Política agropecuaria: más allá del presupuesto
Puras preocupaciones y ninguna esperanza es lo que arroja la conformación del gabinete agropecuario: algún seguidor del ultraderechista estadunidense Lyndon Larouche; otros, partidarios abiertos de los agronegocios. Así las cosas, la Sagarpa seguirá sectorizada dentro del Instituto Nacional de Migración, pues la principal exportación de nuestro campo seguirá siendo la mano de obra.
Por ligeros aumentos que pueda haber en el Programa Especial Concurrente, tal vez apenas para compensar la tasa inflacionaria, no hay señales de que las cosas vayan a cambiar para nuestro campo. El modelo vigente por 24 años se inserta en un sistema agroalimentario global que descansa sobre los pilares de bajos precios internacionales de los productos agrícolas, apertura de fronteras de los países en vías de desarrollo y altos subsidios a la exportación en los desarrollados.
En México el modelo ha sido muy rentable... para un puñado de empresas y las regiones agrícolas más prósperas del país. Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Jalisco concentran 52 por ciento de los subsidios a los granos. Empresas como Bachoco, Lala y Gruma concentran no sólo los subsidios, sino las importaciones baratas de granos, los créditos y los apoyos al aseguramiento. A pesar de esto, la producción per cápita de alimentos básicos no se estimula, pues los pequeños productores reciben cada vez menos por sus cosechas.
Lo importante ahora no es nada más incrementar el presupuesto al campo, en especial el de la Sagarpa que ha sido disminuido casi 10 por ciento. Las organizaciones campesinas tienen que ir mucho más allá e impulsar, desde abajo, un cambio sustancial en el modelo de agricultura, comercio y alimentación para el país. Hay circunstancias importantes a nivel mundial que deben preverse y aprovecharse.
En Estados Unidos se está transitando de un modelo agrícola basado en el fomento a las exportaciones al modelo de la economía con base en la bioenergía. De hecho, la producción de etanol a partir del maíz en el vecino país del norte se duplicó de 2001 a 2005 y se duplicará de nuevo en 2009. Con esto se está sustrayendo del mercado internacional un volumen muy considerable de la gramínea: al menos 40 millones de toneladas en 2006. (El consumo de México es de alrededor de 25 millones de toneladas.) Este hecho ya está encareciendo de manera muy significativa el maíz en los mercados internacionales.
El asunto no termina ahí: varias organizaciones de productores estadunidenses están presionando para que con los recursos ahorrados de los subsidios que han disminuido al aumentar el precio del maíz, se refuerce la investigación para el desarrollo comercial del etanol celulósico. Se trata de un energético que se produciría no sólo del maíz, sino incluso de los pastos, de la biomasa en general.
Esto debe preverse a corto, mediano y largo plazos: una visión estratégica y sustentable de nuestra agricultura, a la vez que de equidad y desarrollo. Visión que no está presente en el gobierno calderonista, también hipotecado con los agronegocios. Por eso toca a las organizaciones campesinas desarrollarla. Es necesario que a corto plazo piensen los campesinos y sus organizaciones qué van a hacer para desmantelar la enorme concentración de los subsidios vigente hasta ahora. Que elaboren también propuestas para estimular el cultivo del maíz ahora que se está encareciendo en el mercado internacional a la vez que contemplan cómo apoyar a los productores, sobre todo a los pequeños, para que el encarecimiento del maíz forrajero no redunde en carestía de carne y leche al consumidor final.
Pero han de pensar también estratégicamente, a largo plazo. De ahora en adelante habrá una fuerte relación entre la soberanía alimentaria y la soberanía energética. En México no podemos dejar de producir alimentos básicos para dedicarnos a producir bioenergía. Pero tampoco podemos quedarnos a la zaga y dejar de desarrollar alternativas de energía más sustentables que los combustibles fósiles. Si dejamos de pensar en ello, en un abrir y cerrar de ojos, las trasnacionales estarán en nuestro campo construyendo grandes plantas procesadoras de etanol. Hay que estudiar, investigar, a la vez que construimos nuestra soberanía alimentaria con base en la producción campesina, con base en ella misma, cómo vamos construyendo un sistema de producción de bioenergía diversificado, descentralizado, en el que los pequeños productores y sus comunidades den un aporte fundamental también para nuestra soberanía energética. Esto no lo va a hacer el calderonismo, pero sí pueden hacerlo las organizaciones campesinas y llevarlo adelante. Para ello sus grandes aliados son el gobierno legítimo que encabeza López Obrador y los legisladores del Frente Amplio Progresista.