Solapó el gobierno de EU asesinatos en Juárez
Un sicario que participó en al menos 12 ejecuciones de las narcofosas fue su informante
Nueva York, 4 de diciembre. Uno de los participantes en por lo menos 12 ejecuciones realizadas por el cártel de Juárez fue informante del gobierno estadunidense, el cual supo de los asesinatos, nunca alertó a su contraparte mexicana o hizo algo para evitarlos, reveló el periódico inglés The Observer.
En un reportaje exclusivo en su edición del 3 de diciembre, el rotativo detalló que tenía una serie de documentos presentados en tres juicios que se realizan por separado en ese país, según los cuales por lo menos 12 asesinatos en la llamada casa de la muerte en Ciudad Juárez no sólo fueron un hecho más de violencia mortal de narcotraficantes, sino "parte de un horrendo escándalo, una telaraña de confabulación y encubrimiento desde la salvaje frontera texana a altos funcionarios de Washington cercanos al presidente Bush".
Rememora cómo en 2004 se descubre una narcofosa común en el jardín de una casa en Ciudad Juárez, con por lo menos 12 cadáveres. Uno de los asesinos era un informante del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos Guillermo Ramírez Peyro o Lalo, a quien agencias de seguridad pública estadunidense pagaron más de 220 mil dólares para ser espía en el cártel de Juárez.
Ramírez Peyro grabó el asesinato del abogado mexicano Fernando Reyes el primero en el que participó para sus manejadores estadunidenses. Sus actividades fueron aprobadas y autorizadas no sólo por las oficinas regionales del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, sino por altos funcionarios en Washington, incluyendo los del Departamento de Justicia.
Los jefes de Lalo en el cártel le informaban cuando estaban por llevar a cabo otro asesinato lo que llamaban "carnes asadas", y en cada ocasión notificaba a sus pagadores en el Departamento de Seguridad Interna, quienes nunca hicieron nada para evitarlos.
Los estadunidenses estaban buscando armar un caso contra Heriberto Santillán Tabares, El ingeniero, lugarteniente de Vicente Carrillo Fuentes, cabeza del cártel de Juárez; Lalo fue reclutado por Santillán.
Durante varios meses de 2003 y hasta inicios de 2004 el jardín de la casa de la muerte se empezó a ''llenar''. Lalo participó en por lo menos 12 ejecuciones (ayudó a detener, secuestrar, golpear, matar y/o enterrar víctimas) y en cada ocasión, insiste, informaba sobre lo que se planeaba o lo que acababa de ocurrir. Detalló también la participación de policías mexicanos que trabajaban para el cártel. Grabó varias conversaciones y hasta golpizas.
Mientras Santillán y Lalo seguían con las ejecuciones, los manejadores estadunidenses armaban el caso contra Santillán, el objetivo principal de la misión.
Y por fin recibieron autorización del Departamento de Justicia para tender una trampa y lograr que Santillán cruzara la frontera a Estados Unidos para arrestarlo. Fue el 15 de enero de 2004, un día después de que Santillán había ordenado la ejecución de tres personas más, incluyendo un inmigrante mexicano de El Paso que, al parecer, resultó en una identidad equivocada. Sólo fue dos días después el 17 de enero que los estadunidenses finalmente informaron a las autoridades mexicanas de que en el jardín de la casa de la calle Parsonieros 3633 se encontraba una fosa común.
Un agente condecorado de la DEA, Sandy Gonzalez, encargado de la oficina de El Paso, estalló al conocer el manejo del caso por la burocracia del Departamento de Seguridad Interna, y envío una carta a su contraparte denunciando el operativo que había costado tanta sangre innecesaria. Además, argumentó que una vez que se habían enterado sobre las "carnes asadas", tenían la obligación legal "y moral" de hacer algo. Pero González fue obligado a renunciar después de 30 años de servicio cuando el Departamento de Justicia y la DEA decidieron que era "inflamatoria" la carta.
Mientras tanto, en abril de 2004 el Departamento de Justicia decidió ofrecerle a Santillán una condena reducida sin cargos de homicidio a cambio de una declaración de culpabilidad de tráfico de drogas y una sentencia de 25 años de cárcel, la cual fue aceptada. Se determinó que todos los homicidios ocurrieron en México, realizados por mexicanos, contra mexicanos.
Con ello, Lalo ya no era útil para los estadunidenses y en agosto alguien intentó asesinarlo en El Paso, matando a un inocente en el ataque. Fue puesto en custodia protegida, pero en mayo de 2005, el gobierno estadunidense determinó que su visa no estaba en orden e inició un proceso de deportación en su contra, escribió The Observer. Su deportación sería una condena de muerte, consideró el diario y el propio Lalo, quien ahora está en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos luchando ante los tribunales con sus ex patrones. "Cada vez que hacía una tarea y les entregaba información, me felicitaban. Ahora quieren entregarme a mi muerte", declaró a través de su abogada a The Observer después de habérseles negado a última hora una entrevista con el detenido.
En una historia que ha sido casi completamente ignorada por los medios estadunidenses (con la excepción en parte del Dallas Morning News), el periódico inglés señala que los documentos legales en los casos que giran en torno a este episodio revelan que "la 'guerra contra las drogas' ha llegado a una nueva fase de cinismo y amoralidad, en donde la pérdida de vida humana ha perdido toda importancia especialmente si las víctimas son hispanas". El rotativo informa que todas las agencias estadunidenses y funcionarios inmiscuidos en este escándalo rehusaron comentar sobre el asunto al señalar que las demandas legales están en curso.