Editorial

Sumisión al Ejecutivo en San Lázaro

El 29 de agosto pasado los diputados de la coalición gobernante, formada por Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, se pusieron de acuerdo para que sus partidos acapararan los dos principales cargos en San Lázaro: las presidencias de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva. Al hacerlo, no sólo violentaron el sentido de pluralidad que debiera caracterizar a un cuerpo parlamentario, sino que pasaron por encima de un acuerdo legislativo, que establecía que la fuerza más numerosa ocuparía la primera de esas posiciones, en tanto que a la segunda bancada correspondería la mesa directiva. Los panistas querían poner a toda costa a uno de los suyos en este cargo, desde el cual habría debido responderse el mensaje que Vicente Fox finalmente no pronunció ante el Congreso, el primero de septiembre, y presidir la ceremonia de toma de protesta presidencial a Felipe Calderón. Con tal de obtener el apoyo de los priístas, accedieron a entregarles la Junta de Coordinación Política, aunque para ello ambas bancadas tuvieron que alterar al vapor, y sin ninguna vergüenza, la Ley Orgánica del Congreso.

Esa maniobra, orientada a marginar a los diputados de la entonces coalición Por el Bien de Todos, hoy Frente Amplio Progresista, culminó con la colocación del panista Jorge Zermeño al frente de la mesa directiva. Cuando tomó posesión del cargo, el agraciado prometió que se desempeñaría como "un presidente para los 500 diputados; no seré un presidente para una fracción o para un partido". La falsedad de su propósito pudo apreciarse en los días previos al pasado primero de diciembre, cuando Zermeño orquestó el cerco policial y militar al Palacio de San Lázaro, permitió que su bancada tomara la tribuna del salón de plenos, dejó entrar libremente a los efectivos del Estado Mayor Presidencial al interior del recinto y colaboró con ellos para permitir el ingreso de los presidentes saliente y entrante, sus correligionarios Vicente Fox y Felipe Calderón, y en vez de defender la soberanía del Congreso se desempeñó como un elemento más de los guardias presidenciales.

Ayer Zermeño pudo constatar en carne propia la solidez y la calidad de sus alianzas con la diputación priísta. Tras validar con su presencia los desfiguros y los atropellos de la toma de protesta de Calderón, ahora los legisladores del tricolor, ansiosos por obtener nuevas cuotas de poder, descubren la indignidad y las actitudes facciosas ­según palabras del coordinador de los priístas, Emilio Gamboa­ del aún presidente de la mesa directiva, y amagan con promover su remoción del cargo.

Independientemente de lo que ocurra con el diputado panista y del resultado de las maquinaciones que Gamboa realiza en su contra, las instancias del Legislativo no deben ser dirigidas con posturas tan abiertamente sumisas al Ejecutivo como las que ha sostenido Zermeño. La Cámara de Diputados debe recuperar su decoro y su autonomía frente al poder presidencial. Está claro que la bancada priísta ha decidido sumarse a la panista para respaldar a un presidente débil ­así lo corroboran los primeros actos autoritarios de este gobierno­, que acaba de asumir una institución profundamente desgastada y disminuida y que, para colmo, llega a ella con una credibilidad escasa y una legitimidad cuestionada. Pero la conformación de una coalición oficialista no debe traducirse en el sacrificio de la dignidad parlamentaria ni en la supeditación de los dirigentes legislativos al jefe del Ejecutivo, y menos a los designios del Estado Mayor Presidencial.