Denuncian torturas, aprehensiones ilegales y otras violaciones en esa entidad

Apremian a enviar a Oaxaca relatores para los derechos humanos de la ONU

EMIR OLIVARES ALONSO

Familiares de personas detenidas durante el conflicto en Oaxaca solicitaron a la titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, enviar relatores a la entidad sureña para que constaten "las violaciones a las garantías fundamentales" en que ha incurrido el Estado mexicano a más de seis meses de iniciado el problema en esa ciudad.

Denunciaron que durante el conflicto entre la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el gobernador Ulises Ruiz, 500 personas han pisado la cárcel, de las cuales más de 200 aún están detenidas bajo diversos cargos; 122 han resultado heridas de consideración, 64 de ellas por arma de fuego, y 52 requirieron hospitalización urgente. Existe, además, un saldo de 15 muertos y cientos de torturados.

Desde las nueve de la mañana, varios familiares de detenidos se dieron cita ayer en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México, donde entregaron un oficio dirigido a Arbour, en el cual piden la "intervención urgente" del organismo internacional "para lograr la protección de la integridad personal de los habitantes, visitantes, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que se encuentran en Oaxaca".

Los manifestantes solicitaron a Arbour la presencia de los siguientes relatores especiales de la ONU: el de la tortura; el de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias; el de defensores de los derechos humanos, y del de independencia de jueces y magistrados. También invitaron a los grupos de trabajo de detenciones arbitrarias y al de desapariciones forzadas, además del Comité contra la Tortura.

Una comisión de los denunciantes fue recibida por el director regional del centro de información de la ONU en México, Paul Hoefel, quien les explicó que, debido a que la cancillería mexicana es la instancia que autorizaría la entrada del grupo de trabajo de Naciones Unidas, se valorará la posibilidad de enviar la solicitud a esa dependencia federal.

Durante el gobierno de Vicente Fox los relatores y observadores internacionales podían ingresar al país de manera permanente; sin embargo, aún se desconoce la política que mantendrá la administración calderonista, por lo que también los denunciantes solicitarán a la cancillería la entrada de los relatores.

Asimismo, les recordó que tanto el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Unicef y ese Alto Comisionado han expresado su preocupación por los acontecimientos en Oaxaca.

Hoefel se comprometió ante la comisión de familiares de detenidos que hará llegar su petición a Arbour, al igual que al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Luis Alfonso de Alba, para que ambos analicen la problemática en esa entidad y la de los presos.

En conferencia de prensa antes de ingresar junto con la comisión de familiares a la sede de la ONU, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, informó que desde que inicio del conflicto en Oaxaca 500 personas sido detenidas, de las cuales más 200 continúan presas; de éstas "80 por ciento no tienen ningún vinculo con la APPO, lo que demuestra una defraudación del sistema de justicia al culpar a personas de delitos fabricados tratando de aparentar una eficacia que no existe". De quienes aún permanecen detenidos, 34 son mujeres y tres menores de edad.

Los manifestantes expresaron que en Oaxaca se han impuesto los derechos de Estado por encima de los individuales, y se ha torturado, detenido ilegalmente, se siguen procesos judiciales contra personas inocentes y "algunos testimonios" refieren que se han cometido abusos sexuales tanto contra mujeres como hombres.