Es un adelanto del "clima" que imperará con Ramírez Acuña en Gobernación
"Mal presagio", la detención de Flavio Sosa, alertan defensores de derechos
La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos condenaron la detención de Flavio Sosa, dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), porque, explicaron, "esa acción no contribuye a resolver el conflicto. Es preocupante, y es una advertencia del clima que imperará con el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña".
El presidente de la Limeddh, Adrián Ramírez sostuvo que "esta acción del gobierno federal se llama traición y genera desconfianza en el sistema político mexicano. Esto es una advertencia del clima que imperará con Ramírez Acuña en Gobernación. Es un mal presagio".
El director del Centro Prodh, Luis Arturo Macías, dijo que la detención del dirigente de la APPO "es muy preocupante, porque se da en un contexto en el que no hay condiciones para el diálogo y puede incrementar el ambiente de tensión y violencia hacia el movimiento. Este acto no contribuye en nada a resolver el conflicto, sino que es más bien una acción inmediata, mediática, que busca responder a esta idea de primero el estado de derecho y la legalidad, y no atender las causas de fondo".
Para el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, la detención de Flavio Sosa "es una actualización de los viejos modelos del sistema político mexicano de usar la justicia como forma de presión en contra de los movimientos sociales: detienen a una parte de la dirigencia y obligan al movimiento a dedicar sus esfuerzos a la defensa de sus líderes, mientras el cumplimiento de sus demandas se pospone".
Esto, abundó Cortez, es muy lamentable, porque posterga de nueva cuenta la construcción de una respuesta a los problemas reales de Oaxaca, parece que se opta por debilitar a un movimiento social, y eso es indicativo de que el gobierno no quiere entrar a la búsqueda de una solución al tema.
Los tres dirigentes de organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, en entrevistas por separado, coincidieron en que "es muy preocupante que este vaya a ser el patrón que siga el gobierno de Felipe Calderón".
El presidente de la Limeddh destacó que "las organizaciones civiles valoramos las acciones que vamos a emprender, porque la detención del dirigente de la APPO y la violencia en Oaxaca deben atenderse de manera integral y no atizar más al conflicto".
Una de las acciones urgentes que ha emprendido la Limeddh, junto con otras organizaciones, es el llamado a los relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que realicen misiones de trabajo en México, en particular a Oaxaca. Se ha solicitado la presencia de los relatores de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, de independencia de jueces y del Comité contra la Tortura.
A su vez, Judith Galarza, de la Federación Latinoamericana de Familiares de Desaparecidos, expresó: "Pensábamos que nada más en Colombia se vivía un clima de represión con desaparecidos, ejecuciones, torturados y un cúmulo de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, constatamos que esto pasa también en México, y hay bastante preocupación porque ya tenemos denuncias de más de 20 desapariciones en Oaxaca. Por eso pedimos que el relator de desapariciones forzadas de la ONU realice una misión de trabajo a México".
Edgar Cortez, Adrián Ramírez y Santiago Aguirre, del área de defensa jurídica del Centro Prodh, coinciden en que "hay un cúmulo de violaciones a los derechos humanos que el gobierno federal debería estar investigando". Llamaron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, a que con sus atribuciones como ombudsman documente las violaciones que se han cometido. "No basta un pronunciamiento, sino acciones enérgicas de la CNDH. Nos está dejando solas como organizaciones en la defensa de los detenidos, de los torturados, de los desaparecidos y los lesionados."
Los agravios son numerosos: "la tortura está documentada, porque ahora no se tuvo el menor cuidado de ocultarla. Se aplica como escarmiento público y como una forma de infundir temor entre los integrantes del movimiento. Esto habla de la gravedad del fenómeno y de la impunidad a la que nos estamos enfrentando.
"Detenciones arbitrarias, porque no se les ha detenido en flagrancia ni con órdenes de aprehensión. Han sido sacados de sus domicilios y otros eran transeúntes; violaciones al debido proceso, porque no han permitido que abogados de confianza de los detenidos los asesoren en las declaraciones ministeriales; se ha violado la presunción de inocencia, porque sin haber pruebas individualizadas se les ha acusado con señalamientos genéricos, que tienen que ver con una supuesta participación en el movimiento."