Los de Abajo
Cemex y paramilitares
En Ciudad Bolívar, Colombia, confluyen aproximadamente 2 millones de personas, la mayoría en pobreza y pobreza extrema; y la riqueza del subsuelo destinada a la explotación de las trasnacionales, entre ellas la empresa Cementos Mexicanos (Cemex), implicada, de acuerdo con Francisco Ramírez Cuéllar, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Estatal Minera (Sintraminercol), en la conformación de bandas paramilitares que mantienen el terror entre la comunidad y entre todo aquel que se opone al "progreso", es decir, al saqueo.
Los de abajo, los condenados de la tierra, sobreviven en esta región en condiciones ínfimas. Ciudad Bolívar es la zona con más habitantes por kilómetro cuadrado de Colombia. Aquí cada casa es habitada en promedio por entre 7 y 9 personas, de las cuales cerca de 50 por ciento son niños menores de 14 años, 10 de los cuales en promedio mueren diariamente de hambre, desnutrición o falta de atención medica.
A la pobreza, que implica la falta de servicios públicos, altos índices de analfabetismo, precarias condiciones de salud y altos riesgos en las casas asentadas a un lado de las minas, hay que sumarle "la macabra estrategia de saqueo de recursos naturales que algunos gobiernos de países industrializados, sus multinacionales, funcionarios y miembros de establecimiento colombiano, aplican a nuestra nación, produciendo gravísimas violaciones y abusos a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los pobladores de zonas de minería y energía en Colombia", advierte Ramírez.
El dirigente sindical y defensor de los derechos humanos colombiano señala que Ciudad Bolívar tiene en su subsuelo una de las reservas más grandes del país en materiales de construcción. De esta zona, indica, "se sacan todos los materiales para el desarrollo de la infraestructura vial de una ciudad de siete millones de habitantes..."
Hasta aquí llegaron desde hace más de dos décadas los tentáculos de las multinacionales Cemex (Cementos Mexicanos), Holcim (Cementera Suiza), Ladrillera Santafe, de la familia del ex presidente Andrés Pastrana, y Cementos Argos, del Grupo Empresarial Antioqueño, dispuestas a comprar las canteras a sus propietarios, pues ya se había planificado para Bogotá una inmensa infraestructura vial que utilizaría estos materiales. Después de algunas "jugadas", denuncia Francisco Ramírez, "hoy esas compañías tienen ganancias de más de 200 por ciento, mientras que los pobladores ven no sólo cómo se les condena a la miseria y al desamparo, sino también a las más graves violaciones a sus derechos humanos".
Fue en 2000, denuncia Ramírez, cuando bandas militares-paramilitares, en alianza con la policía, iniciaron las llamadas "limpiezas sociales", asesinando indigentes, prostitutas, expendedores de drogas, homosexuales, raponeros, etcétera; para luego continuar con el asesinato de dirigentes sociales, comunales, sindicales, estudiantiles, defensores de derechos humanos y desplazados, es decir todo aquel que de alguna manera significara una amenaza al "desarrollo" y, por supuesto, "al proyecto de expansión minera".