño, Gerardo Alcocer Murguía y José Alfonso Rodríguez interpusieron diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la Contraloría estatal, por irregularidades en que la PGJE incurrió durante las investigaciones.

Luego de dos años, Sergio Guerrero confirmó que ya no llevan "el caso", y rechazó explicar por qué ya no representa al testigo que señaló a Ruiz Lomelí como autor del crimen.

Tras el asesinato de Marco Antonio Hernández, estudiante de 18 años de edad, reporteros de diversos medios, representantes de organizaciones sociales y empresariales, han sido citados en privado por personas allegadas a Federico Ruiz con la finalidad de explicarles lo que sucedió la madrugada del 27 de noviembre de 2004, fecha del homicidio.

Como parte de esas reuniones, la corresponsalía de La Jornada fue invitada a una plática informal con Federico Ruiz. Con la aclaración de que no se trataba de una entrevista ­por lo que se impidió grabar o tomar fotografías­, el inculpado detalló las actividades que realizó el día del asesinato. Su relato es el mismo que el titular de la PGJE, Juan Martín Granados Torres, presentó a los medios el 14 de abril de 2005.

Los hechos

Aproximadamente a las 3 de la madrugada del 27 de noviembre de 2004, Marco Antonio Hernández Galván circulaba en un Tsuru blanco, con sus amigos Miguel Gerardo Rivera Alcántar, Gamaliel Rivera González y Juan Eduardo Cumplido Sánchez.

Durante su comparencia ante la CNDH, efectuada el 4 de abril de 2005, tras una queja que interpuso junto con sus abogados por la falta de imparcialidad de la PGJE en el caso, Miguel Gerardo Rivera sostuvo que en la avenida Pasteur de esta ciudad, una camioneta BMW les cerró el paso y ambos conductores bajaron al mismo tiempo de sus automotores. Entonces el chofer apuntó a Miguel con una pistola y lo golpeó.

Al observar la riña, Marco Hernández se bajó del Tsuru y empezó a pelear con el conductor de la BMW. El arma se disparó durante el forcejeo, y enseguida Miguel, que yacía en el piso, observó que Marco cayó al suelo. Entonces oyó que una mujer dijo: "Para que aprendas a no meterte con nosotros".

Federico Ruiz, que iba con su esposa y varios amigos, fue detenido esa misma noche cuando circulaba en un vehículo BMW en la avenida Constituyentes de esta capital al lado de un vehículo escolta, cuyos ocupantes llevaban armas 9 milímetros y .380, con los permisos correspondientes.

Gamaliel Rivera González y Juan Eduardo Cumplido Sánchez, amigos del asesinado que viajaban en los asientos traseros del Tsuru, fueron trasladados en diferentes momentos a la calle donde estaba detenido Federico Ruiz, para que lo reconocieran o descartaran como el agresor. Pero ninguno logró determinar si en efecto era el asesino, por lo que Fernando Oropeza, comandante de la Dirección de Seguridad Pública del estado, ordenó dejar en libertad a los tripulantes de la camioneta BMW.

El 14 de abril de 2005, el titular de la PGJE, Juan Martín Granados Torres, dijo que como parte de la averiguación previa I/929/2004, el Ministerio Público resolvió concluir la línea de investigación en la que Federico Ruiz era sospechoso del homicidio, al no existir pruebas, pues a la hora que ocurrió el crimen se encontraba comiendo tacos.

Sin embargo, la actuación de las autoridades dio pie a que diversas organizaciones considerarán que la exculpación de Ruiz Lomelí estaba ligada al poder económico de su familia en la localidad.

Granados Torres ha señalado que como parte de la línea de investigación abierta por este caso, ha citado a comparecer a escoltas de René Juárez Albarrán, hijo del ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros, sin obtener respuesta de su homólogo de esa entidad.

En una recomendación que la CNDH emitió el 31 de octubre de 2005 al gobierno estatal, destacó que éstas "actuaron indebidamente al no poner a disposición del representante social a los conductores y tripulantes de los referidos vehículos", además violó 18 artículos y apartados de la Constitución política federal, así como diversos pactos en materia de derechos humanos y debida procuración de justicia, pues los agentes policiacos propiciaron una "clara dilación en la investigación e integración de la investigación previa". Las autoridades estatales rechazaron esta recomendación.

Reacciones de la sociedad civil

El 28 de noviembre de 2004, día siguiente al del asesinato, algunos medios de circulación local dieron cuenta del crimen en su sección policiaca. El único medio al cual el principal testigo Miguel Gerardo Rivera concedió una entrevista fue el periódico A.M., y eso, hasta marzo de 2005.

La familia Ruiz Rubio desmintió de inmediato, a través de desplegados en medios impresos, la versión de que Federico Ruiz Lomelí fue responsable del homicidio.

Las autoridades se niegan a ofrecer información oficial, mientras diversos grupos ciudadanos expresaron con manifestaciones su rechazó al crimen, y la presunta parcialidad en las investigaciones.

En noviembre del año pasado, el poeta Julio Figueroa se desnudó frente a palacio de gobierno estatal para exigir aclarar el asesinato, y a lo largo de 2005 aparecieron pintas en diversas calles de la capital que aludieron al caso.

El escándalo no ha mermado las actividades empresariales de la familia Ruiz Rubio, a cuyos integrantes suele verse presentes en informes de los poderes Ejecutivo y Judicial de Querétaro.

Consuelo Ruiz Rubio es presidenta del Club de Industriales del estado; Guadalupe Ruiz Rubio encabezó al Patronato de la Universidad Autónoma de Querétaro, mientras Roberto Ruiz, ex titular del Club de Industriales, hoy encabeza al Grupo Fomento Queretano.