Funcionarios se comprometen a estar en contacto con líderes de la organización

Condiciona Gobernación apoyo a la marcha de la APPO mañana en Oaxaca

Denuncia ONG violaciones a los derechos humanos de los detenidos en penal de Nayarit

FABIOLA MARTINEZ

La Secretaría de Gobernación (SG) dio ayer garantías a la comisión negociadora de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para la realización de la marcha de mañana (domingo) en la capital de aquella entidad, movilización convocada para exigir la inmediata liberación de todos los "presos políticos, cese a la represión" y la salida del gobernador Ulises Ruiz.

A cambio, la dependencia que encabeza Francisco Ramírez Acuña solicitó que los participantes de la movilización no porten pasamontañas ni utilicen bombas molotov, a fin de evitar un nuevo choque con los elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) que se encuentran en la capital oaxaqueña desde el 29 de octubre pasado.

Además ­agregaron fuentes consultadas­ los funcionarios de Gobernación se comprometieron a estar este domingo en permanente comunicación con los dirigentes de la APPO, para evitar hechos como los del 25 de noviembre, cuando tras un choque con la PFP fueron detenidos al menos 215 integrantes y simpatizantes de este movimiento popular, de acuerdo con los registros de la propia asamblea y de organismos defensores de derechos humanos.

Ayer se realizó la segunda reunión entre funcionarios de la SG ­correspondiente a la administración calderonista­ y una pequeña comisión de la APPO, integrada por Zenén Bravo, Erangelio Mendoza y Gilberto Hernández, acompañados por integrantes de Serapaz, que encabeza el obispo emérito Samuel Ruiz, así como Yésica Sánchez, de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).

En el encuentro se dio lectura, ante el titular de la Unidad de Gobierno de la SG, Mario Escárcega, a testimonios de casi un centenar de presos, sobre casos de violación a los derechos humanos, además de presuntas irregularidades administrativas y jurídicas con base en los cuales fincaron delitos graves (secuestro y sedición, entre otros) a integrantes de la APPO.

Están documentados ­precisó Zenén Bravo­ juicios a indígenas sin el auxilio de un traductor o defensor, testimonios de golpizas que derivaron en pómulos, cabezas, brazos y dedos rotos, privación ilegal de la libertad de personas que no participaron en el enfrentamiento, algunas de las cuales fueron trasladadas al lugar del incendio y ahí se les fotografió, a otras se les detuvo en la región mixteca, cuando se trasladaban a sus lugares de origen.

"A muchos se les amenazó con ser arrojados de los helicópteros; hubo manoseo de mujeres; a todos los detenidos los raparon (hombres y mujeres); los han tratado como a prisioneros de guerra", dijo Bravo, respecto de muchos de los detenidos en un penal de Nayarit.

Entre los detenidos hay colaboradores de medios de comunicación independientes, un presidente municipal, un topil, estudiantes becados, mujeres profesionistas, "gente que está totalmente fuera de lo que se les acusa".

Por ello, los representantes de la APPO exigieron garantías para la realización de la marcha del domingo, al considerar que en la anterior movilización, el pasado 25 de noviembre, "caímos en una trampa" del gobernador Ruiz.

Gobernación fijó una nueva cita para el próximo martes, en la cual se detallarán la fecha y puntos de agenda para un encuentro con Ramírez Acuña, a realizarse posiblemente en el transcurso de la semana entrante, así como la promesa gubernamental para investigar y responder cada una de las denuncias de presunta violación a los derechos humanos de las personas detenidas en diversos penales de jurisdicción federal y estatal.

Los representantes de la APPO insistieron ante el gobierno federal en llegar a "una salida política a un problema político", cuyo origen se remonta a la miseria y corrupción prevalecientes en la mayor parte de Oaxaca.

"Para reconstruir las relaciones sociales en Oaxaca debe haber una reconciliación y adoptarse medidas políticas como la liberación de compañeros, quienes justamente, como se establece en la Declaración de los Derechos del Hombre, tienen derecho a pelear por esa libertad que consideran violada", expresó Bravo.

La garantía gubernamental para el ejercicio de derechos fundamentales sólo fue una expresión verbal, aunque Bravo, Mendoza y Hernández concedieron el beneficio de la duda al nuevo responsable de la política interna.

"Si este gobierno quiere dar signos de avanzar por la vía democrática, no de la represión, no debe haber más detenciones. La marcha convocada es para exigir la liberación de nuestros compañeros y por la salida de Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca. El pueblo no puede estar bajo terror, bajo un estado de sitio", declaró al término del encuentro Erangelio Mendoza, ex líder del magisterio oaxaqueño e integrante de la comisión de organización de la dirigencia de la APPO.

Compromiso con la vía política

En el documento entregado a la dependencia, la APPO reitera como planteamiento central su compromiso de encontrar una salida "pacífica, política y dialogada" al conflicto; de igual forma, aclara que la APPO es un movimiento "legítimo, unitario y no partidista, respaldado por una amplia diversidad de organizaciones y de movimientos".

A pesar de los seis meses de conflicto, cuyo saldo ronda más de diez muertos (la mayoría integrantes o simpatizantes de la APPO) y la detención de 215 personas, así como la presencia de la PFP en la capital oaxaqueña, la APPO persiste en su demanda principal que ayer reiteró ante los enviados del secretario Ramírez Acuña:

"Destitución de Ulises Ruiz como gobernador de Oaxaca", toda vez que ante la naturaleza del conflicto, "ingobernabilidad real y riesgo de violencia social, la única alternativa es la salida del mandatario estatal", para quien piden castigo por la comisión de delitos de lesa humanidad, el cese inmediato de la represión en todas sus formas, salida de la PFP y que la PGR atraiga los casos de los asesinatos y tortura de oaxaqueños.

En el documento exigen la cancelación de órdenes de aprehensión, cese a las detenciones y allanamientos de morada contra simpatizantes de este movimiento, así como garantías a los integrantes del magisterio oaxaqueño y para los miembros de la comisión única de negociación de la APPO.

Este último punto toma relevancia porque un día antes de acudir a Gobernación, para la realización del primer encuentro con funcionarios de la presente administración, uno de los dirigentes más visibles de la APPO, Flavio Sosa, fue ingresado a un penal federal.