Decomisa armas para determinar que no hayan sido utilizadas en homicidios
Catea la PFP la procuraduría de Oaxaca; captura a cinco judiciales
Aprehenden a policía ministerial que traía una pistola supuestamente robada por la APPO
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Agentes de la AFI, tres peritos y tres agentes del Ministerio Público también participaron en el operativo
Foto: Ezequiel Leyva
Oaxaca, Oax., 8 de diciembre. Dos horas y media después de la comparecencia ante diputados de la procuradora de Justicia de Oaxaca, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, la Policía Federal Preventiva (PFP) realizó un operativo en las instalaciones de la dependencia, durante el cual detuvo a cinco agentes y aseguró armamento.
La acción tuvo como finalidad incautar armas de la policía ministerial, con el propósito de detectar si alguna ha sido utilizada en hechos vandálicos o en alguna agresión contra el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
"El gobierno federal no va a permitir actos vandálicos de particulares y menos de malos funcionarios que, aprovechando su cargo, cometan algún atropello", aseveró el jefe del Estado Mayor de la PFP, Ardelio Vargas Fosado.
El funcionario, quien encabezó el operativo, anunció que la PFP desarrollará operaciones similares en todas las corporaciones estatales y en la policía municipal de la ciudad de Oaxaca. "Esto apenas es el comienzo", advirtió.
El operativo, en el que también participaron elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y del Ejército Mexicano, comenzó alrededor de las 16:20 horas en la sede de la procuraduría, ubicada en San Antonio de la Cal, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca.
Después se extendió a las instalaciones de la Unidad Ministerial de Intervención Táctica y de las Fuerzas Especiales de Alto Rendimiento, ubicadas en los municipios conurbados de San Agustín de las Juntas y Animas Trujano, respectivamente.
En la sede de la procuraduría fueron detenidos el director de criminalística, Miguel Angel Vizarratea, y cuatro agentes de la policía ministerial, por posesión de vehículos con reporte de robo y portación de arma de fuego sin licencia.
El vehículo que tenía en su poder Vizarratea, de acuerdo con personal de la dependencia que pidió no ser identificado, no era de su propiedad, sino del director de Servicios Periciales, Romeo Ruiz García, familiar del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Mientras tanto, a Jerónimo Sierra, uno de los efectivos de la policía ministerial, se le encontró un arma que había sido reportada como desaparecida, luego que supuestamente fue robada de esas instalaciones por miembros de la APPO.
La PGR podría atraer las investigaciones, informa Vargas Fosado
Vargas Fosado indicó que la Procuraduría General de la República podría atraer las investigaciones, si se comprueba la responsabilidad de personal de la procuraduría oaxaqueña o de la policía ministerial, inclusive de funcionarios de alto nivel, en los hechos vandálicos y en las agresiones contra el movimiento magisterial y popular.
Horas antes, durante su comparecencia en el Congreso, la procuradora Caña Cadeza informó que son siete las personas fallecidas y 284 las detenidas en flagrancia durante el conflicto en la entidad.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Guillermo Zavaleta Rojas, rechazó esa cifra y la calificó de "burla", porque, dijo, 21 personas han fallecido hasta ahora.
A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el perredista Lenin López Nelio, destacó que la exposición de la procuradora fue un ejercicio de retórica y autocomplacencia, y en nombre de su bancada pidió a Caña Cadeza renunciar.
Sin embargo, la intervención del diputado fue interrumpida por uno de los invitados de la funcionaria, el presidente municipal de San Francisco Lachigoló, el priísta Doroteo García, lo cual motivó que las fracciones del PAN y del PRD abandonaran la sesión.
En tanto, el secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Enrique Rueda Pacheco, demandó al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, instalar una mesa de diálogo, ante las órdenes de aprehensión libradas contra él y otros dirigentes.
Rueda Pacheco aseguró que el magisterio oaxaqueño convino "una minuta de acuerdo" con el anterior secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, para iniciar el ciclo escolar 2006-2007 a cambio de la cancelación de las órdenes de aprehensión.
Cabe recordar que existen 35 órdenes de aprehensión contra 35 integrantes de la APPO, entre ellos Enrique Rueda Pacheco. Ello se conoció durante las audiencias en las que jueces del estado de México pretendieron tomar declaración a Flavio Sosa Villavicencia, integrante del consejo estatal de la asamblea, relacionadas con cinco causas penales que se desahogan en el penal federal de Almoloya de Juárez, ahora conocido como del Altiplano.
En Nayarit, donde se encuentran recluidas 138 personas por el conflicto oaxaqueño, el Congreso del estado solicitó al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al subsecretario de Readaptación Social, José Luis Lagunes López, el retorno de esos presos a Oaxaca.
El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la legislatura nayarita, Lucas Vallarta Chan, dijo que no hay nada que justifique la permanencia de dichos reclusos en un penal tan alejado de sus lugares de origen. (Con información de Jesús Narváez Robles, corresponsal)