Un particular, con apoyo de policías, impide desde hace días ingresar a las tierras, dicen
Ejidatarios de Nayarit denuncian intento de despojo de 600 hectáreas
Piden apoyo de autoridades agrarias para frenar violación a bienes de propiedad legal
Ejidatarios de La Peñita de Jaltemba fueron despojado de unas 600 hectáreas, luego de que una persona desconocida, con el apoyo de policías del municipio de Compostela, Nayarit, en menos de una semana cerró el único acceso a sus tierras que colindan con la playa, la cual forma parte del desarrollo turístico de la Escalera Náutica.
Indignados por la acción arbitraria, pues el sujeto que los despojó de quien dijeron desconocer su nombre elaboró una lista de quienes podían acceder a las citadas tierras; aunque son ejidales, están cultivadas y con ganado, por lo que los campesinos presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República "contra quien resulte responsable", y demandaron el apoyo de las autoridades agrarias.
Flavio Gómez Covarrubias, Florentino Topete de Jesús y Luis Alberto Martínez Aguirre comisionados por treinta ejidatarios, según consta en la demanda de apoyo que entregaron en la Procuraduría Agraria (PA) explicaron que el pasado 23 de noviembre, cuando pretendieron ingresar a sus predios para realizar sus labores cotidianas, encontraron que el único acceso, conocido como Punta Rasa, estaba bloqueado con material de construcción y una malla ciclónica.
"No hay alternativas para llegar a nuestras tierras de cultivo y a las de uso común, pues el acceso a estas últimas también está bloqueado por policías municipales y personal del fideicomiso Bahía de Banderas y sólo se permite entrar a quienes aparecen en una lista que ignoramos quién elaboró y no son ejidatarios", explicaron en entrevista los campesinos que arribaron a la ciudad de México para interponer sus demandas ante las autoridades judiciales y agrarias.
Como integrantes de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), los ejidatarios de La Peñita de Jaltemba comentaron que con el cierre del único acceso se cancela también la posibilidad, cuando inicie el desarrollo turístico, pues la explotación de la zona federal fue concesionada por las autoridades de Medio Ambiente a los ejidatarios. "Sabemos que en breve iniciarán las obras para el desarrollo turístico", abundaron los ejidatarios.
Las cerca de 600 hectáreas de los ejidatarios colindan con la playa Rincón de Guayabitos; el área de la playa virgen que forma parte de las tierras ejidales es ambicionada por particulares, quienes incluso ya empezaron a ofrecer a los ejidatarios sumas entre 20 y 30 por ciento mayores al costo estimado de las tierras que hizo la Comisión Nacional de Avalúos hace algunos años, cuando se expropiaron 799 hectáreas al ejido como parte del proyecto de desarrollo Bahía de Banderas.
"Hemos sufrido abusos, acoso, detenciones arbitrarias por la defensa de la tierra y ahora es el despojo de un particular que al parecer es respaldado por el gobierno de Nayarit, por eso ahora acudimos a las autoridades federales para pedir su intervención", abundaron los campesinos.
Flavio Gómez Covarrubias estuvo nueve meses en el penal de Nayarit acusado de invasión a propiedad ajena, aunque esa tierra era la suya; luego de ganar el juicio interpuso otro para defender su propiedad, lo mismo hicieron Florentino Topete y Luis Alberto Martínez. En 2004, los tres obtuvieron la resolución favorable de las autoridades judiciales.
En la petición que entregaron a la PA, los ejidatarios denunciaron que el representante de esa instancia en Nayarit se ha negado a convocar a una asamblea ejidal como lo estipula la ley correspondiente y ha quedado como legal una reunión en la que se aceptó como ejidatarios a un grupo de personas que impusieron funcionarios del fideicomiso de Bahía de Banderas. "Los intereses económicos por estas tierras han generado muchos conflictos al ejido", destacaron.
Los campesinos pidieron a la PA ordenar al delegado en Nayarit convocar a asamblea los ejidatarios con derechos legalmente reconocidos y que la misma sea aceptada como legal. También solicitaron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pues por la obstrucción ilegal del único camino de acceso y el inicio de obras en la playa, se violentan las concesiones otorgadas a los campesinos. "Es preocupante que el gobierno del estado se brinque arbitrariamente los títulos de concesión otorgados por el gobierno federal y no se intervenga para detener los daños ambientales", asentaron en el escrito.