La población al último
Los fines de año se aprovechan para la toma de decisiones y ajustes dolorosos a la población; así se percibe en un conjunto de indicadores que pasan por la suerte del salario, el empleo, las críticas de los organismos internacionales, las prioridades en el presupuesto que se discute en el seno del Congreso y, por si fuera poco, la impresionante denuncia del periodista José Gutiérrez Vivó que pone el acento en un tema clave para la vida democrática de nuestro país: la libertad de expresión. Este panorama nos demuestra que hay una constante lucha de intereses de gran importancia para nuestro futuro.
Impresionan las caras largas de los hombres y mujeres que carecen de empleo estable y salario digno, víctimas del embate consumista de estos días, que sólo incrementa su enojo y desesperación; asimismo, el ejército de desempleados engrosado por la dureza del cambio gubernamental sexenal, que incluye a los trabajadores de honorarios que nunca conocieron la seguridad social, los subcontratados con salarios de hambre que ignoran quién es su verdadero patrón, o los empleados de confianza, quienes saben que precisamente de eso carecen, confianza; de la noche a la mañana miles son puestos en la calle por la llegada de los nuevos gobernantes ansiosos de cumplir sus compromisos de campaña.
En estas fechas, la representación patronal ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) amenaza con una propuesta de incremento salarial del orden de 4 por ciento, con el argumento de que cualquier diferencia adicional "pondría en riesgo la inversión y la competitividad, generaría inflación galopante y más desempleo", frases repetidas hasta el cansancio por los abogados patronales que usufructúan la representación empresarial en beneficio propio. Por su parte, los llamados representantes obreros piden un incremento de 8 por ciento, aunque bien sabemos, al final de la negociación se alinearán a la decisión que tome el sector gubernamental, firmando, como siempre, bajo protesta, y quejándose de que los mayoritearon. Seguramente, esa noche cenarán todos juntos muy contentos.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer un importante estudio denominado Panorama laboral 2006 de América Latina y el Caribe. Atendiendo a los datos en el capítulo mexicano, exhibe claramente las malas cuentas de la administración foxista. La información reproducida por Patricia Muñoz Ríos en estas páginas (La Jornada, 7/12/06) hace evidente que en el periodo 2000-2006 los salarios reales no mejoraron; la continua degradación en la calidad de vida de nuestra población; el incremento del desempleo abierto en más de un tercio al pasar de 3.4 a 4.6 por ciento, la ascendente tasa de jóvenes sin trabajo en 80 por ciento al transitar de 5.3 a 9.5 puntos porcentuales, y el desmedido crecimiento de la economía informal otorgándonos el penoso primer lugar en esta materia en América Latina. El supuesto crecimiento económico no se reflejó en bienestar de la población, y lo que es peor, en la senda que caminamos se vaticinan efectos futuros aún más negativos.
El informe de la OIT se da a conocer una semana después de que los economistas en jefe del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajan y del Banco Mundial, Francois Bourguignon, advirtieron durante su intervención en la conferencia internacional Equidad y competencia para un mayor crecimiento en México sobre los riesgos de la creciente inequidad en nuestro país, recomendando una mejora en los ingresos de la población y una política de reducción de los privilegios que usufructúa un reducido sector de la misma. Bourguignon insistió en la tesis que sostienen numerosos expertos desde hace años: lo esencial es poner en el centro de la política el bienestar de la población; la mejora en los ingresos, como parte de una estrategia económica sustentable; transitar hacia la solución de nuestros problemas estructurales como la inseguridad, informalidad, insalubridad, bajo nivel educativo, migración, reducida captación fiscal y, en general, pobreza creciente en sus diferentes niveles, y en este contexto aumentar la competitividad de nuestro país. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha sido descalificar tales planteamientos como excesivamente academicistas o estatistas, propios del pasado. ¿Qué dirán ahora los gobernantes al ser objeto de crítica por parte de los organismos internacionales que ellos mismos citaban frecuentemente como fuente de orientación?
La Jornada Nacional por la Restitución del Salario y el Empleo, emprendida por un numeroso grupo de organizaciones, ha exhibido en diferentes foros los mitos en los que se viene sustentado el modelo económico vigente para justificar su política salarial. En ellos se ha planteado de forma consistente la falsedad de los argumentos que sostienen la bondad de la contención salarial para mejorar la competitividad de las exportaciones, atraer inversión extranjera o disminuir la inflación. Por ejemplo, se ha demostrado que la situación de las diferentes ramas económicas es distinta, por lo que existen sectores que mejorando el salario a sus trabajadores no afectarían sensiblemente sus precios; o bien que una adecuada reforma fiscal y hacendaria podría favorecer una redistribución que no fuese cargada al consumidor.
La productividad es un reclamo permanente del empresariado, pero cuando ésta se mejora, como ha sucedido en los últimos años en un conjunto de sectores, no se refleja en incrementos salariales, pues las empresas se acogen al tope o límite que de manera general imponen las autoridades laborales. Así, estos foros sociales han concluido en la necesidad de una concertación de carácter nacional con participación activa del propio Estado, para una mejora salarial real y un compromiso productivo por rama de industria y región.
No cabe duda, necesitamos otra lógica de intereses, una manera distinta de relacionarnos, nuevas instituciones que pongan en el centro lo que se ha dejado al final: el interés de la gente.