Presunta responsabilidad en desaparición de 2 agentes
Ordena juez arresto domiciliario del ex dictador chileno Pinochet
Santiago, 27 de noviembre. El ex dictador Augusto Pinochet recibió un regalo de cumpleaños atrasado del juez Víctor Montiglio, quien ordenó hoy el arresto domiciliario del general retirado por su presunta responsabilidad en la desaparición de dos miembros del cuerpo de seguridad del derrocado presidente Salvador Allende, Wagner Salinas y Francisco Lara, víctimas de la llamada caravana de la muerte.
El juez estimó que existen suficientes antecedentes para procesarlo por la muerte de los guardias, desaparecidos en los días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La autoridad judicial tiene elementos para suponer que Salinas y Lara fueron detenidos el 30 de septiembre de 1973 en la localidad de Curicó, a unos 250 kilómetros al sur de Santiago, adonde fueron trasladados y finalmente ejecutados días después.
El arresto fue realizado por la llamada caravana de la muerte, comitiva militar que recorrió el país al comienzo de la dictadura pinochetista, en busca de presuntos colaboradores del gobierno socialista de Allende y de las organizaciones que trataron de resistir la usurpación de los militares.
A la caravana de la muerte se le atribuye la responsabilidad de casi un centenar de asesinatos, cometidos en los últimos meses de 1973.
La decisión del magistrado Montiglio significó un segundo arresto domiciliario para Pinochet en su lujoso palacete de La Dehesa.
El anciano, de 91 años, quien celebró su cumpleaños el sábado pasado, está en libertad bajo fianza por otros procesos judiciales, incluidos casos como homicidio y tortura en la llamada Villa Grimaldi.
Pinochet fue interrogado en su domicilio en el contexto de esa investigación, el 26 de octubre pasado.
La indagatoria se produjo meses después de que la Corte Suprema confirmó el desafuero de Pinochet por esos dos asesinatos, por los cuales también serán procesados otros militares.
El día de su cumpleaños, la esposa de Pinochet, Lucía Hiriart, leyó un manuscrito en el que el ex dictador asumió la responsabilidad política de sus crímenes, pero defendió los asesinatos cometidos durante su régimen.
Al conocer ese "testamento político" de Pinochet, el defensor de los derechos humanos Eduardo Contreras calificó de "burdo e insostenible" el pretexto de los abogados de que el ex dictador no puede ser procesado por padecer "demencia senil".
Ese argumento sirvió como base a la Suprema Corte para cerrar el proceso contra el general retirado en julio de 2002, dos años después de su apertura en los tribunales.