El crédito para agronegocios creció de 2 a 25% en cinco años, asegura Sagarpa
Microempresas rurales, excluidas del financiamiento formal: CNOC
El campo mexicano requiere de mil 700 intermediarios para cubrir la demanda del sector
Ingresos no agrícolas representan 60 por ciento del ingreso de las familias rurales, lo que indica que en los últimos años han surgido microempresas que requieren formas específicas de financiamiento, pero no son atendidas por la banca de desarrollo ni por la comercial, destacó el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).
En la mayoría de las localidades rurales no existen sucursales bancarias y hay un escaso desarrollo de organismos de la banca social, mientras que la banca de desarrollo llega sólo al estrato más desarrollado del campo, expuso Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social e integrante del CNOC. Se estima que se requieren al menos mil 700 intermediarias financieras rurales para cubrir ese vacío de financiamiento y de atención bancaria.
Para el subsecretario de Fomento a los Agronegocios, Norberto Roque Díaz de León, la situación es diferente. "En los últimos cinco años, el financiamiento al sector creció en 50 por ciento, beneficiando a 220 mil productores que registran más de 450 fondos de garantía, y productores de menor tamaño tienen acceso al crédito".
Ambas partes, en foros diferentes, presentaron visiones encontradas de la situación del financiamiento para el campo, Mientras el CNOC insistió en la construcción de una amplia base institucional que posibilite el acceso a los servicios financieros para todas las familias rurales cada una tendría que atender entre cinco y diez mil personas, el subsecretario de la Sagarpa afirmó que la situación financiera para el sector agropecuario ya no es tan desalentadora como al inicio de esta administración, pues recibía sólo 2 por ciento del financiamiento total otorgado en el país y ahora es de 25 por ciento.
El acceso a los servicios financieros es una condición ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza, pero es necesario reconocer la diferencia de condiciones en que se desarrollan instituciones financieras, comentó Cruz Hernández al término del foro Hacia un nuevo sistema financiero rural en México. Y ejemplificó: en Chihuahua, un intermediario financiero rural puede operar créditos individuales de 400 a 600 mil pesos entre los productores medios; en Sonora y Sinaloa, los ejidatarios requieren créditos de 80 a 100 mil pesos, pero los campesinos de los estados del sureste demandan créditos de 4 a 8 mil pesos.
Ante esas diversas necesidades, el CNOC conformado por siete organizaciones de productores sugirió el impulso a lo que denominó banca para todos, que sugiere reconocer a organizaciones financieras populares en las áreas rurales que son autogestivas, pero que requieren leyes que garanticen igualdad de oportunidades.
Esas organizaciones necesitan una política de Estado que reconozca el papel de la banca social y establezca un mandato para construir una banca popular invirtiendo durante los próximos diez años para su construcción y consolidación. Además de un marco legal adecuado y de un ordenamiento de las políticas públicas para favorecer el microfinanciamiento, habría que constituir un instituto mexicano de finanzas rurales y reformar la banca de desarrollo con la fusión de Financiera Rural y de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura).