Por definir, responsabilidad de ex director de Obras
Caso de anomalías en Iztapalapa divide a funcionarios de la CMH
La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra en un brete para definir si existe responsabilidad de Norberto Matadamas Aguilar, ex director general de Obras de la delegación Iztapalapa durante la gestión de Víctor Hugo Círigo Vázquez, en la asignación que se hizo de 13 contratos de obras, por cerca de 6 millones de pesos, a una empresa cuya dirección y la de una de sus accionistas coincidía con la del ex servidor público.
Así lo revela el oficio AOP/06/0926, de fecha 17 de noviembre de este año, firmado por el titular de la Dirección General de Auditoría a Obra Pública (DGAOP) de la CMH, Gildardo Chávez Gallardo, y dirigido al director general de Asuntos Jurídicos de este mismo órgano técnico de fiscalización, Pedro Cárdenas Ruelas, en el que se da cuenta de las diferencias que han tenido, de octubre de 2005 a la fecha, sobre ese caso.
El texto, de ocho cuartillas, precisa que en el primer semestre de 2004 se denunció en varios medios de comunicación que Norberto Matadamas había asignado 13 contratos a la constructora IMAA, cuyo domicilio fiscal, así como la de Marisela Escobedo Téllez, coincidía con la del director general de Obras.
Derivado de ello, explica el documento, la Asamblea Legislativa ordenó una auditoría, la que realizó la DGAOP durante la primera parte de 2005, y en la que se concluyó que sí existía tal similitud de direcciones, y por tanto una irregularidad.
No obstante, las cosas se complican en la CMH al momento de definir qué curso debe seguirse posterior a este resultado. En octubre de 2005, el director de Auditoría a Obra Pública hace saber al director de Asuntos Jurídicos de esa misma instancia que la Contraloría Interna de Iztapalapa había iniciado un proceso de investigación contra Matadamas, y que entonces "por la naturaleza de la irregularidad el asunto era estrictamente jurídico", por lo que le pide que determine lo conducente.
Según el oficio referido, un mes después el Jurídico de la CMH responde que con los elementos presentados por la DGAOP no son suficientes "para afirmar que existe relación profesional, laboral y de negocios" entre la accionista de la empresa y Matadamas.
De ahí en adelante se da un intercambio epistolar en el que cada área presenta sus argumentos, y mientras la DGAOP sostiene que sí hay irregularidades y se debe dar cauce a este asunto, la DGAJ considera que no es posible asegurar esas anomalías, toda vez que los domicilios no son los mismos.
En este último oficio de noviembre, el director de Auditoría a Obra Pública, Gildardo Chávez, presenta un recuadro con la dirección tanto del ex funcionario de Iztapalapa como de la constructora IMAA y de la accionista de esta empresa: Manuel Avila Camacho, manzana 60, lote 684, colonia ejidos Santa María Aztahuacán.
Por último, Chávez Gallardo insiste al Jurídico de la CMH que se pronuncie sobre la procedencia o no del dictamen técnico correctivo y funde que no hay los elementos suficientes para seguir adelante con este asunto, "ya que las razones técnicas o documentales son de carácter jurídico y no de obra".