"Yo sólo pido una cosa, una nada más: que me dejen verlas para saber que están bien"

Preocupa la salud de los detenidos en Oaxaca; los enviaron a Nayarit

Intentan las autoridades ocultar el maltrato físico y la tortura, denuncian ONG y familiares

ALONSO URRUTIA, OCTAVIO VELEZ ENVIADO, CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 27 de noviembre. "Yo sólo pido una cosa, una nada más: que me dejen verlas para ver que estén bien". Es una petición elemental en condiciones normales para el familiar de un detenido, pero lo que pide Angela Soriano es casi imposible aquí y ahora, bajo este estado de excepción. Sus hermanas Lourdes y Socorro fueron detenidas el sábado pasado, día de la movilización de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), aunque no participaban en ella.

Reunidos en una casa, recelosos de todo aquel que se acerque, los familiares comparten su desesperación, su indignación y su impotencia. Un hombre relató, sin ocultar su ansiedad, la búsqueda de su hermano Ismael Sánchez: "yo llegué ayer al penal de Miahuatlán a buscarlo; cuando se lo llevaron tenía golpes en la cabeza y al parecer una costilla rota, pero no me dejaron verlo. Como a las 3 y media, nos dijeron que los iban a mover porque había un motín de reclusos en su contra y ya luego los vimos cómo los sacaron a él y a todos los detenidos del sábado del penal para subirlos a dos helicópteros".

Otro familiar terció: "los llevaban a todos esposados y agachados. No los dejaron decir nada. Los estaba cuidando el mismo Ejército, para sacarlos hacia otras cárceles fuera del estado". Los testimonios dan cuenta de que los helicópteros PF202 y PF203 sirvieron para el traslado ­según se oficializó después­ de más de 140 detenidos el sábado pasado.

Muy cerca de ahí, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, una asamblea de alumnos fue convocada para conocer sobre los graves sucesos en torno a esa escuela: una balacera ocurrida el sábado pasado y la desaparición de Luis Javier Pacheco, estudiante del quinto año que colaboraba en los puestos de socorrro.

En la asamblea se denunció que "el sábado 25 de noviembre, alrededor de las 21 horas, un grupo de personas que intentaba resguardarse en las instalaciones de la facultad al ser perseguido por paramilitares y judiciales fue arteramente acribillado en el frontispicio de nuestra escuela, como lo evidenciaron testigos presenciales, siendo los cuerpos levantados por los elementos mencionados, estando actualmente en calidad de desaparecidos".

Ante los alumnos, el director de la facultad, Víctor Navarro, habló de la desaparición de Pacheco, de quien informó que habría sido trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, según reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les dijo también que presentarían una denuncia por ambos hechos, pero no ocultó su recelo porque "todas las instituciones son paleras del gobierno".

Después hablaría la madre del estudiante, Gabriela Vázquez, y justo realizaba su denuncia cuando se escucharon disparos, sobresaltando a los asistentes. A las puertas de la facultad, un vehículo rojo había cerrado el paso a un automóvil gris donde viajaban tres estudiantes de medicina, dos de los cuales fueron "levantados".

Versiones posteriores de los estudiantes responsabilizaron a Francisco Vázquez, un "porro" de la universidad "al servicio de Lino Celaya", secretario de Protección Ciudadana del gobierno del estado. Los hechos fueron considerados por los estudiantes como parte de la cadena de intimidación y represión hacia los estudiantes que han participado en los puestos de socorro, durante los hechos violentos de las semanas recientes.

Ilegalidad en los traslados

Por la mañana, Yésica Sánchez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, se reunió con los familiares de los detenidos, ante quienes dijo que "sus testimonios particulares dan cuenta de que hay un patrón general del estado en la incomunicación, en obstaculizar su defensa legal y en su traslado a otros penales para que, entre otras cosas, poder ocultar las evidencias del maltrato físico, las torturas de que fueron víctimas".

Frente a estas circunstancias, dijo después en entrevista, el discurso del estado de derecho con que se ha justificado todo este operativo en Oaxaca queda totalmente rebasado y fuera de lugar. Son claras las evidencias de los excesos cometidos; muchas de las mujeres fueron golpeadas, tenemos testimonios de que a alguna de ellas le arrancaron la blusa.

Entre los familiares, las explicaciones se convierten en súplicas para que alguien haga algo por detener los excesos. Susanne Brass denuncia la desaparición de su esposo Juan de Dios Gómez, un reportero de la agencia Indimedia ­donde laboraba el reportero estadunidense Brad Hill, asesinado hace días­ y quien deploró el maltrato que la Policía Federal Preventiva hizo de los familiares que sólo querían saber de ellos.

Reyna Ruiz, cuyo esposo Roberto Morales está detenido, narró su historia, un peregrinar de penal en penal para verlo, sin resultados. "Ellos si saben dónde está, ¿por qué nos golpean sicológicamente con tanta negativa? Queremos saber de ellos". En su visita a Miahuatlán, le tocó ver la salida de un grupo de presos, "los hombres golpeados brutalmente y todos, hasta las mujeres esposadas y agachadas, en la fila para subir al helicóptero".

Apenas estaban diseñando una estrategia legal para lograr comunicarse con sus familiares cuando el rumor se convirtió en una versión oficial confirmada: los detenidos fueron trasladados al penal de San José del Rincón, Nayarit, por ser considerados presos de alta peligrosidad.

Un calificativo que no conciben los familiares para quienes en realidad fueron detenciones indiscriminadas. José Luis Zurita explicó que su esposa fue aprehendida cuando se dirigía a la tienda; Angela Soriano afirmó que sus hermanas fueron "levantadas" muy lejos del Centro Histórico. Y agregó: "yo voté por Ulises, ¿por qué hace esto, por qué el gobierno permite esto?"