Juárez y la Ley de Libertad de Cultos de 1860
La última fecha para celebrar el bicentenario de Benito Juárez acaba de cumplirse; se trata del 4 de diciembre, día en que se cumplieron 146 años de la promulgación de la Ley de Libertad de Cultos. El nuevo gobierno de Felipe Calderón dejó pasar la ocasión pare referirse a un hecho que modernizó a México y reconoció derechos obstinadamente negados por el conservadurismo mexicano, con la Iglesia católica a la cabeza.
Pero el olvido calderonista no debe sorprendernos. Simplemente siguió la misma tendencia que ejerció Vicente Fox. La administración foxista, en los hechos, desatendió el bicentenario de Juárez y a regañadientes creó una comisión encargada de conmemorar el segundo siglo del nacimiento del liberal oxaqueño, quien enfrentó al poder conservador que creó y mantuvo condiciones coloniales que devastaron a la nación mexicana.
Fox y Calderón, aquel de forma más rudimentaria que éste, desdeñan una gesta (la del liberalismo mexicano) porque son herederos de un bando ideológico que en el siglo XIX combatió a Juárez y la extraordinaria generación que le acompañó en la lid contra el dominio clerical.
La ley del 4 de diciembre fue la culminación de una serie de decretos juaristas que rompieron el control político, económico e ideológico de la Iglesia católica.
Es necesario recordar que Juárez enfrentó a un poder eclesiástico que contaba con enormes capacidades en todos los terrenos y que impedía el desarrollo del Estado porque lo controlaba mediante redes de complicidad y capacidades reales de veto a iniciativas del gobierno civil.
Las Leyes de Reforma, decretadas por Juárez, inician con la relativa a la nacionalización de los bienes del clero (12 de julio de 1859), continúan con la ley del matrimonio civil y la Ley Orgánica del Registro Civil (23 de julio y 28 de julio del mismo año, respectivamente). Pocos días después, el 31 de julio, se emite el decreto que establece el cese de toda intervención del clero en los cementerios y camposantos.
El 11 de agosto de 1859 el gobierno juarista decreta que los funcionarios públicos deben dejar de rendir pleitesía a los clérigos y fiestas católicas, ya que prohíbe la asistencia de aquéllos a las "funciones de la Iglesia". El 2 de febrero de 1861 quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia, todos vinculados al poder clerical. Finalmente, el 26 de febrero de 1863, Benito Juárez decreta la extinción de todas las comunidades religiosas.
Para comprender las medidas tomadas por el gobierno juarista es necesario situarse en las condiciones adversas que se ocuparon en crearle sus poderosos adversarios. La de Juárez no fue una gesta persecutoria en contra de una Iglesia católica débil y arrinconada. Fue una confrontación inevitable ante la decisión del poder conservador y clerical de combatir con todo a quien pretendía erigir un gobierno independiente de las directrices eclesiásticas. La Iglesia católica era un poder económico y político, y por supuesto religioso, que controlaba las vidas de los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte. Dejar fuera del análisis esta realidad significa perder de vista las dimensiones del adversario enfrentado por Juárez.
En México existió presencia de cristianos, pero no católico romanos, desde el siglo XVI. Ya varias veces lo he afirmado en este espacio, pero ahora lo reitero: hubo protestantes, pero no protestantismo, por la sencilla razón de que estaba tajantemente prohibido en la Colonia tener una religión distinta a la oficial, el catolicismo. Pocos años después de la consumación de la Independencia, ejerce su labor de distribuidor de la Biblia James Thomson, escocés enviado por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, pastor bautista quien inicia sus actividades en Buenos Aires, Argentina, en 1818 y llega a México en 1827.
Thomson realiza en Buenos Aires la primera reunión de carácter protestante el 19 de noviembre de 1820. Lo mismo hace en la capital mexicana y otras ciudades que visita durante los tres años de su primera estancia en nuestro país. A partir de entonces, y por diversos esfuerzos de nacionales y extranjeros, en distintas poblaciones se van conformando células cristianas evangélicas que de forma más o menos privada llevan a cabos sus reuniones.
La ley del 4 de diciembre de 1860 permite a las células mencionadas salir a la luz pública. Les reconoce la base legal para desarrollar sus actividades y abre la posibilidad de diversificar al país en cuanto a la elección de los ciudadanos de su identidad religiosa. Uno de los ataques conservadores a Juárez es que favoreció al protestantismo, en detrimento de la unidad religiosa católica. Incluso se cita reiteradamente lo que Justo Sierra asegura le confió Juárez: "Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios; éstos necesitan una religión que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos". Lo cierto es que el protestantismo ya estaba en desarrollo en México, aunque de forma incipiente, cuando Juárez decreta la libertad de cultos.
Por otro lado, sin lugar a dudas, la reforma jurídica juarista permitió ejercer un derecho negado por la Iglesia católica, que deseaba mantener cerrado al país a la pluralidad religiosa. El de Juárez fue un acto democratizador, que el conservadurismo católico no le perdona.